Lo alertó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en un infore donde destacó que bajó el cultivo de coca en Sudamérica y subrayó que la tasa de mortalidad por consumo de drogas de EEUU triplica la media mundial.

 

 

“Se debe encontrar un equilibrio adecuado entre garantizar la disponibilidad de drogas para fines médicos, conforme a lo previsto en los tratados de fiscalización internacional, y reducir la oferta ilícita de drogas”, afirmó el trabajo del organismo que se presentó semanas antes del comienzo del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 2016, que será en abril en Viena, Austria.

El presidente de la JIFE, Werner Sipp, señaló que el mundo “no está obligado” a elegir entre una “aplicación militarizada” de la legislación sobre drogas y la legalización de su uso para fines no médicos, sino que se debe “hacer de la salud y el bienestar la piedra angular de una política equilibrada” en esa materia.

El informe del organismo de Naciones Unidas encargado del control de drogas señaló que en el último año las nuevas sustancias psicoactivas aparecieron en cantidades cada vez mayores, ya que en octubre de 2015 los Estados miembro habían confirmado 602 nuevas sustancias, lo que representa un aumento del 55 por ciento con respecto a 2014, en que se comunicaron 388 nuevas sustancias.

“El ritmo al que aparecen las nuevas sustancias psicoactivas representa un importante desafío para el sistema de fiscalización internacional de drogas, por lo que se deberán encontrar enfoques más flexibles y viables para hacer frente a esa amenaza”, se apuntó.

En su informe, la Junta se refirió además a los riesgos de la “prescripción injustificada” de benzodiazepinas, sustancias utilizadas para tratar el insomnio y la ansiedad, y su “consumo excesivo por las personas de edad avanzada”.

“Se ha demostrado que los pacientes de más de 65 años que empiezan a tomar bezodiazepinas tienen un 50 por ciento más de probabilidades de desarrollar demencia en los siguientes 15 años que las personas que nunca consumieron esas sustancias”, subrayó.

En cuanto a los analgésicos, el organismo internacional señaló que las personas de los países de ingresos medianos y bajos aún carecen de acceso adecuado a medicamentos para paliar el dolor (analgésicos opioides), pese a que el uso de esos medicamentos se duplicó en todo el mundo desde comienzos de siglo.

En tanto, los habitantes de Europa y América del Norte usan casi el 95 por ciento de los analgésicos que se consumen en el mundo.

Con respecto a las problemáticas más salientes del continente americano, la JIFE señaló que Centroamérica y el Caribe se encuentran entre las regiones con mayores tasas de violencia y homicidio en el planeta, y que además se sigue viendo afectada por el tráfico y la violencia relacionada con las drogas.

Asimismo, esas regiones “siguen siendo un importante proveedor de cannabis y una ruta de tránsito de la cocaína destinada a América del Norte y Europa”, refirió y señaló que América del Norte sigue registrando la tasa más alta de muertes relacionadas con las drogas, ya que en 2013 se comunicaron 43.000 decesos, lo que equivale a 136,8 muertes por millón de habitantes -lo que supera con creces el promedio mundial, estimado entre 40,8 y 50,5 muertes por millón de habitantes-.

En América del Sur se destacó la existencia del cultivo de arbusto de coca y el suministro de cocaína, aunque se remarcó que “los esfuerzos realizados por los gobiernos de Bolivia, Colombia y Perú en 2013 permitieron lograr los niveles más bajos desde 1990”, tendencia que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) “podría haber contribuido a reducir el suministro mundial de cocaína”.

Sin embargo, la JIFE señaló que América del Sur presenta niveles elevados de consumo de cocaína que estarían impulsados por el “aumento del uso indebido en Brasil”, país que “está invirtiendo en mejorar la recopilación de datos sobre el uso indebido de drogas, lo que incluye la realización de una encuesta entre la población penitenciaria”.

La JIFE es un órgano de fiscalización independiente y cuasi judicial encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas que se estableció en 1968 mediante la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes.

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