El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, anunció este jueves que el Gobierno otorgará licencias a cinco empresas nacionales para la producción e industrialización controlada de cannabis medicinal.

Las solicitudes deberán ser presentadas del 1 al 31 de octubre a la cartera de Salud y deberán estar acompañadas de documentos relacionados con buenas prácticas, plan de seguridad, de cultivo e industrialización, de trasporte, disposición y de exportación.

También el jueves, el Congreso paraguayo aprobó un proyecto de ley por el cual se despenaliza el autocultivo de marihuana para uso medicinal, siempre y cuando el paciente cuente con certificado médico y el cultivo se efectúe en un terreno autorizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

En conferencia de prensa, Mazzoleni informó que el 2 por ciento de la producción de estas empresas se destinará al Ministerio de Salud Pública, por lo que el cannabis de uso medicinal se otorgará gratuitamente a los pacientes que lo requieran para su tratamiento.

Explicó que para el otorgamiento de las licencias, se conformará una comisión evaluadora integrada por las máximas autoridades de la cartera a su cargo, de la SENAD, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Por su parte, el ministro de la SENAD, Arnaldo Giuzzio, anunció que las primeras licencias se expedirán a fines de noviembre o principios de diciembre de este año.

Por tanto, agregó, en aproximadamente seis meses se tendrán los primeros resultados del nivel y calidad de la producción del cannabis en prospecto controlado, que por el momento se hará solamente en el departamento Central.

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Señaló por otro lado que la proyección del Gobierno es que el cannabis medicinal sea utilizado más adelante como alternativa de cultivo en los lugares en los que tradicionalmente se planta marihuana de uso recreativo.

En la legislación paraguaya actual, el autocultivo de marihuana y la producción de aceite de cannabis para uso medicinal es penado por ley, por lo que pacientes que requieren de su uso se ven obligados a comprar cannabis medicinal importado a altos costos.

En 2017, una persona fue condenada a dos años y medio de privación de libertad por producir y proveer gratuitamente aceite de cannabis para uso medicinal.