El ministro de Salud Pública de Paraguay, Julio Mazzoleni, y el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, informaron este lunes que están trabajando para reglamentar el uso legal del cannabis medicinal y la concesión de cinco licencias para su producción.

Paraguay es uno de los mayores productores de marihuana ilegal de Sudamérica y si bien todavía no se plantea en el debate el consumo recreativo de esta planta, las autoridades del país han aceptado su producción con fines medicinales.

El marco regulatorio en el que se está trabajando contempla otorgar cinco licencias, que darán a las empresas beneficiadas la posibilidad de “producir hasta cinco hectáreas”, como explicó Giuzzio hoy tras reunirse en el Palacio de Gobierno con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

“En principio, estas empresas que obtengan la licencia podrán producir en Asunción y en el Departamento Central”, señaló el titular de la Senad, que dejó la puerta abierta a una extensión de las hectáreas y de las zonas de cultivo.

Por el momento, solo se está moldeando el marco regulatorio para que las licitaciones se concedan con “transparencia”, pero sin que exista ningún “plazo establecido”, como aclaró Mazzoleni.

El titular de la cartera sanitaria aseguró que en este sector “existe una gran oportunidad para el país”, pero aclaró que la apertura al cultivo legal de cannabis será para “productos exclusivamente medicinales”.

Paraguay se fijará en “la experiencia de varios países de la región”, como Colombia o Uruguay, según dijo el ministro.

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En cuanto a la variedad cultivada, Paraguay exigirá el cultivo de aquellas plantas con “un contenido alto en Tetrahidrocannabinol (thc)”, como precisó el titular de la Senad.

Sus destinatarios serán pacientes afectados por “epilepsia refractaria, que no responden a tratamientos convencionales”, según Mazzoleni, que también planteó la opción de que se utilice en los enfermos con dolores crónicos.

Los medicamentos se entregarán de forma gratuita a los pacientes, ya que la regulación prevé que los laboratorios que obtengan la licencia entreguen un porcentaje de su producción al Ministerio de Salud.

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