La Asociación de Usuarios de Cannabis “Pannagh” va a recurrir la sentencia del Tribunal Supremo que condena a varios de sus miembros al estimar que detrás de esa resolución había una intencionalidad “totalmente política” y que ha vulnerado derechos fundamentales de los enjuiciados.

En comparecencia ante los medios, el presidente de Pannagh, Martín Barriuso, ha recordado que la sentencia del Supremo del pasado mes de diciembre le condenaba a él mismo y a otro miembro de este colectivo a una pena de prisión de un año y ocho meses de cárcel y a una multa de 250.000 euros cada uno, por un delito contra la salud pública.

Asimismo, impuso a otros dos socios una pena seis meses de prisión, en una resolución “absolutamente desproporcionada”, “con ensañamiento” e “injusta”.

La sentencia reprochó que el cultivo y distribución “organizada y con vocación de persistencia en el tiempo” de cannabis, entre un colectivo como el de la asociación Pannagh, de más 300 miembros y abierto a nuevas incorporaciones, “colma las previsiones del delito contra la salud pública previsto en el artículo 368 del Código Penal y no encaja en un supuesto de cultivo compartido no punible”.

Barriuso ha explicado que los letrados de la asociación van a presentar un incidente de nulidad de esa sentencia y que, de no prosperar recurrirán ante el Tribunal Constitucional o incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “hasta agotar toda la vía judicial” para conseguir “que la sentencia no se ejecute”.

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Pannagh ha denunciado que ese pronunciamiento del Supremo tiene una pretensión “política y ejemplarizante que, por medio de la más dura represión, castiga” a varios de sus asociados, en una sentencia “sin fundamentos jurídicos claros”.

Además, han opinado que esa condena penaliza a quienes han luchado para lograr cambios legales que permitan la legalización del cannabis y evidencia “una conjunción de esfuerzos entre el Plan Nacional de Drogas del Gobierno, la Fiscalía y el Supremo” para “frenar” esa reforma del Código penal.

Entre los “errores” de la resolución, Barriuso ha expuesto que el Supremo “ha copiado párrafos exactos” de una sentencia de septiembre de 2015 contra la asociación Ebers, también de Bilbao, con fallos en cuanto al número de socios y al contenido de los estatutos de la asociación, así como se equivoca en el cálculo de la multa respecto a la cantidad de cannabis incautado.

Asimismo, ha denunciado que el Supremo “ha alterado el relato de hechos probados” que recogía la sentencia inicial de la Audiencia de Bizkaia, que resolvió absolver a los acusados al estimar que los miembros de la asociación, legalmente constituida, cultivaban y consumían esa sustancia, sin obtener de ello un beneficio económico.

El Supremo, ha lamentado Barriuso, les condena por un supuesto enriquecimiento derivado de la distribución y venta de la droga “que no se ha demostrado” pero que, según el tribunal, “existía el riesgo potencial” de que se produjera esa venta fuera de la asociación y un enriquecimiento económico.

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Ha lamentado una condena “tan dura que puede llevar a la ruina” a los dos principales condenados y ha considerado “urgente” que el Congreso y Senado afronten el cambio normativo oportuno para legalizar el cannabis como, a su juicio, demanda la mayoría de la sociedad.

La sentencia, que condena la actividad de los grupos que consumen esa sustancia, “favorece las redes de tráfico ilícito de drogas”.

Barriuso ha agradecido el apoyo recibido por formaciones políticas como EH Bildu, Podemos y Ezker Anitza-IU, algunos de cuyos representantes en Bizkaia le han acompañado en la rueda de prensa, así como ha valorado la solidaridad de la que fuera directora de Drogodependencias del Gobierno Vasco en la anterior legislatura, Celina Pereda, y del Ararteko.

Video rueda de Prensa Pannagh

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