Abel Amor dice sentirse perseguido por la Guardia Civil, que le ha quitado su plantación pese a que asegura tener acreditado su uso terapéutico

Diez mil euros a razón de 1.200 euros por cada una de las cinco cosechas de marihuana incautadas, más lo que gasta para conseguir el producto en el mercado ilegal cada vez que la Guardia Civil le retira las plantas, es el importe de la reclamación que el veigueño Abel Amor, que tiene acreditado el consumo de cannabis para uso terapéutico, acaba de remitir al Ministerio de Interior.

Amor dice sentirse “ultrajado por un actuar abusivo de la Guardia Civil” y considera que se está produciendo una persecución contra él. En este sentido, califica de “desproporcionada” la actuación de los agentes de la Benemérita, ya que, sostiene, “se empeñan en perseguir a un hombre que no se mete con nadie”.

La Guardia Civil le incautó el pasado mes de septiembre, por quinta vez en su vida, las 26 plantas de marihuana que cultivaba en su propiedad de Vegadeo (52,90 kilos en verde). Sin embargo, la juez de Castropol archivó la causa abierta contra Amor, al que se le imputó un delito contra la salud pública, al “no aparecer ni tan siquiera indiciariamente acreditado que la plantación que nos ocupa tuviera como finalidad el tráfico de la sustancia estupefaciente”. El auto señaló, además, que “no se produce ataque alguno al bien jurídico protegido, porque el cultivo y posterior consumo no trasciende el círculo privado del imputado”. Amor hizo pública esta situación por los perjuicios que le supone, ya que la marihuana que planta y consume le sirve para paliar los fuertes dolores crónicos que padece a consecuencia de un grave accidente que sufrió en 1987.

Amor lucha contra las restricciones legales de la marihuana en España y, pese a que tiene documentadas, mediante diferentes informes médicos, su situación y la necesidad de consumo, la Guardia Civil le requisa periódicamente su plantación. En el escrito enviado al ente ministerial Amor acredita que “en los últimos tres otoños” los agentes de la Benemérita le han sustraido la plantación “de manera injustificada y vulnerando las garantías que proclama la Constitución Española”. Añade que los agentes “han irrumpido repetidamente en su propiedad sin orden judicial, causando un gran desasosiego” a toda la familia. Y deja claro que la plantación no está en un lugar visible desde la calle, por lo que no se vulnera la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

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El escrito también apunta que nunca se ha demostrado que haya “enriquecimiento ilícito con la venta de sustancias que atenten contra la salud, más bien al contrario, la Autoridad judicial siempre ha encontrado en su conducta la ausencia de reproche penal”.

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.