Cultivar la hoja de coca es legal en Perú, como lo es en Bolivia. Venderla en los mercados es legal. Fabricar harina con ella es legal. Pero convertirla en cocaína, es una actividad perseguida, al igual que procesarla, transportarla, venderla y consumirla.

En este país, un organismo del Estado compra coca a los campesinos, mientras que otro organismo se dedica a erradicar hectáreas de este cultivo. ¡Y esto sucede a veces en la misma chacra o plantación!. Estas son algunas de las paradojas de la coca.

Cultivo ancestral

La coca se consume en Perú desde hace siglos, antes de la llegada de los españoles, incluso mucho antes que los mismos incas. Masticada y mezclada con saliva, esa hoja servía como analgésico y como estimulante, pero también era utilizada como moneda de cambio en las transacciones y, con frecuencia, como ofrenda sagrada a los dioses.

Los conquistadores españoles intentaron en un primer momento arrasar las plantaciones de coca que la Iglesia asociaba a la idolatría (la llamaban “el talismán del Diablo”), pero la consecuencia inmediata fue un brusco descenso en el rendimiento de la mano de obra que arrancaba plata de las minas de Potosí y de otras no tan célebres que se extendían por el Virreynato del Perú.

Luego, con una lógica utilitarista, la Corona española cambia de política: decide primero levantar la prohibición y, seguidamente, fomentar el consumo de coca para extraer el máximo rendimiento de los mineros. Y el chacchado o picchado de coca se mantiene hasta el siglo XX como algo habitual entre los habitantes de las zonas andinas de Perú, Bolivia o Ecuador.

La excepción andina

En 1961 se firma la Convención internacional Unica sobre Estupefacientes, en la que la coca se apareja a la heroína y la cocaína, y sus firmantes se comprometían a “obligar a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre y destruir los que se cultiven ilícitamente”. Pero, en 1988, Bolivia y Perú piden que se haga una excepción con su planta ancestral y se distinga entre cultivo lícito e ilícito, teniendo “debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica”.

De entonces arranca esta situación esquizofrénica en la que, junto a las políticas de erradicación, alentadas sin descanso por los distintos gobiernos de Estados Unidos, convive el uso tradicional de la hoja de coca, al que ahora se añade una variedad de productos, como galletas, infusiones, helados y hasta caramelos elaborados con la hoja sagrada de los incas.

En Perú existe la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), establecida en la región de Cuzco, que compra a los campesinos unas 3.000 toneladas al año y las comercializa en el mercado legal a precios fijados de antemano, unos precios que los responsables de ENACO admiten ser “hasta diez veces por debajo de lo que ofrece el narcotráfico”.

Si un campesino malvive en las alturas bajas de los Andes y recibe la visita de un intermediario que ofrece hasta diez veces los precios de ENACO, ¿quién se resistiría?. Así, cada vez más campesinos peruanos caen en la tentación del polvo blanco: antes se dedicaban a vender la hoja cosechada, pero ahora, en los últimos años, prefieren instalar en su chacra una poza de maceración donde mezclan la coca con keroseno, ácido sulfúrico, acetona, alcohol industrial, carbonato de sodio y ácido clorhídrico. Parece complicado, pero los productos se venden en droguerías y almacenes de todo Perú y, según los especialistas, mezclarlos es casi un juego de niños.

Los resultados son estos: una chacra de una hectárea (medida promedio habitual) puede dar al año cinco toneladas métricas de hoja, que a razón de un kilo de cocaína por tonelada de coca, arrojan la cifra de cinco kilos de cocaína pagados a 1.000 dólares/kg. Es decir, 5.000 dólares por hectárea y año, que sube al doble en el caso del VRAE, uno de los valles peruanos donde mejor crece la planta. No es casualidad que el VRAE produzca el 50 por cien de toda la cocaína peruana, lo que equivaldría a cubrir toda la demanda que se registra en Europa.

La colisión con el terrorismo

¿Por qué el Estado peruano no acaba con el problema al menos en el VRAE, donde se produce tal cantidad de droga?. Las razones son múltiples. Comienzan con la debilidad del propio Estado, que apenas ha llevado el progreso, en forma de escuelas, carreteras u hospitales, después de dos siglos de independencia, a estos valles de selva baja.

A esto se añade la presencia de Sendero Luminoso o sus estertores (“remanentes”, como se les conoce en Perú), durante años aliados con las redes del narcotráfico. Sendero Luminoso, el grupo maoísta que tuvo en jaque al país en los años ochenta, comenzó su declive en 1993, cuando su líder, Abimael Guzmán, fue detenido y, desde la cárcel, decretó el fin de la llamada “guerra popular”. Sin embargo, hubo militantes que desconocieron el llamado de Guzmán y se refugiaron en remotos valles donde siguieron combatiendo al estado.

Los senderistas pronto encontraron en el narcotráfico un método de subsistencia. Tal vez, ellos no participaban directamente, pero sí “cobraban un peaje” a los carteles o les ofrecían seguridad, produciéndose una colisión que los medios peruanos han dado en llamar “narcoterrorismo”.

Hasta los defensores de los cocaleros, como la parlamentaria andina Elsa Malpartida, del Partido Nacionalista, reconoce que Sendero Luminoso lleva años en connivencia total con los carteles del narcotráfico.

Ciudades sin ley

En el VRAE, como en el Valle del Monzón y otros lugares de Perú, se produce así un cóctel explosivo de ausencia del estado, actividad de las mafias y presencia de grupos terroristas. Abundan los prostíbulos y los almacenes de insumos químicos. Al caer la noche, hay un inmenso tráfico humano y material, casi siempre ilícito.

Ya no tiene mucha importancia si es la mafia colombiana o la mexicana la que controla el pastel de la droga, pues el negocio se ha peruanizado por completo en las fases del cultivo, procesamiento y primer transporte, y los carteles internacionales sólo intervienen para sacar la droga del país.

Dicen los más pesimistas que en unos años Perú desplazará a Colombia. Puede entenderse si se conoce que Estados Unidos destina diez veces más dinero a la lucha antidroga en Colombia que en Perú. Si la presión contra la coca crece en Colombia, es posible que el negocio prefiera trasladarse a un escenario menos hostil.

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