La XVIII Conferencia Internacional sobre SIDA, celebrada del 19 al 23 de julio en Viena, pide que los gobiernos y organismos internacionales reconozcan el fracaso del enfoque de la “guerra contra las drogas”. La investigación de décadas muestra, dicen los especialistas, que la visión prohibicionista y represiva no reduce la demanda y la violencia y sí las incrementa.

La ONU en respuesta a los daños sociales y de salud, afirma la declaración, fomentó un “gran régimen internacional de prohibición de drogas” que ha fracasado. La comunidad científica internacional, reunida en Viena, pidió que la ONU reconozca “las limitaciones y los perjuicios de la prohibición de drogas” y que promueva una “política de drogas para retirar barreras”.

La Declaración de Viena sostiene que la estrategia seguida estos años fracasó “en evitar la disponibilidad de drogas ilegales -y que- durante las últimas décadas, los sistemas de vigilancia de drogas nacionales e internacionales han demostrado un modelo general de baja del precio de la droga, y aumento de su pureza a pesar de masivas inversiones en la aplicación de leyes antidrogas”.

El texto afirma: “Vista la abrumadora evidencia de que la aplicación de la ley antidrogas no ha logrado alcanzar los objetivos indicados, es importante que se admitan y se encaren sus consecuencias nocivas”, que incluyen:

Epidemias de VIH estimuladas por la penalización de quienes usan drogas ilícitas y brotes de VIH entre consumidores encarcelados e institucionalizados.

Socavar los sistemas de salud públicos cuando la ley aleja a los consumidores de los servicios asistenciales y los empuja a ambientes donde aumenta el riesgo.

Crisis en el sistema penal, por porcentajes de encarcelación sin precedentes, en un gran número de países.
Estigmatización de las personas que usan drogas ilícitas, lo que refuerza la popularidad política de penalizar a los consumidores.

Violación, en algunos países, de los derechos humanos que incluye: tortura, trabajo forzado, tratamiento inhumano a los dependientes y ejecución de narcotraficantes.

Un mercado ilícito masivo con valor anual estimado en 320,000 millones de dólares. Este negocio está fuera del control de los gobiernos.

Se afirma también que “miles de millones de dólares de los contribuyentes” se han malgastado en la estrategia de “guerra” que “no sólo no logra los objetivos indicados, sino que directa o indirectamente contribuye a los estragos arriba mencionados”. El texto planeta también que a pesar de la evidencia del fracaso éste no es reconocido “por aquellos que tienen intereses creados en mantener el status quo”.


Reacción ante la crisis

La declaración asegura que los gobiernos y las organizaciones internacionales, ante el fracaso de la estrategia que ha provocado miles de muertes, “tienen la obligación moral y legal de reaccionar frente a esta crisis y deben intentar promulgar estrategias alternativas basadas en evidencias, que reduzcan de manera efectiva los estragos de las drogas sin crear perjuicios propios”.

Los asistentes al encuentro y miles de ciudadanos de todo el mundo, que se han unido a la declaración, apelan a los gobiernos y organizaciones internacionales incluyendo la ONU, para que:

Emprendan una revisión transparente de la efectividad de las actuales políticas contra las drogas.

Evalúen, con en un enfoque empírico de salud pública, los estragos provenientes del uso de drogas ilícitas.

Despenalicen a los consumidores de drogas y aumenten las opciones alternativas de tratamientos de la dependencia.

Amplíen los fondos para la implementación del paquete de intervenciones VIH enunciadas en la Guía de Objetivos de la OMS, la ONUDD y ONUSIDA.

Involucren a la comunidad afectada en el desarrollo, monitoreo e implementación de servicios y políticas que impactan sus vidas.

Llaman también a que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, implemente con urgencia “medidas que aseguren que el sistema de las Naciones Unidas -incluyendo la Junta Internacional de Control de Narcóticos- hable con una sola voz en apoyo de la despenalización de los consumidores de drogas” y también que impulse la “implementación de estrategias, basadas en pruebas para controlar la droga”.


Reorientación de las políticas

Los expertos plantean que “fundamentar las políticas de drogas en evidencias científicas” no va a eliminar el consumo de las drogas. Pero la reorientación de las políticas hacia “estrategias basadas en pruebas que respeten, protejan y cumplan con los derechos humanos tiene la potencialidad de reducir los estragos de las actuales políticas y permitiría redirigir vastos recursos financieros hacia donde son más necesitados:

Implementar y evaluar la prevención basada en pruebas, reglamentación y programas de tratamiento y reducción de daños”.

La declaración ofrece una nueva manera de ver el problema de las drogas y el tratamiento que deben darle los gobiernos y organismos internacionales ante la evidencia empírica del fracaso del enfoque de prohibición y guerra, como lo confirman cada vez más estudios académicos. Si se quiere encarar la problemática, las autoridades, incluyendo las de México, deben abandonar la actual estrategia y buscar alternativas.

Por Rubén Aguilar Valenzuela.

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