El Departamento de Justicia detecta falta de control en pagos millonarios de la DEA

Trabajadores de compañías de transporte, de Amtrak — la mayor empresa ferroviaria de Estados Unidos — y de aerolíneas comerciales cobraron grandes cantidades de dinero entre 2011 y 2015 a cambio de ser informantes, espías improvisados para la Administración para el Control de Drogas (DEA). Según desvela un informe publicado este jueves, la agencia encargada de acabar con el tráfico de drogas en el país cometió irregularidades de forma rutinaria en la contratación de fuentes confidenciales.

El estudio, elaborado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG, por sus siglas en inglés) revela numerosas ineficiencias en el programa de la DEA que contrata fuentes confidenciales y establece unas recomendaciones para mejorar el funcionamiento y el control de este tipo de contrataciones.

“Hemos encontrado que el programa de fuentes confidenciales de la DEA no cumplía con las pautas establecidas por el fiscal general sobre el uso de este tipo de informantes”, explica el documento fruto de una auditoría realizada por el OIG. “Entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de septiembre de 2015, la DEA tuvo más de 18.000 fuentes confidenciales activas y, de éstas, más de 9.000 recibieron aproximadamente un total de 237 millones de dólares en pagos por sus servicios a la DEA”.

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Algunos de los ejemplos más notables son un empleado de una aerolínea que cobró más de 600.000 dólares en un periodo de cuatro años. O ocho personas que recibieron 25 millones de dólares en cinco años — unos 555.555 dólares al año — a cambio de “dar información y prestar servicios relacionados a programas de inteligencia”.

Al menos 33 trabajadores de Amtrak colaboraron con la DEA entre 2011 y 2015 y recibieron un total de 1.5 millones por su asistencia, que en todos casos era una tarea a tiempo parcial, al margen de sus trabajos principales.

“En esta investigación, hemos concluido que el manejo y la supervisión de la DEA sobre su programa de fuentes confidenciales necesita una mejora sustancial”, achaca el informe. “La DEA no supervisó de manera adecuada los pagos a sus fuentes y se expuso a un riesgo por fraude y abuso (de las fuentes confidenciales hacia la organización) inaceptable”, escribe el Inspector General que ha dirigido la investigación, Michael Horowitz.

Las fuentes se comunicaban con la DEA a través de mensajes de texto o correo eléctronico y, en ocasiones, de manera diaria. Según explica el estudio, tampoco se tomaron las precauciones necesarias para establecer canales de información seguros, lo cual no sólo hizo la información vulnerable sino que también impide conocer el número exacto de comunicaciones e informantes que realmente tuvo la agencia.

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A su vez, la falta de un control exhaustivo sobre los informantes que ha tenido la agencia dificulta la posibilidad de evaluar el impacto de estas colaboraciones en las misiones que lleva a cabo la DEA. Aunque autoridades de la DEA afirman que “estas fuentes aportaron una información inestimable que facilitó el arresto de criminales y la intercepción de droga”, el OIG pone en duda la supuesta efectividad de este método para obtener información fiable.

El informe, que concluye con unas recomendaciones para la mejora del funcionamiento de la relación entre informantes y la DEA, ha sido bien recibido por la agencia. “Apreciamos las recomendaciones de la OIG y estamos comprometidos a reforzar la responsabilidad y la efectividad de este programa que es esencial para nuestra misión”, dijo una portavoz de la agencia.

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