El Observatorio Europeo del Consumo y el Cultivo del Cannabis presenta un prolijo texto que establece en diez gramos el límite diario de consumo con fines terapéuticos
La propuesta incluye tres vías de acceso al cannabis psicoactivo, siempre con receta: el autocultivo, las asociaciones de consumidores y las farmacias

Es un primer elemento sobre el que trabajar, un documento al que aportar ideas. Pero quizá se haya plantado la primera semilla hacia una regulación del cannabis con fines terapéuticos en España.

Tras reunirse con casi todos los partidos políticos (no lo hicieron con Vox, por ejemplo, porque en ese momento no tenía representación parlamentaria), el Observatorio Europeo del Consumo y el Cultivo del Cannabis ha elaborado un texto con el fin de avanzar hacia una legalización del consumo de marihuana con fines médicos. Junto al OECCC, asociaciones de clubes cannábicos como CatFac, FEDCAC, ONGs como la chilena Fundación Daya o FAAAT Archive y asociaciones de usuarios como UPRC respaldan la propuesta.

La propuesta de regulación, que recoge elementos de las diferentes legislaciones que hay por el mundo, incluye diferentes vías de acceso a la marihuana, incluyendo el autocultivo, fija en 10 gramos la cantidad diaria de referencia para establecer máximos, permite el consumo en la calle a usuarios terapéuticos, distingue entre cannabis y productos psicoactivos y cannabis no psicoactivo y pone especial énfasis en la transparencia de los procesos. También propone crear un Instituto Español de Cannabis Medicinal para fiscalizar todo lo relativo a la planta.

El texto arranca recordando que la iniciativa ya cuenta con el apoyo social: el 84% de los españoles encuestados por el CIS está a favor de la regulación del cannabis medicinal. También recuerda el Observatorio que hay efectos médicos del cannabis ya demostrados, conocidos y “muy eficaces”, y señala el fracaso de la política prohibicionista, tanto que países como EEUU, impulsores de la prohibición, han dado marcha atrás.

“Queríamos adelantarnos y proponer una regulación centrada en el usuario”, explica Francisco Azorín, abogado, miembro del Consejo Técnico y uno de los portavoces del Observatorio, antes de que la propuesta llegara por otras vías, explica en alusión a las grandes farmacéuticas, que saben el negocio que esconde la marihuana. El objetivo ideal de la iniciativa es una regulación integral, explican desde el Observatorio, pero las reuniones con los partidos políticos les hicieron bajar a la real politik: paso a paso.

Porque, añade Azorín, desde el Observatorio están seguros de que la legislación va a llegar antes o después, sobre todo con la resaca de la ola europea de legalizaciones que presumiblemente va a ocurrir. También es cierto que cualquier activista informado habría hecho esta afirmación hace tres o cuatro años y nada ha cambiado, pero ahora, aseguran, es la buena.

Con el cannabis con uso medicinal ya regulado en media Europa, Luxemburgo está cerca de la regulación integral, y es probable que le sigan los Países Bajos y Holanda, quizá Alemania y Francia. El Gobierno portugués ya lo tenía en su programa y es presumible que, habiendo sido reelegido, siga adelante. ¿Qué va a hacer España, en este escenario hipotético? ¿Quedarse como un reino independiente a contracorriente?, se preguntan los activistas.

Pero el panorama no es muy halagüeño para los activistas, pese al optimismo. En una reciente entrevista con este diario, la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, evitó responder si abriría el debate y se limitó a señalar que ya existen algunos medicamentos derivados de los cannabinoides (que actualmente son muy caros y a muchos pacientes no les funcionan, según explican ellos mismos).

Tres vías de acceso

El redactado propuesto es prolijo. El texto cuenta 123 artículos, seis disposiciones adicionales y cuatro finales. Lo primero que hace es aclarar que el consumo de cannabis psicoactivo está limitado a los usuarios terapéuticos, y para entrar en esta categoría y por tanto tener acceso a la marihuana habrá que estar bajo supervisión médica.

Pero van un poco más allá y también abren la puerta a que cualquier persona consuma cultive y consuma cannabis mientras se considere no psicoactivo. La diferencia entre uno y otros –aparte de los efectos– está en la concentración de THC que tenga (el THC es el principal componente psicoactivo de la planta y el CBD el que más propiedades médicas conocidas tiene). Por debajo del 0,2% de THC se considera que el cannabis no es psicoactivo, según la OMS, porcentaje que la propuesta de legislación recoge. Pero aquí el Observatorio introduce otra salvedad para que se considere un cannabis “no psicoactivo”: que tenga más CBD que THC, cuando esto podría implicar altas dosis de ambos.

A partir de aquí, el texto propone tres vías de acceso al cannabis: el autocultivo, la pertenencia a los clubes sociales de consumidores –específicamente medicinales– y la venta en farmacias.

Por la primera vía, el Observatorio propone permitir “el cultivo y la cosecha de cannabis psicoactivo sin licencia a aquellas personas que, con receta médica, realizan tratamientos con cannabis”, se lee en el texto. Esto es, sin necesidad de registrarse ante la administración como ocurre por ejemplo en Uruguay, donde los usuarios se han quejado de este método, que les hace estar fichados ante el Estado como productores y consumidores en caso de un cambio en la ley. Se establece un límite de producción particular de 3.650 gramos anuales (diez al día), ampliable para supuestos concretos. Esta cantidad es el equivalente, según el texto, a 15 plantas en exterior o un espacio de tres metros cuadrados en interior.

En la actualidad, el autocultivo de cannabis se mueve en una zona de grises en el marco legal. No está prohibido, no está regulado. Hasta un límite que no está especificado en ningún sitio se considera que es para consumo propio y se permite. Superado ese límite (en manos del juez queda establecer dónde está) pasa a ser tráfico.

La segunda vía de acceso sería la pertenencia a asociaciones de cannabis medicinal. Los clubes de consumidores ya existen, aprovechando el mismo vacío legal que ampara el autocultivo. Pero, como no están regulados, no tienen filtros para ser socio. La ley propone crear clubes para pacientes medicinales con receta o peritaje médico, de manera que se puedan abastecer de cannabis si no tienen otra vía.

Por último, se propone la venta tanto de cannabis como de productos derivados de la planta en farmacias, siguiendo la mayoría de modelos regulatorios del cannabis medicinal en Europa.

Transporte y consumo en la calle

El texto también aborda otro de los problemas recurrentes que se encuentran los consumidores de cannabis, la tenencia y transporte de la droga por la calle. Se fija en diez veces la cantidad necesaria para consumo diario (100 gramos en total) permitida para su transporte, siempre oculto “y sin hacer ostentación”.

Otro de los elementos que más rompen con la situación actual es que se permitiría el consumo en la calle. De nuevo, es para los enfermos con receta y sería bajo los mismos supuestos que permite la Ley del Tabaco. Pero se introduce otra novedad: se permitiría el consumo de cannabis no psicoactivo a usuarios no enfermos.

Por último, la propuesta de regulación incluye la creación de un Instituto Español de Cannabis Medicinal, que se encargaría de todo lo relativo a la planta, desde promover la investigación científica hasta la concesión de licencias. Este último apartado preocupa especialmente al Observatorio.

La actual política de licencias está dominada actualmente por el oscurantismo: de vez en cuando el Gobierno informa de las licencias que ha concedido para plantar cannabis para exportar (por aquello de que en España está prohibida su venta), pero nada más. No se conocen los criterios de selección de propuestas (la inmensa mayoría son rechazadas) ni el estado de las plantaciones, y el Observatorio propone instaurar un sistema basado en la transparencia.

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