La operación, pionera según la Guardia Civil, se ha llevado a cabo con asesoramiento de la Agencia Española de Medicamentos y ha obligado a suspender un proyecto de investigación con marihuana que la empresa realizaba con la Universidad del País Vasco.

Una operación conjunta de Guardia Civil y Agencia Tributaria, a instancias del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y su Fiscalía Antidroga, ha intervenido uno de los mayores bancos de semillas de cannabis de España, Dinafem, que exporta a veinte países con un volumen de ventas que en 2019 alcanzó los 18 millones de euros.

La intervención ha dejado descolocado a un pujante sector que considera totalmente legal su actividad, amparándose en la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU que excluye a las semillas de la fiscalización de estupefacientes y en un extenso informe de un fiscal del Tribunal Supremo que ratificó en 2003 esa doctrina en nuestro país.

La operación, denominada Inxer-Toro y que se encuentra bajo secreto de sumario, se llevó a cabo entre el 15 y el 17 de septiembre en Guipúzcoa y Navarra con la detención de 14 personas, 17 registros domiciliarios y de naves industriales, la intervención de 207.000 euros, cuentas corrientes y monederos bictoins, 20 millones de semillas de cannabis valoradas en 100 millones de euros y “un laboratorio de alto rendimiento especializado en producción de especialidades de plantas de cannabis mediante sofisticadas técnicas de manipulación genética”, precisa la amplia nota informativa que difundió la Dirección General de la Guardia Civil.

En el mismo comunicado, se señala que a los detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, organización criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico tras unas investigaciones que se iniciaron en noviembre de 2018 y en las que han colaborado, “en labores de asesoramiento técnico”, miembros de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que tiene la competencia para autorizar cultivos de cannabis con fines medicinales o de investigación. Además, refiere la incautación de 2.100 plantas en 11 plantaciones de cultivadores “a sueldo” que, según la nota, suministraban su producción a la “Organización”.

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Uno de los responsables de la empresa detenidos en esta operación, que pasó detenido 33 horas en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo en San Sebastián, ha asegurado a Público que esta intervención no tiene ninguna justificación: “No somos delincuentes. Nosotros compramos semillas y las vendemos. Llevamos 21 años haciendo esto. Somos uno de los bancos de semillas más importantes de España y de Europa, distribuimos más de un centenar de marcas. Estamos obligados a estar auditados por facturar más de diez millones de euros y nunca han sacado nada, pagamos todos los años nuestros impuestos, llevamos 17 años acudiendo a feria internacionales de todo el mundo para exponer nuestras semillas… Lo único que pedimos es justicia”.

La primera consecuencia de esta intervención es que los 97 trabajadores de la empresa intervenida, Pot Sistemak SL, en la que se integran Dinafem y La Mota, deberán entrar en un ERTE al haber sido paralizada la entidad y bloqueadas las cuentas de todos sus responsables.

Y a causa de la clausura temporal del laboratorio de la entidad también han tenido que suspender el proyecto de investigación que estaba llevando a cabo en colaboración con la Universidad del País Vasco un equipo formado por una doctora en Salud Pública, un doctor en Química Analítica y un máster en Neurofarmacología para analizar la presencia de pesticidas en el cannabis que hay en el mercado.

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Más de 2 millones en pago de impuestos en un año

En un comunicado tras la intervención judicial, Pot Sistemak asegura que en el último ejercicio aportó al Estado 900.000 euros en contribuciones a la Seguridad Social y 2,2 millones en pago de impuestos de sociedades y rentas del trabajo. “Se trata de un duro golpe que abre una senda de incertidumbre para todo el sector y para aquellas empresas que, como nosotros, se dedican total o parcialmente a la compra-venta de semillas de cannabis”, señala la empresa, que dice “confiar plenamente en la claridad y legalidad” del modelo de negocio que ha desarrollado durante tanto años.

En España hay en torno a una quincena de bancos de semillas de cannabis y un millar de tiendas grow shops que las comercializan, un sector pujante que hasta ahora no había sido objeto de una intervención judicial como la operación Inxer-Toro, que la propia Guardia Civil califica de “pionera en su género”.

A falta de una regulación específica en España sobre el uso del cannabis, esta actividad empresarial se ha guiado, fundamentalmente, por lo dispuesto en la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, incorporada en el Boletín Oficial del Estado de 4 de noviembre de 1981, en cuyo artículo primero excluye a las semillas y a las hojas no unidas a las sumidades de la definición de cannabis en materia de fiscalización de estupefacientes.

Esa disposición de Naciones Unidas forma parte del informe que el fiscal del Tribunal Supremo Fernando Sequeros Sazatornil, hoy ya jubilado, publicó en 2003 con el título La venta de semillas de cannabis, de equipos y materiales para su cultivo, así como su propaganda, como actos de trascendencia penal, y cuyo contenido ha sido esgrimido desde entonces por el sector empresarial afectado como un aval a la legalidad de su actividad a falta de una regulación específica.

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En la publicación del fiscal Sazatornil se señala que en las listas de fiscalización de estupefacientes de la ONU se incluye “toda planta del género cannabis (…) quedando excluidas las semillas por carecer de principio activo”. Y en otro apartado del estudio jurídico se afirma: “Debe concluirse con la determinación de que únicamente cuando el vendedor de semillas de cannabis se concierta con el adquirente, o asume la determinación de éste de destinar aquéllas a un cultivo preordenado a su tráfago, podría incurrir en responsabilidad penal como coautor en la comisión de un delito contra la salud pública del art. 368 del Código Penal en su modalidad de drogas que no causan grave daño a la salud pública, quedando erradicados del mismo los demás comportamientos instrumentales facilitadores del facilitadores del consumo de la planta”.

Solidaridad del movimiento asociativo cannábico

La operación contra uno de los principales bancos de semillas no ha causado sólo sorpresa y desazón entre este sector empresarial, también ha provocado una oleada de solidaridad de una gran parte del movimiento asociativo cannábico de toda España, que ha mostrado su indignación por lo que considera una escalada en la persecución policial y judicial que, a su entender, ya venían padeciendo las asociaciones de usuarios, también en un limbo legal por la falta de regulación de su actividad.

La más rotunda ha sido la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi (EUSFAC), que ha emitido un comunicado para mostrar “su profunda preocupación con alguna de las intervenciones policiales que han tenido lugar durante las últimas semanas”, que, denuncia, se han desarrollado con “brutalidad y desproporción” contra “personas ‘investigadas’, vejadas, vulneradas en su privacidad e incluso detenidas en calabozos por espacio de 72 horas”.

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En el mismo comunicado, la federación vasca critica, además, que “la Administración en su conjunto hace oídos sordos a la mayoría social que solicita un cambio de políticas en relación a la regulación del cannabis, obviando que tiene encima de la mesa un problema social”.

Hugo Madera, portavoz del Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, considera sorprendente la intervención judicial de Dinafem y La Mota, porque, dice, se trata de “un debate ya superado” desde la publicación del informe del fiscal del Supremo en 2003, desde que en 1999 las grow shops empezaron a pagar el IVA por su actividad empresarial y desde que la Convención Única de Estupefacientes excluyó de sus listas de fiscalización a las semillas de la marihuana.

Según Madera, una de las cosas más sorprendentes de la nota informativa que emitió la Dirección General de la Guardia Civil sobre la operación Inxer-Toro es la mención que hace del asesoramiento técnico de miembros de la AEMPS en la investigación. El portavoz del Observatorio tacha de “nefasta y tóxica” a la Agencia de Medicamentos del Ministerio de Sanidad por esta función de asesoramiento en una investigación sobre un banco de semillas, en vez de propiciar avances en políticas de regulación del cannabis como las que se están llevando a cabo en otros países de Europa y del resto del mundo. “La AEMPS tiene un problema con la realidad, sigue todavía en el siglo XX y ya estamos en el XXI”, concluye.

Responsables de la empresa intervenida en Guipúzcoa participan precisamente en otra entidad que ha sido autorizada recientemente por la AEMPS para un cultivo de plantas de cannabis con fines de investigación.

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