Desde que en la década de los años setenta del siglo pasado se empezó a hablar de la “revolución verde” es evidente de que algo está cambiado en la agricultura. De hecho, son cada vez más los agricultores que apuestan por la producción ecológica, gobiernos que redactan normativas para obtener en sus respectivas naciones unos cultivos sin residuos, consumidores que exigen alimentos más sanos y que se obtengan sin contaminar el medio ambiente. En toda Europa el pensamiento ecológico cobra mayor fuerza día a día y las organizaciones agrarias se alinean con estas nuevas corrientes, siempre y cuando se exijan las mismas normas para todos los países.

Texto Víctor Bataller Gómez (www.trabe.info)

 

Las empresas realizan un mayor esfuerzo para que los productos que comercializan cumplan con los nuevos requisitos legales exigidos desde las administraciones locales y comunitarias. En toda esta red de sinergia, los fabricantes de biopesticidas como TRABE son una pieza muy importante ya que ofrecen un amplio abanico de posibilidades y alternativas para que los agricultores puedan combatir las plagas y enfermedades o mejorar sus cosechas sin necesidad de aplicar formulados químicos.

 

En los últimos años han tenido lugar numerosas alertas alimentarias relacionadas con el uso de insecticidas químicos. También se han publicado numerosos estudios que alertan de la relación entre el uso de este tipo de plaguicidas y la aparición de diferentes enfermedades, tanto en humanos como en animales. Pero los riesgos no se acotan a estos aspectos. Los medios de comunicación se han hecho eco de la presencia de plaguicidas en la red de abastecimiento de agua potable en algunos municipios españoles.

A principios del 2012, la CE decidió endurecer la normativa sobre la calidad de las aguasal aumentar de 33 a 48 el número de sustancias vigiladas por su presencia en ríos, lagos y aguas costeras. Son productos químicos industriales, farmacéuticos, fitosanitarios y biocidas con posibles efectos negativos para el medio ambiente y salud humana. Las nuevas sustancias eran seis insecticidas (aclonifén, bifenox, cipermetrina, dicofol, heptacloro y quinoxifeno), tres biocidas (cibutrina, diclorvós y terbutrina), dos sustancias químicas industriales (ácido perfluorooctanosulfónico -PFOS- y hexabromociclododecano -HBCDD-), dos productos derivados de la combustión(dioxina y policlorobifenilos -PCB- similares a las dioxinas) y tres sustancias farmacéuticas (17 alfa-etinilestradiol -EE2-, 17 beta-estradiol -E2- y diclofenaco).

Las organizaciones ecologistas consideraron que la ampliación de las sustancias controladas es poco ambiciosa, ya que según ellos, de una lista de 2.000 sustancias inicialmente consideradas como potencialmente peligrosas, la comisión decidió seleccionar sólo quince. La revisión de esta listaformaba parte de una directivapor la que se modificaba la normativa vigente del agua (DMA) y la relativa a las normas de calidad ambiental (DNCA).

Es evidente que en las últimas dos décadas los productores, los consumidores, las administraciones públicas y demás sectores implicados en la cadena alimentaria están trabajando para que se pueda producir alimentos de una forma más respetuosa con el medio ambiente y, para ello, el objetivo es obtener alimentos libres de residuos. Es fundamental establecer un compromiso común y potenciar la producción integrada para combatir las plagas y enfermedades de los cultivos.

Cultivos en círculo Washington

De hecho, no sólo las grandes cadenas de alimentación están demandado este tipo de productos libres de residuos, sino también los productores de alimentos preparados (caterings, restauración, comedores infantiles, gama cuatro, etc.). Todos están asumiendo el compromiso de utilizar productos sin residuos en la elaboración de sus menús. El cambio hacia este tipo de producción proviene de una reflexión interna empresarial basada en tres pilares fundamentales:

          Las consecuencias negativas que las alertas alimentarias suponen para el sector agroalimentario, como el que hace dos años por estas fechas desencadenó la famosa “crisis del pepino”.

          La demanda creciente de unos alimentos sanos por parte de los consumidores.

          El hecho de poder diferenciarse de la competencia en cuanto al origen de sus productos.

 

Los agricultores no solo tienen que producir alimentos sanos, sino también demostrarlo. De ahí que en los últimos años se hayan desarrollado procesos certificadores que permitan validar la calidad de los cultivos. Nuestros productos, por ejemplo, están certificados por tres sellos de producción ecológica: CERTICAAE (sello del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica), SOHISCERT y BCS UKO GARANTIE (Nürnberg, Alemania).

Los procesos para obtener estas certificaciones no son rígidos y se adaptan a las características de cada tipo de cliente pero siempre en cumplimiento con la reglamentación vigente. El consumidor tiene derecho a exigir productos sin residuos y para ello es necesario que superen unos estrictos controles.

Pero según las asociaciones de productores agrarios esto entra en contraposición con las menores exigencias para productos que entran de terceros países ya que según estas asociaciones esos productos se someten únicamente a unos controles aleatorios mínimos, que suelen dar resultados muy irregulares. Sin embargo, todos los agricultores de la zona europea están sometidos a la misma trazabilidad: el agricultor tiene que llevar un estricto control y anotar los productos utilizados y las dosis. Según ellos, en estos momentos la UE ha dado preferencia al comercio con terceros países. En la misma línea, recuerdan el problema que se ha generado con la legislación sobre comercialización de productos fitosanitarios, con medidas que conllevan la supresión de 600 materias activas. Hay plagas que en estos momentos no tienen materia activa para combatirlas. Algunas de las empresas que en su momento registraron la materia, al perder la patente, no les ha resultado rentable volver a hacer los estudios correspondientes que permitan registrar de nuevo la materia activa.

Alguna de estas organizaciones ha denunciado que países como Marruecos podría utilizar para el tratamiento de plagas en el cultivo de tomate al menos 56 sustancias activas prohibidas en la UE y para ello se basan en estudios realizados por ellos mismos y los datos oficiales de la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura donde se recogen todas aquellas materias activas que están prohibidas en España para las formulaciones fitosanitarias en tomate pero que, sin embargo, para las importaciones de terceros países, tienen fijado un límite máximo de residuos (LMR) que en la práctica supone el visto bueno para su posible utilización en cultivos.

Ante esta situación, amparada incluso por el nuevo acuerdo de libre comercio agrícola entre la UE y Marruecos, reclaman al Ministerio de Agricultura que exija a las autoridades marroquíes avances sustanciales y tangibles en la reducción de fitosanitarios prohibidos en la UE. También es necesario que el gobierno refuerce los controles en frontera para evitar que entren al mercado comunitario productos con un límite de residuos mayor del permitido. Según ellas, la hipocresía de las autoridades comunitarias y la tibieza del gobierno español está pasando factura a los productores españoles de frutas y hortalizas, que se encuentran indefensos ante la competencia desleal. Si hay libre comercio, las reglas del juego tienen que ser iguales para todos. Hay que tener en cuenta que en Marruecos están cultivando gran número de agricultores españoles buscando rentabilidades muy superiores a las que tienen en España. Por otro lado España es el país con más intereses comerciales depositados en Marruecos.

 

Esta situación contrasta con los esfuerzos de los agricultores españoles para reducir el uso de productos químicos peligrosos y contaminantes en sus cultivos. En nuestro país, la práctica totalidad de las hectáreas de frutas y hortalizas están bajo la normativa de producción integrada y el 80% del cultivo en invernadero utiliza ya la lucha integrada para combatir las plagas con insectos beneficiosos.

Por otro lado, subrayan el problema de los cultivos minoritarios, en los que apenas existen materias activas para luchar contra las plagas. En producciones pequeñas, a las empresas no les resulta rentable hacer los estudios, y están funcionando a través de autorizaciones excepcionales. Desde las organizaciones agrarias se refieren también a la importancia del Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, que supone la transposición de la conocida como Directiva de Uso Sostenible.

En este sentido, subrayan la importancia de este hecho pues son cada vez más los supermercados de toda Europa que están reclamando cada vez con más fuerza frutas y hortalizas sin residuos pero afirman que España todavía no está completamente preparada para este cambio. Advierten de la necesidad de invertir en I+D+i para pasar de la situación actual, a la que demanda el mercado europeo. Es un paso que requiere de una inversión muy potente. Hay que investigar más y mejor en la lucha biológica, en los insumos Residuos Cero, cambiar el modo en el que usamos los químicos, fomentar la colaboración con institutos agrarios de investigación de la administración.

Hoy en día muchos agricultores han abandonado sus cultivos por la escasa rentabilidad, dado el menguado margen de beneficios que ofrecen las grandes cadenas de supermercados. A su vez, la situación económica actual ha generado que muchos jóvenes retomen actividades agrarias y se impliquen en la producción ecológica. En Holanda y Dinamarca están aplicando un sistema de producción que les está dando excelentes resultados y que consiste en concentrar toda la producción del país en tres o cuatro cooperativas que son las que trabajan con los grandes distribuidores. Ello ha provocado que, en estos países trabajar, en el campo sea una actividad rentable y bien considerada.

Sin embargo, todo esto también deberá venir acompañado de un cambio en la mentalidad del agricultor. Hasta ahora las prácticas agrícolas poco tenían que ver con el respeto al medio ambiente. Un ejemplo de los productos que se utilizaban y siguen siendo utilizados son:

Clorpirifos: fue descubierto en 1956 y es un insecticida-acaricida por ingestión, contacto e inhalación. Su toxicidad es moderada (DL50oral para la rata de 96-270 mg/kg). Posee un amplio campo de actividad. Se utiliza no solo en la agricultura sino también en los hogares, contra las cucarachas.

Dimetoato: es un insecticida-acaricida sistémico con actividad por ingestión y contacto. Su toxicidad es moderada (DL50oral para la rata de 255-310 mg/kg). Se utiliza con frecuencia.

Fention: es un insecticida penetrante, con acción por ingestión y contacto. Su toxicidad es moderada (DL50oral para la rata de 250 mg/kg). Es muy tóxico para abejas- y aves.

Isofenfos: es un insecticida sistémico con actividad por ingestión y contacto. Su toxicidad es alta (DL50oral para la rata de 20 mg/kg). La marca comercial más utilizada.

Metamidofos: es un insecticida-acaricida con actividad por vía sistémica, ingestión y contacto. Su toxicidad es alta (DL50oral para la rata de 20 mg/kg), por lo que está prohibido su uso en invernaderos y en recintos cerrados. Ha sido comunicado como el insecticida más utilizado en la provincia de Almería.

Monocrotofos: es un insecticida-acaricida con actividad por vía sistémica y por contacto. Su toxicidad es alta (DL50oral para la rata de 8-23 mg/kg).

Paration: fue descubierto en 1946 y pronto pasó a ser el plaguicida más utilizado debido a su gran eficacia. Es un insecticida-acaricida con actividad por ingestión y contacto. Su toxicidad es muy alta (DL50oral para la rata de 2 mg/kg), por lo que está prohibido también su uso en invernaderosy en recintos cerrados.

Es necesario por lo tanto una ley que limite claramente todos estos productos, les parezca bien o no a los productores