El Ministerio Público también solicita el pago de una multa de 10.400 euros y la suspensión de actividades durante cinco años

La Fiscalía de Tarragona solicita cinco años y medio de prisión para los cuatro responsables de la Asociación Diógenes Smoking Club, una asociación cannábica de Tarragona, por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita. Además, el fiscal también pide el pago de una multa de 10.400 euros, la suspensión de actividades por un plazo de cinco años, la clausura de locales y establecimientos de la asociación por el mismo plazo, y la prohibición definitiva de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se ha cometido, favorecido y encubierto este delito.

El juicio tendrá lugar en fecha no determinada aún en la Audiencia Provincial de Tarragona y en el banquillo de los acusados se sentarán los tres miembros de la junta directiva –presidente, secretario y tesorero– así como la persona que realizaba la venta de sustancia estupefaciente en el local de la asociación y que en su día ostentó el cargo de secretario.

El escrito de acusación apunta que los acusados, de mutuo acuerdo, decidieron dedicarse a la venta de sustancias estupefacientes, concretamente marihuana, a tercera personas con la finalidad de obtener beneficios económicos. Con la finalidad de intentar dar cobertura a dicha actividad ilícita, los procesados decidieron crear una asociación para poder inscribirse en el Registre d’Associacions y poder actuar bajo el amparo de dicha denominación.

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Los estatutos

Los acusados procedieron a redactar unos estatutos de constitución de la Asociación Diógenes Smoking Club, confeccionados con fecha 20 de septiembre de 2013. Fueron presentados para su inscripción en el Negociat d’Entitat Jurídiques de los Servei Territorials de Tarragona del Departament de Justícia el 19 de junio de 2015. En el redactado no se incluían como fines de la asociación ni el cultivo de la marihuana ni su venta, estableciendo expresamente que “la asociación no pretende en modo alguno llevar a cabo ninguna de las conductas consideradas como delito contra la salud pública en el Código Penal (…)”. La entidad quedó registrada el 14 de septiembre.

Se estableció como domicilio de la asociación la avenida Maria Cristina. La entidad se estableció sin patrimonio inicial. El 25 de julio de 2014 el presidente comunicó al Ayuntamiento de Tarragona la apertura de un club social privado de fumadores de cannabis, aportando documentación técnica, informe de incendios y autoliquidación de tasa, junto con otros documentos. El 16 de noviembre, el Ayuntamiento comunicó la existencia de informes negativos a la autorización de la licencia de apertura pedida.

Las personas que se inscribían como socios de la asociación no pagaban ningún tipo de cuota por pertenecer a la misma, limitándose a pagar las cantidades de sustancia estupefaciente que se les entregaba. Vendrían el gramo de marihuana a cinco euros.

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A partir de la petición de licencia al Ayuntamiento, la Guàrdia Urbana de Tarragona, conjuntamente con la Guardia Civil, comenzaron una investigación y controlaban las personas que entraban y salían. En dichas vigilancias, distintas personas se acercaban al local, permaneciendo en el interior escasos minutos -entre dos y ocho-, y salían al exterior tras haber adquirido la sustancia estupefaciente.

El 27 de julio, los agentes pidieron al Juzgado una petición de entrada y registro, que fue denegada. Por ello, siguió la investigación. Finalmente, cuando la causa ya estaba en el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, el 10 de noviembre se solicitó de nuevo autorización para acceder al local y en este caso se concedió. Y así se hizo a las 15.44 horas del día 12 de noviembre. 

Los agentes encontraron marihuana repartida por todo el local y de diferente calidad , así como bolsas autocierre básculas de precisión, etc. Al presidente de la entidad se le intervinieron 800 euros procedentes de la venta de la droga. La sustancia intervenida pesaba 375 gramos, con un valor de 1.710 euros.