El Gobierno de España considera que el proyecto vasco de Ley de Adicciones despenaliza y legaliza “de hecho” el cultivo y el tráfico de cannabis al avalar la regulación de los denominados ‘clubes’ de consumidores de esta sustancia. Sendos informes de los Ministerios de Justicia e Interior advierten que vulnera el orden constitucional de reparto de competencias.

El Gobierno Vasco aprobó el pasado 9 de diciembre el proyecto de Ley de Adicciones y lo remitió al Parlamento de Vitoria para su tramitación. La Administración del Estado había guardado hasta ahora silencio y sólo había manifestado su disconformidad con aspectos menores acerca del contenido y uso de las lenguas en los documentos oficiales que autorizan la venta de tabaco. Sin embargo, los Ministerios de Justicia e Interior remitieron recientemente al Ejecutivo de Urkullu sendos informes en los que avisan de la colisión del proyecto, y más concretamente del artículo 83 sobre las asociaciones de consumidores de cannabis, con el Código Penal y las competencias que la Constitución Española asigna de forma exclusiva al Estado.

El Gobierno del PNV procedió de inmediato a remitir dichos informes al Parlamento Vasco, ya que el proyecto de ley se encuentra ya en fase de tramitación legislativa y, por lo tanto, en manos de los grupos políticos.

Los dos informes concluyen que el proyecto de Ley de Adicciones se inmiscuye “en una materia cuya regulación corresponde en exclusividad al Estado al tratarse de la competencia sobre legislación penal, así como de seguridad pública y de productos farmacéuticos” y, por lo tanto, vulnera “el orden constitucional de competencias entre el Estado de la CAV”. De hecho, subraya que está recurrida ante el Tribunal Constitucional por los mismos motivos la Ley Foral reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis de Navarra. Un aviso de lo que podría pasar en el caso de que el texto sea aprobados sin cambios en el mencionado artículo.

El Ministerio de Justicia recuerda en su escrito que el Código Penal tipifica como delito el cultivo, la elaboración, el tráfico y la promoción del consumo ilegal de drogas como el cannabis con penas de entre uno y seis años en función de la gravedad. La única excepción que recoge la ley es la producción autorizada de cantidades necesarias para la investigación médica. Es cierto que la Ley de Adicciones intenta adaptarse a la jurisprudencia que abre la puerta al “autoconsumo plural” en determinadas condiciones, explica, pero sigue considerando muy dudosa su adecuación a la “norma penal”. Y es que, según afirma, el proyecto de ley no limita el autoconsumo a los adictos ni a algo “esporádico” como dicen los jueces.

Los mismos argumentos esgrime el Ministerio de Interior: Euskadi carece de competencias para regular esta materia y el cannabis está catalogada en el derecho nacional e internacional como sustancia estupefaciente cuyo cultivo y elaboración está tipificado como delito salvo los autorizados con fines terapéuticos. “Queda fuera del ámbito competencial de una comunidad autónoma”, dice.

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