La Audiencia los juzgará a ambos mañana, junto a un tercer socio de Casa María

La Audiencia Provincial de Pontevedra servirá mañana, a partir de las 10.15 horas, nuevos argumentos para el debate sobre el funcionamiento de los clubes de cannabis que proliferan en Galicia y prácticamente en toda España. Cada uno de los dos fundadores de la asociación Casa María, de Pontevedra, se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por sendos delitos contra la salud pública y por asociación ilícita. Un tercer miembro de la entidad, calificado por la Fiscalía como «socio activo», también será juzgado por ambos conceptos, aunque en su caso la pena conjunta que solicita el ministerio público se queda en tres años.

Casa María fue constituida hace ahora seis años en la ciudad de Pontevedra. Figura correctamente inscrita en el registro de asociaciones de la Xunta, dispone de unas normas de funcionamiento y de un listado de 129 socios identificados, además de solicitudes de ingreso, impresos de contratos para autocultivo, listados de gastos, carnés de asociados y un registro de las cantidades que se entregaban. La asociación desarrollaba su actividad en dos sedes. La primera, una vivienda arrendada en Pontevedra, se dedicaba, según la Fiscalía, al secado y dispensación del cannabis. La segunda, en Vilaboa, se destinaba al sembrado y cultivo de las plantas de marihuana.

El problema central consiste en que el ministerio público acusa a los tres integrantes de Casa María de entregar el material a cambio de dinero. Es decir, de vender en el piso de Pontevedra lo que hacían crecer en Vilaboa., previamente secado. Así figura en su escrito, que relata cinco ocasiones en las que otros tantos socios fueron interceptados en diferentes calles de la ciudad con pequeñas cantidades de cannabis después de haber acudido a la primera sede de la asociación.

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El registro de ambas viviendas, realizado en mayo del 2013, se cerró con el hallazgo de varias plantas de marihuana, cogollos secos, esquejes, sistemas de riego, ventilación e iluminación, un picador, una balanza de precisión, proyectores de luz, temporizadores, medidores de humedad y ph, tierra y fertilizantes. Todo ello, valorado en cinco mil euros. Además de las penas de cárcel, la Fiscalía pide para los acusados dos multas por una cuantía conjunta de 42.000 euros.