Un grupo de trabajo de Unidas Podemos está preparando una ley con el objetivo de regularizar el cannabis.

Sus promotores quieren tenerla lista cuanto antes para comenzar a debatirla y negociarla con el resto de grupos parlamentarios. Aunque no se marcan plazos, desde la dirección de su grupo parlamentario entienden, en línea con los socialistas, que el actual contexto no es el más idóneo y la sitúan en el horizonte de la segunda mitad de la legislatura. Desde el PSOE, descartan directamente que se trate de una prioridad, que además no está recogida en el programa de gobierno.

Más allá de los plazos, las diferencias de partida son profundas respecto a este proyecto legislativo. Los morados pretenden que la regulación sea integral, como ya defendieron en la anterior legislatura, y los socialistas se inclinan por debatir solamente sobre las posibilidades de su uso terapéutico, como han dado a entender ya recientemente en una respuesta parlamentaria al PNV en la que subrayaban la necesidad de realizar previamente ensayos clínicos para determinar los riesgos para la salud.

“Están por cerrar algunos flecos en el borrador del proyecto de ley y luego comenzaríamos con la ronda de negociaciones con los grupos, que sabemos que están abiertos al diálogo”, explica la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz, portavoz en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, donde se pretenden encajar los primeros pasos de este debate. Su posición es firme y defiende la regulación integral frente a la medicinal: “Nos parece que no necesitamos tanto un nuevo reto para la Sanidad sino un reto de país, con un debate que debe darse en un marco amplio, contemplando el impacto económico que tendría la regulación integral, además de atender a las necesidades de los usuarios del cannabis medicinal”.

El apoyo del PSOE a la regulación integral, como en Canadá, aunque Sánchez replicó en su reciente visita a este país: “Tengo ya suficientes problemas, y ahí me quedo”

Según Muñoz, entre las prioridades, se encuentra el uso recreativo en adultos, el uso medicinal, dotar de vías de acceso para el autocultivo y regular el mercado a través de un sistema de licencias y puntos de venta.

La recaudación estimada para el Estado se cifra por encima de los 1.000 millones de euros. A ello, hay que sumar los gastos asociados a la política prohibicionista. Unas cifras aproximativas, basadas en otros países donde la marihuana es legal. El impacto en el mundo rural de la legalización es otro de los beneficios que se derivarían de esta legislación. Se defiende por otra parte, respecto a la prevención de los socialistas de realizar previamente ensayos clínicos, que existen evidencias científicas de que el cannabis posee propiedades paliativas para determinadas patologías graves, y solo a través de la regulación se puede garantizar al paciente acceso a un tratamiento médico que mejore sus condiciones de vida.

El marco regulatorio establecido en Canadá es uno de los espejos en los que se están mirando. El anterior proyecto de ley de Unidas Podemos, que no llegó a ver la luz al decaer la legislatura por la convocatoria anticipada de elecciones, buscaba legalizar la venta y el consumo, no solo medicinal sino también recreativo. Según los borradores, el acceso a esta sustancia se haría vía licencias y control estatal de las mismas. Licencias tanto para la producción como para la distribución y la venta, pero no para los consumidores, como sí ocurre por ejemplo en Uruguay a través de un sistema de registro de usuarios.

Se contemplaba acompañar la legalización de una política punitiva “contundente” para quien incumpla la legislación, principalmente si se vende a menores. Los locales de venta en el circuito legal que se saltasen las normas establecidas en la ley tendrían como castigo inmediato la retirada de la licencia. Desde Unidas Podemos, se fijaban asimismo en los resultados que estas medidas han tenido en EEUU para concluir que la mayoría de puntos de venta no se arriesgaría a perder la licencia por vender a menores, lo que dificultaría el acceso de estos al cannabis.

Estos trabajos previos están sirviendo para la elaboración de la nueva propuesta, aunque Muñoz insiste en que ahora se pretende dar un mayor peso a las asociaciones y colectivos que están trabajando en el campo de la autorregulación. De ahí que los plazos para sacar adelante la ley dependan en buena medida “del trabajo realizado con la sociedad civil, la militancia y los ritmos de la actualidad”. Al margen de ello, insiste en la determinación y su optimismo de que puedan empujar hacia una regulación integral: “Si echas la vista atrás, se han hecho realidad cuestiones que parecían imposibles. Nosotros no vamos a cejar en nuestro trabajo para que así sea”.

Ciudadanos ya registró en febrero de 2017 una proposición no de ley en el Congreso para regular el uso medicinal de esta sustancia y en su último programa electoral volvió a recoger la regulación del cannabis terapéutico. Una posición en la que se encuentran también JxCAT y PNV, mientras que ERC y Unidas Podemos apuestan por la despenalización también del uso recreativo.

La desaparición del mercado negro era otra de las consecuencias que se destacaban como valor preventivo en el texto que está sirviendo como base para esta nueva iniciativa legislativa. Todo ello iría acompañado, además, de programas de prevención y educación con base en la información para el control de riesgos. La publicidad y el consumo en la calle estarían prohibidos por ley. La regulación integral se asocia asimismo a un avance en la lucha contra el tráfico y la criminalidad ligada a este fenómeno.

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