Las asociaciones denuncian la “desesperación” de miles de personas que se han quedado en España sin un suministro fiable para el tratamiento de sus dolencias a causa del estado de alarma

Miles de pacientes que utilizan en España el cannabis como una medicina para aliviar sus dolencias y mejorar su estado de salud se han quedado sin acceso a su remedio, salvo el que ofrece el mercado negro de quienes trafican con esta sustancia. Por eso, asociaciones como la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis (UPRC) piden que se permita la apertura controlada de los 1.600 clubes de usuarios existentes en España, cerrados a causa del Covid-19, para que puedan suministrarlo como un bien esencial para la vida de estos pacientes, una propuesta que también ha trasladado el Círculo Cannábico de Podemos a su grupo parlamentario para que la plantee en el Congreso de los Diputados.

Las medidas decretadas con el estado de alarma a causa de la pandemia del coronavirus han cortado de raíz las vías de acceso más o menos legalizadas que existen en España para adquirir cannabis. Las asociaciones y clubes de usuarios, con diferentes regulaciones en comunidades autónomas y municipios, han tenido que cerrar como el resto de los establecimientos y servicios no considerados esenciales. En esas entidades retiraban su ‘medicina’ una buena parte de las entre 200.000 y 500.000 personas que, según las organizaciones de cannabis medicinal, pueden estar utilizando esta planta en nuestro país para el tratamiento de casos de esclerosis múltiple, epilepsias raras y fibromialgia, o el alivio de dolores crónicos agudos o los efectos adversos de una quimioterapia.

“Los pacientes están desesperados”, advierte Queralt Prat, la presidenta de la UPRC, una organización que ofrece asesoramiento médico y legal sobre el uso del cannabis medicinal y que atiende actualmente a cerca de 500 personas. Están desesperados porque ahora tienen que perder mucho tiempo en encontrar el cannabis que antes les proporcionaban en las asociaciones de usuarios con más o menos garantías, en llegar al vendedor en el mercado negro, en saltarse el confinamiento para contactar con ese traficante, en exponerse a una multa por ello, y luego en verificar la calidad de lo que le venden, si es apropiado para su dolencia o si tiene una contaminación microbiológica. “Es todo como una ruleta rusa“, se lamenta Prat.

La falta de una regulación en España sobre el uso del cannabis medicinal es la que, a juicio de la presidenta de la Unión de Pacientes, ha propiciado que ahora miles de personas se hayan quedado sin acceso a un producto esencial para su salud, al contrario de lo que ocurre en otros países, como Alemania, donde entre 60.000 y 80.000 personas tienen regulado el uso de los componentes de esta planta con fines terapéuticos, Italia, donde lo disfrutan unas 13.000, Israel, donde hay 35.000 beneficiarios, o Canadá, donde llegan a los 400.000. Y en EEUU, varios estados ya han incluido como servicios esenciales los dispensarios de marihuana autorizados en sus territorios para que puedan seguir administrándola durante este tiempo de pandemia. En San Francisco, las autoridades locales lo han justificado así: “El cannabis es una medicina esencial para muchos residentes. Los dispensarios pueden seguir operando siempre y cuando mantengan las prácticas de distanciamiento social y otras recomendaciones de salud pública”.

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En España, ese carácter de bien esencial se ha decretado para el tabaco, que se sigue expendiendo en los estancos, que han sido excluidos del cierre de establecimientos en el Estado de Alarma por el Covid-19. Y Queralt Prat se pregunta por qué las asociaciones de usuarios de cannabis no pueden tener la misma consideración que los estancos y los locales donde se sigue vendiendo tabaco y alcohol como productos de primera necesidad.

Petición al Congreso

El Círculo Cannábico de Podemos ha hecho llegar al grupo parlamentario de esta formación en el Congreso una propuesta para que se puedan abrir las asociaciones y clubes de cannabis medicinal durante el Estado de Alarma. En su petición, este colectivo señala que esas entidades, que “cumplen tan importante labor social, siempre bajo los principios de responsabilidad y solidaridad, funcionan en un limbo legal que acaba de ser arrasado por la cuarentena, y esta situación está provocando dolor y sufrimiento a quienes respetan el aislamiento”. Y añade: “muchos familiares se ven obligados a romper las medidas propias del Estado de Alarma para acudir al mercado negro, donde, casi con toda seguridad, sólo pueden encontrar producto de ínfima calidad en un entorno que no es seguro”.

Por esa razón, el Círculo Cannábico propone que las asociaciones adopten todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para la dispensación del cannabis a sus asociados, mediante cita previa y sin que se permita la presencia de más de un usuario en el local a fin de evitar cualquier tipo de contagio. En su escrito detallan, además, las patologías cuyo tratamiento con cannabis, a su entender, puede verse afectado por el cierre de estos clubes: depresión, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, enfermedad de Crohn, estrés crónico, trastorno obsesivo compulsivo, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, dolor crónico, distrofia muscular, epilepsia, lupus, cáncer de mama y colon, fibromialgia, trastorno del sueño y efectos adversos de la quimioterapia.

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Los pacientes que acuden al cannabis son, a juicio de la presidenta de la UPRC, los más vulnerables, personas que ya han pasado por una variedad de tratamientos que no les han servido, que llegan al final de un largo protocolo terapéutico como última opción. Por eso, además de las medidas paliativas que se pudieran adoptar para ellas de forma inmediata durante la vigencia del Estado de Alarma, Queralt Prat considera que se debe mirar a más largo plazo, a fin de regular un uso más allá de los clubes de usuarios que otros muchos países ya han comenzado a normalizar y con resultados muy positivos.

Según la responsable de la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis, de los cerca de 400 clubes de usuarios que hay en Barcelona, la ciudad de España con mayor número de este tipo de asociaciones, sólo tres de ellos se consideran plenamente apropiados para las personas que utilizan la marihuana con fines medicinales, quienes generalmente la toman en extractos o vaporizada y no fumada, y necesitan una proporción exacta de componentes para su patología que difícilmente puede conseguirse en estas entidades.

En España sólo están autorizados dos medicamentos hechos con cannabis, el Sativex y el Epidiolex, fabricados por una empresa anglonorteamericana. Sin embargo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha concedido autorización a cuatro empresas para cultivar cannabis con fines médicos y científicos, cuya producción debe ir por completo a la exportación, ya que su uso y comercialización no están permitidos en nuestro país, salvo los dos fármacos mencionados, utilizados para el tratamiento de algunas epilepsias raras y esclerosis.

La última vez que se preguntó a la ciudadanía por el cannabis en la encuesta del Barómetro del CIS, en noviembre de 2018, el 84% de los españoles declaró estar favor de que se legalice su uso para fines médicos, un porcentaje que casi duplicaba al 47,2% que aprobaba una regularización del uso general –recreativo y medicinal- del cannabis en determinados establecimientos y condiciones.

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