Con la aprobación del uso medicinal, el país tendría un rol importante en este sector

México podría convertirse en líder mundial en producción e investigación de la cannabis medicinal y obtener parte de las ganancias anuales de este mercado, que ronda los 50 billones de pesos; sin embargo, ante la falta de regulación esto aún es una utopía y los más afectados son los pacientes, quienes deben importar medicamentos con contenido cannábico a costos elevados, afirmó Luis David Suárez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, A.C.

En entrevista, Suárez Rodríguez celebró la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó a la Secretaría de Salud que emita los lineamientos para regular el uso medicinal de la planta en el país, puesto que al saber las reglas del juego, México podría tomar las riendas en la materia.

“La región de Latinoamérica ha sido muy castigada por la guerra contra las drogas, pero países como Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil y México empezaron a cambiar ese paradigma. Se han cambiado las leyes y ahora queremos ser jugadores a otro nivel, no queremos seguir poniendo los muertos, queremos hacer investigación clínica, producir y comercializar los productos derivados de la planta, queremos que las comunidades que siembran esa maravillosa medicina reciban un beneficio”, comentó.

Para abordar todos los beneficios que traería la regulación de la marihuana medicinal, la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, A.C., realizará los próximos 5 y 6 de septiembre un simposio llamado FarmacanMx, en donde exponentes de talla internacional compartirán experiencias y conocimientos con profesionales de la salud mexicanos, a fin de acercarlos al tema y derribar tabúes que no han permitido el uso de productos con contenido cannábico.

En ese sentido consideró que la publicación del reglamento podría traer como principal beneficio que los pacientes podrán comprar su medicamento con la certeza de que contiene cannabis, de que no hay presencia de pesticidas. Al regular la producción y comercialización, los costos serán mucho más bajos.

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“Es un tema de justicia social, porque nuestro país, que tiene tantas consecuencias de una política de persecución, cambiaría, y esas comunidades que fueron golpeadas por la guerra contra el narcotráfico ahora podrán ser productoras legales. Sería nuestro oro verde y beneficiaría a las comunidades golpeadas, a la investigación clínica y a los pacientes”, dijo.

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