El 60 por ciento de las personas presas en centros de readaptación social de nueve entidades mexicanas, están dentro por delitos relacionados con el cannabis.

El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), iniciativa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), presentó cuatro nuevos estudios sobre cómo el encarcelamiento masivo por delitos de drogas no violentos ha aumentado en América Latina.

Los datos expuestos esta semana refieren que en México, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2014, la población recluida en centros penitenciarios federales por delitos contra la salud aumentó en mil 200 por ciento. A la vez, precisa la investigación, el 60 por ciento de las personas presas en centros de readaptación social de nueve entidades mexicanas, están dentro por delitos relacionados con el cannabis.

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El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo historia al conceder un amparo a cuatro personas que fundaron la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART). Los quejosos se ampararon por cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben actividades relacionadas con el consumo personal de la mariguana con fines recreativos, como sembrar, preparar, poseer y transportar.

Para que la medida siente jurisprudencia, según explicaron abogados y la Presidencia de la República, son necesarias cinco resoluciones en el mismo sentido, por lo que hasta ahora, la siembra para consumo personal, la posesión de un gramaje superior al que contempla la ley y la comercialización “siguen prohibidos”, explicó Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia de la República.

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“En la mayoría de los países de América Latina estudiados, uno de cada cinco personas en prisión está por delitos de drogas. Además, la población encarcelada por drogas en varios de esos países ha aumentado en mayor proporción que la población penitenciaria en general”, dijo Alejandro Corda, investigador del CEDD de Argentina, durante la presentación de la investigación.

En Colombia, por ejemplo, este porcentaje casi se cuadriplicó en los últimos 14 años aumentando de 6 mil 263 personas en 2000 a 23 mil 141 en 2014. En Brasil, el número de personas encarceladas por delitos de drogas aumentó 320 por ciento entre 2005 y 2012, en contraste a un aumento de 51 por ciento para la población carcelaria en general.

Alejandro Corda dijo que esta situación “no tiene ningún impacto en el negocio de las drogas dado que las personas en prisión por delitos de drogas son actores menores del tráfico, fungibles, y en situaciones de vulnerabilidad”.

Los informes también destacan un aumento preocupante de mujeres encarceladas por delitos de drogas. Según el estudio en Brasil, por ejemplo, cerca de 55 por ciento de las mujeres encarceladas son afrodecendentes y en México hay un número significativo de mujeres indígenas en prisión por delitos relacionados con las drogas.

“Ello evidencia el hecho de que la aplicación de leyes de drogas es siempre selectiva: castiga a los más pobres y débiles en general, pero afecta de manera desproporcional a las mujeres en situación de exclusión social y/o de vulnerabilidad”, dice el informe “Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas”.

El documento refiere que dos mil 75 mujeres, 528 a nivel federal y mil 547 del ámbito local, fueron encarceladas por delitos de drogas.

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Las mismas cifras muestran que en Argentina el 65 por ciento de las mujeres encarceladas están en prisión por delitos de drogas. En Costa Rica y el Perú, los porcentajes son 75.46 y 60.6 respectivamente. La gran mayoría son madres solteras, jóvenes y personas de bajos recursos, y frecuentemente pertenecen a minorías étnicas.

“Los informes presentan evidencias de que la población encarcelada por drogas en el continente americano ha aumentado a un ritmo mayor que el resto de la población penitenciaria”, dijo Catalina Pérez Correa, Profesora del CIDE y coordinadora del proyecto.

“Las sentencias largas e injustas han tenido un efecto particularmente negativo en las mujeres, cuya encarcelamiento viene creciendo, y refuerzan las condiciones de vulnerabilidad de sus hijas e hijos”, agregó.

CRIMINALIZACIÓN DEL CONSUMO

El informe del CEDD “la regulación de la posesión y la criminalización de los consumidores de drogas en América Latina” menciona que a pesar de existir un fuerte consenso a nivel internacional respecto a que el consumo no es un asunto de índole penal “las respuestas de los estados latinoamericanos frente al consumo de sustancias de uso ilícito continúan siendo predominantemente punitivas y represivas”.

Menciona que en México, entre 2009 y mayo de 2013 fueron detenidas a nivel federal 140 mil 860 personas por consumo de drogas e iniciadas 87 mil 746 averiguaciones por posesión simple además de las 52 mil 074 averiguaciones iniciadas por consumo.

El documento precisa que en México “la posesión para consumo personal es un delito, pero no se procede penalmente siempre que no se exceda de los umbrales máximos establecidos por la Ley General  de Salud, no sea en lugares como escuelas o cárceles y se trata de alguna de las sustancias contempladas en la LGS. La posesión simple es delito”.

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Refiere que en el país se permite la portación de cinco gramos de mariguana, aunque explica que “quizás pensando en la portación diaria de un consumidor promedio de cannabis, 5 u 8 gramos pueden ser considerados como razonables. Sin embargo, si él o la consumidora se está abasteciendo, su dosis rebasará por mucho el umbral establecido y, de ser aprehendido(a), será procesado(a) como vendedor”.

No obstante menciona que los umbrales son un arma de doble filo. Por una parte, dice el documento, sirven para limitar el uso arbitrario de la discrecionalidad cuando la distinción entre consumidor y vendedor queda al arbitrio del fiscal o juez.

“Esto es positivo en el contexto latinoamericano donde las instituciones penales son frecuentemente ligadas a la corrupción. Sin embargo, al mismo tiempo permiten la criminalización de consumidores cuando las cantidades máximas toleradas son bajas. En este sentido, aunque sirven para proteger a consumidores en algunas circunstancias, también legalizan la criminalización de consumidores que son procesados y sentenciados como microtraficantes o narcomenudistas por portar dosis superiores a las permitidas”, refiere.

En tanto, en el informe “Reforma a las políticas de drogas en Latinoamérica: Discurso y realidad” se indica que las políticas de drogas actuales y las reformas de los últimos años en América Latina no han representado un cambio en la estrategia por lo que se sigue utilizando la herramienta penal como principal respuesta estatal para afrontar los temas vinculados a las drogas.

El reporte menciona que los números sobre personas en prisión por delitos de drogas en los países del CEDD (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay) muestran una realidad que va en sentido distinto al discurso prevaleciente.

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Dice que en el caso de México, como en el de Argentina, parece aumentar la población carcelaria a partir de la delegación realizada por el Estado Federal de la persecución de los delitos menores del tráfico a las agencias penales de los estados. “Estas estrategias son conocidas como “desfederalización” o en el caso de México como la Reforma de Narcomenudeo”, dice el documento.

EL COSTO HUMANO

WOLA junto al Transnational Institute (TNI) difunden en la página del CEDD videos con los testimonios de siete personas que pasaron años en prisión soportando condenas “que son desproporcionadas a los crímenes que ellos cometieron”.

Los videos son parte de los estudios que realizan las organizaciones a los sistemas carcelarios de ocho países de América Latina. La gente en los videos representa el lado humano que rara vez es revelado en la guerra contra las drogas. “Estas historias personales ilustran el impacto injusto de las leyes vigentes de la droga”.

Entre los testimonios se encuentra el de Rosa Julia Leyva Martínez , habitante de Guerrero que fue a la capital de México en busca de un mejor futuro, pero que fue engañada por unas personas que la llevaron a Tijuana donde fue detenida por las autoridades con un cargamento de heroína.

En el video, ella habla de la violación que sufrió durante su detención en México antes de que fuera condenado a muchos años de prisión por un crimen que no cometió. Martínez dice que quiso probar su inocencia, pero por no saber ni leer ni escribir firmó una confesión forzada bajo tortura. Ella pasó casi 11 años en la cárcel.