Una organización puertorriqueña que reúne a más de 300 médicos, agricultores de cannabis y usuarios de marihuana con fines terapeúticos, exige al Gobierno de la isla que agilice el proceso de implementación del reglamento 155 para el uso de la yerba para tratar condiciones médicas.

Una organización puertorriqueña que reúne a más de 300 médicos, agricultores de cannabis y usuarios de marihuana con fines terapeúticos, exige al Gobierno de la isla que agilice el proceso de implementación del reglamento 155 para el uso de la yerba para tratar condiciones médicas.

“La necesidad es eminente”, aseguró hoy a Efe Ramberto Cobián, el fundador y custodio de la Red Cannamédica de Puerto Rico, sobre el reglamento 155 que aprueba el uso, posesión, cultivo, manufactura, producción, fabricación, dispensación, distribución e investigación del cannabis medicinal.

Según explicó Cobián, la Red Cannamédica de Puerto Rico, es una coalición “que se compone de pacientes y médicos velando por las terapias cannabinoides” con el propósito de “usar el cannabis como alternativa natural para diversas condiciones de salud”.

La playa puede ser utilizada por algunos enfermos de cáncer, fibromialgia, VIH, Alzheimer o con desórdenes de ansiedad, entre otras patologías, como recursos para ayudar a aliviar los síntomas.

“Todo paciente que conozca los beneficios de esta medicina tiene el derecho a tomar una decisión informada y a escoger el tratamiento que le ayude a manejar mejor los síntomas de sus condiciones”, señaló Cobián.

Las expresiones de Cobián llegan después de que el jefe del Ejecutivo de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dijera el lunes en su discurso sobre la situación del Estado que, “para darle un verdadero golpe al crimen y a la hipocresía, debe dársele consideración seria a la legalización” de la marihuana.

En ese sentido instó a la aprobación del Proyecto del Senado 517 del legislador Miguel Pereira, que lleva meses estancado en el Legislativo de la isla y que busca despenalizar la posesión en pequeñas cantidades de marihuana (14 gramos o menos).

En enero pasado el Gobierno de Puerto Rico presentó la legislación necesaria para regular el consumo, la posesión, el cultivo, la manufactura, la producción, la fabricación, la venta, la distribución y la investigación de cannabis con fines medicinales en la isla.

La legislación establece que el Gobierno, a través del Departamento de Salud, concederá licencias para cultivar esa planta y venderla. No se ha incluido legislación sobre el autocultivo ante la dificultad de regular dicha actividad.

“Puerto Rico cuenta con un idóneo sistema tropical para el cultivo del cannabis, por lo que aseguro que la producción de la yerba sería la mejor del mundo”, afirmó Cobián, de 48 años.

Resaltó que el clima tropical de la isla caribeña ayuda a que se produzcan hasta cuatro cosechas de marihuana al año, duplicando así la producción que se puede lograr de manera natural en estados como Colorado, donde se alcanzan temperaturas mucho más frías.

Colorado es uno de 23 estados de EE.UU. que han aprobado el consumo del cannabis con fines médicos.

Por ello, defendió que “cuando comiencen a producirse esas plantas para el uso terapéutico”, Puerto Rico se convertirá “en el productor más prestigioso de cannabis” del mundo.

Cobián, asimismo, resaltó que la producción de marihuana en Puerto Rico ayudará a impulsar la economía de la isla y así combatir la crisis en la que lleva diez años inmersa.

Por ello, insistió en reclamar al Gobierno local que agilice en la medida de lo posible los procesos y permisos necesarios para los interesados en cultivar, producir, usar o fabricar marihuana para uso medicinal.

Aunque teóricamente ya está habilitado el proceso para reclarmar Todas las solicitudes relacionadas con el cultivo, la manufactura y la venta de marihuana, así como las licencias ocupacionales y el registro de médicos y de pacientes, lo cierto es que éstas deben contar con la autorización previa de Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Según Cobián, la CEE se ha atrasado en autorizar estas solicitudes, argumentando que supone una carga burocrática difícil de gestionar, especialmente siendo éste un año electoral.

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