Podemos plantea impulsar una iniciativa legislativa popular, que requiere de al menos 10.000 firmas, como la que en Cataluña culminó en una ley que regula la actividad de los clubes cannábicos

El Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 28 de junio una ley que regula la actividad de las asociaciones cannábicas, inmersas hasta entonces en el mismo vacío legal en el que se encuentra la quincena de clubes similares que existen en Asturias. Esa ley, que fue fruto de una Iniciativa Legislativa Popular y fue aprobada con el único voto en contra del PP, no solo autoriza la constitución de estas asociaciones de consumidores de marihuana, sino que además resuelve su principal problema hasta ahora al regular el cultivo, el transporte y el almacenaje, con unos límites de cultivo (no más de 150 kilos al año) y de consumo por socio (60 gramos al mes) siempre dentro del local del club.

¿Podría Asturias tener una ley similar? El diputado autonómico de Podemos Enrique López, que ayer participó en una charla sobre la situación jurídica de la marihuana en la carpa Espaciu pal Cambio en la Semana Negra, sigue pensando que sí pese a que, el pasado 9 de junio, la iniciativa parlamentaria con la que se pretendía regular los usos del cannabis no tuvo el apoyo suficiente. «La actual correlación de fuerzas es mala», reconoció, aunque consideró que el PSOE tiene que clarificar su postura, que en Asturias es diferente a la de otras comunidades autónomas, y «decidir si sigue con una visión prohibicionista de la existencia del cannabis para someter a la persecución y a la inseguridad jurídica a miles de personas que consumen de una forma absolutamente natural, en su mayoría de edad y desde un punto de vista responsable que, además, no hace daño a nadie».

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«Argumentos delirantes» en el debate autonómico con menciones al «buen rollito»

En este sentido recordó que, previo a aquella votación parlamentaria en la Junta del Principado, se generó un debate entre los diputados con «argumentos delirantes» en los que no faltaban las simplistas menciones al «buen rollito» o al «mejor haz deporte y déjate de drogas, y estudia mucho». López entiende que, con el actual escenario político asturiano, «no es posible llegar a un entendimiento porque el debate debe abordarse desde la realidad y con racionalidad, responsabilidad y seriedad». 

Por ello, dijo que su grupo político va a plantear a las asociaciones de consumidores de marihuana de Asturias que valoren la posibilidad de impulsar una iniciativa ciudadana similar a la de Cataluña que, en Asturias, requeriría de la recogida de 10.000 firmas acrediatadas para que fuera posible llevarla a cabo. «No es inabordable para hacer lo mismo que en Cataluña

Podemos, de hecho, plantea despenalizar claramente el cultivo y la tenencia de cannabis, que se regulen la actividad de los clubes cannábicos y que se convoquen de forma inmediata mesas de trabajo en el ámbito parlamentario para decidir cuáles son las medidas legislativas que hay que adoptar ya. «Y más cuando es la tendencia en la mayoría de los países civilizados en los últimos tiempos, una tendencia hacia la normalización en la que incluso la propia Organización de las Naciones Unidas planteó, en el debate sobre las drogas, que es algo que gay que abordar desde una perspectiva racional y no prohibicionista».

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Los clubes ya tienen unas normas como no facilitar a terceros y no admitir menores

Víctor Roche, socio colaborador de Cannabis Interior Social Club (Cisca), recordó que los primeros clubes cannábicos se creaban hace veinte años en Cataluña y el País Vasco y tienen en común normas como que se mantenga el circuito cerrado (los nuevos miembros entran a través de un socio), que no se facilite la sustancia a terceros y que no haya menores de edad en ellos. «La idea de que son puntos de distribución de droga y que aquí se viene a pillar unos porros no es real», aseveró. 

También recordó que es diversa la jurisprudencia que, en estos años, se ha ido generando en torno a la actividad de los clubes, con sentencias contradictorias como la de un tribunal vasco que obligaba a devolver 17 kilogramos de marihuana a un club que luego fue rebatida por el Tribunal Supremo por considerar que excedía los límites de consumo compartido. «El funcionamiento de las asociaciones es complicado porque se trabaja en una situación de inseguridad jurídica», indicó, conminando al resto de clubes y asociaciones asturianas a unirse para avanzar en este sentido. 

«Nunca fue delito consumir cannabis en España»

«Muchas de las limitaciones vienen dadas por la ambigüedad y la inseguridad legal», insistió, explicando que el perfil de quien pertenece a uno de estos clubes, aparte de ser mayor de 40 años generalmente, es muy variado. Buena parte, además, son consumidores terapéuticos que también encuentran asesoramiento en estos clubes y que se verían beneficiados si la actividad estuviera debidamente regulada. «No entiendo el miedo para regular todo esto; admitir que eres un consumidor no es algo negativo hoy en día», dijo Roche, que consideró que «quitar esta inseguridad e incertidumbre en la que nos movemos todos» también «ayudaría a perder el miedo de ser consumidor dentro del armario». 

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«Nunca fue delito consumir cannabis en España», recordó López, «pero esa situación compleja provoca mucha inseguridad jurídica» y más desde que, en 2013, la Fiscalía General de Estado declaró la guerra a los clubes cannábicos con una instrucción que consideraba ilícito el cultivo de cannabis, así como la posesión de la planta o de sus derivados, aunque fueran para uso privado. En 2015, una sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenaba a los responsables de una asociación del País Vasco de casi 300 miembros, admitía por contra una escala más reducida y de control limitado y consideraba que la adopción de decisiones en el debate social abierto en torno al consumo de marihuana estaba en manos de otros poderes. 

«La legislación va por detrás de la sociedad pero es un tema imparable en el que cada vez se están dando pasos más audaces que conducen a regular lo que ya existe», dijo López, que recordó que el último era precisamente la aprobación de esa ley catalana que se pretende emular en Asturias para que, por una vez, «las instituciones no vayan por detrás de la sociedad».

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