“Por fin un cambio de rumbo en torno a la política sobre drogas”. Hace dos días, el millonario británico Richard Branson aplaudía así un supuesto documento filtrado de la ONU donde se apreciaba un cambio de posición en torno a la despenalización a nivel mundial de las llamadas drogas blandas para su uso médico. En pocas horas, el texto en cuestión fue sustituido por un desmentido. “El documento sobre descriminalización mencionado en numerosos medios hoy […], no es un texto formal ni definitivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y no se puede leer como una declaración política”, reza.

Lástima, pensará el dueño de Virgin. Se trataba de “un viraje refrescante que podría derivar en el final de la criminalización innecesaria de millones de consumidores en todo el mundo”, apuntó el lunes el empresario.

En un mundo global que cada vez cede más espacio a los magnates, a sus vidas, negocios y pensamiento, empiezan a ser legión quienes, desde ese 1%, claman a gritos a favor de la despenalización. Y no sólo para su empleo en tratamientos contra la anorexia y la epilepsia infantil, o para mitigar los efectos de la quimioterapia y otros dolores más comunes, sino para cultivarla, venderla y consumirla.

Es curiosa la historia de Peter B. Lewis, un millonario que empezó dando monedas en la iglesia de su barrio y que a lo largo de su vida donó más de 450 millones de euros. En 1998 tuvieron que amputarle una pierna y comenzó a consumir maría para soportar los dolores. Antes de su muerte en 2013, Lewis, dueño de Progressive Corp., una aseguradora de automóviles valorada en 15.000 millones de euros, envió una carta a Bill y Melinda Gates en la que comprometía parte de su fortuna a la investigación en torno a la marihuana. “Si hay un área tabú para muchos filántropos y que muestra lo desastroso de nuestras políticas públicas son las ineficaces y obsoletas leyes contra la marihuana”, asegura en la carta el empresario, que en vida donó más de 40 millones a campañas pro legalización.

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El debate brilla por su ausencia en España ¿Se imaginan a Ignacio Garralda, presidente de la Mutua Madrileña, a Florentino Pérez o a Juan José Hidalgo, dueño de Air Europa, abogando por la legalización de las drogas blandas? Lástima que Jordi Évole no se lo preguntase a #AlbertovsPablo, pero octubre, el mes de la recolección y de las grandes operaciones policiales contra el “oro verde”, es el más sensible para abordar el asunto.

Uno de los superricos más activos en promover la despenalización es George Soros, que en España es accionista de FCC y la socimi Hispania, y de diversos proyectos a través de la fundación Open Society. En EEUU, Soros apoyó a la Drug Policy Alliance, una organización que impulsó la legalización en Colorado y Washington. También envió expertos a Uruguay mientras se tramitaba la ley que despenalizó la venta de hasta 40 gramos de hierba al mes por persona en las farmacias del país.

Los responsables de la Open Society aseguran que, aunque es accionista de Monsanto y de Herbalife, no hay intereses onerosos detrás de sus causas sociales. En Uruguay, Soros, que destina 3,5 millones de euros anuales a este fin, también sufragó gran parte de la campaña publicitaria Regulación Responsable.

En EEUU, en 23 de los 50 estados el uso del cáñamo es legal en el ámbito médico y en 19 no se multa su posesión. En el resto del planeta, para cuando quieran reaccionar, los políticos se encontrarán un mercado maduro, que moverá ya miles de millones y tendrá como primera potencia, cómo no, a Norteamérica, Silicon Valley, concretamente [leer aquí].

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Sin necesidad de apelar a los padres fundadores -algunos de ellos cultivadores de cáñamo-, no son pocos los ricos que están tomando posiciones. Este año, Peter Thiel, fundador de Paypal y Facebook, invirtió 75 millones de dólares en la firma Privateer Holdings, matriz de la canadiense Tilray, que vende derivados de la marihuana, Marley Natural -cosmética y aceites- y el dispensador Leafly.

Lealfly, un dispensador de marijuana, es la última inversión Peter Thiel, uno de los fundadores de Facebook y PayPal.

En marzo de 2014 salió a Bolsa Medbox, una empresa californiana, que ha patentado un modelo de máquina expendedora de derivados del cannabis. Su fundador, Vincent Mehdizadeh,  se hizo millonario. Otro pequeño magnate [legal] del ramo es el abogado Bart Mackay, accionista de CannaVest, que vende derivados médicos.

Hace unos meses, Forbes calculó que las empresas que explotan legalmente el sector del cannabis en EEUU mueven ya entre 1.800 y 3.000 millones de dólares. Y, según un informe, en 2019 el negocio podría llegar a los 11.000 millones de dólares. “La marihuana será la próxima gran industria de Norteamérica”, dicen en el fondo de capital riesgo ArcView Group, que ha invertido en 80 compañías del sector.

Es conocida la postura favorable de Bill Gates, Ted Turner, David Koch, Mark Zuckerberg, el fallecido Steve Jobs o Michale Bloomberg al respecto. Dos apuntes recientes. Este verano, la agencia antidroga de EEUU (DEA) reconoció por primera vez que la marihuana es claramente “menos perjudicial que la heroína”, sólo días después de que el senador ultraliberal Rand Paul rival de Donald Trump en las primarias republicanas, recaudara fondos en la Cannabis Business Summit de Denver (Colorado).

El documento “no definitivo” que tanto gustó a Branson de la ONU dice que “los gobiernos y organismos de Naciones Unidas deberían reconocer y enfrentar las brechas y oportunidades perdidas en relación al uso médico de sustancias controladas, incluyendo cannabis”. Mientras los gobiernos enfrentan esas brechas, las farmacéuticas se frotan las manos.

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