Organizaciones de América y Europa se expresaron en contra de la criminalización del consumidor de cannabis y pidieron ser tomadas en cuenta

Organizaciones civiles internacionales de países como Reino Unido, Brasil, Chile y Costa Rica se manifestaron en contra de la política del gobierno mexicano que prohíbe y sanciona el consumo de drogas, bajo el argumento de que estas medidas violan los derechos humanos, criminalizan al consumidor y generan violencia más que evitar el incremento en el número de adictos.

Se trata de al menos 15 organizaciones como el Centro Release especializado en drogas y legislación de drogas de Reino Unido, la organización brasileña Reduc, Fundación Latinoamericana Reforma, Centro Cáritas de Formación, Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, la Red Chilena de Reducción de Daños, y el International Drug Policy Consortium (Consorcio Internacional de Políticas de Drogas).

El miércoles la Suprema Corte discutirá el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar el cual -se prevé- irá en el tono de legalizar. El abogado Aram Barra -integrante de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) y oficial de política de drogas para México Unido contra la Delincuencia- explicó que los recursos “amicus curiae” tienen el objetivo de allegar información a la Corte sobre el tema a discutir y solicitar que su postura sea escuchada.

Los organismos internacionales utilizaron el recurso “amicus curiae” para expresar su apoyo a la legalización de la siembra de mariguana para consumo personal con fines lúdicos y recreativos, y pedir a los ministros que tomen en cuenta sus argumentos en la discusión que el próximo miércoles se llevará a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la legalización de la planta para consumo personal.

“(Con la información presentada) demostramos que la actual política contra el uso de la planta del cannabis, basada en la fiscalización y prohibición, constituye una restricción indebida al derecho a la vida privada, incluyendo los derechos a la identidad, a la autonomía y al desarrollo personal, y por consiguiente, que el uso del derecho penal para sancionar su uso deviene en violaciones a la libertad personal”.

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“Exhortamos a esta Primera Sala de la Suprema Corte para que tome en consideración los estándares internacionales de Derechos Humanos que aquí se expresan al momento de resolver el asunto en mención”, señala el documento firmado por la Red Brasileña de Reducción de Daños y Derechos Humanos, la Red Latinoamericana Reforma, la Drug Policy Alliance y 15 organizaciones más.

Estos recursos fueron entregados en el marco de la demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación que en 2013 interpuso la SMART y otras dos ONG para que la autoridad permita la siembra, transporte y consumo de mariguana, señalando que la Ley General de Salud es violatoria de los derechos para la autodeterminación de los individuos y la libre elección.

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