Las ventas de productos de cannabis medicinal en Europa generaron entre 230 y 250 millones de euros en 2019, según un estudio de la publicación estadounidense Marijuana Business Daily, que destaca que Alemania, Italia y Holanda son los países con el mayor mercado del continente, cuyo volumen total aún no alcanza ni siquiera la mitad del que representa el estado norteamericano de Arizona. España, sin embargo, no saca tajada de ese creciente negocio al no haber regularizado el cannabis con fines terapéuticos, aunque sí tiene empresas autorizadas por el Gobierno para exportarlo.

El informe de Marijuana Business, empresa de comunicación especializada con base en Colorado, estado con una de las mayores industrias del cannabis del mundo, va dirigido fundamentalmente a los empresarios e inversores de ese país interesados en ampliar su campo de negocio en Europa, que, por población, renta per cápita y cobertura sanitaria, se prevé será un día el mercado más grande del mundo para el cannabis medicinal, mayor incluso que el de Canadá y EEUU juntos, según este estudio.

Elaborado con la aportación de datos de las agencias estatales que gestionan la producción y distribución del cannabis medicinal en los países donde está regulado su uso, así como con valoraciones de expertos locales, el informe refleja la complejidad del mercado europeo para el inversor foráneo debido a la gran variedad de sus legislaciones y marcos normativos, idiomas y culturas. Pero sus autores subrayan, por el contrario, su crecimiento y, más que nada, su enorme potencial.

Sobre todo, el de Alemania, líder absoluto de este mercado en Europa desde que en 2017 legalizó el uso medicinal del cannabis. Según el informe, las ventas crecieron el año pasado en ese país más que las de sus dos predecesores juntos, Italia y Holanda. Aumentó en más del doble la importación de flores de cannabis -hasta alcanzar las 6,5 toneladas– para dispensar a los pacientes en las farmacias, donde gestionaron 267.348 recetas, un 44% más que en 2018 y con un valor de 123 millones de euros. Esas recetas forman parte de un programa nacional público para la administración de estos productos, pero si se le añaden las compras hechas sin prescripción, las ventas alcanzaron los 170 millones de euros, estiman los autores del estudio.

Italia sigue ocupando la segunda plaza del continente en el mercado de productos de cannabis medicinal: las ventas de flores aumentaron un 50%, la mayoría importadas de los Países Bajos y con las que se hacen las preparaciones magistrales en las farmacias que luego se administran a los pacientes. Se estima en unos 20 millones de euros el valor del mercado en este país, que cuenta desde 2013 con una ley que creó un órgano estatal del cannabis y autorizó su uso medicinal para que los pacientes puedan suministrarse en las farmacias mediante una receta o autorización por prescripción médica.

Para rebajar los costes de la importación de la marihuana, el Gobierno italiano decidió empezar a cultivarla en unos terrenos propiedad del ejército, aunque sigue siendo una producción menor.

Holanda, además de la tercera en ventas en Europa dentro de su territorio, sigue siendo la potencia exportadora del continente y la más veterana en el sector, ya que su Oficina de Cannabis Medicinal, creada hace más de 15 años, es una de las primeras del mundo. Países Bajos exportó el año pasado 3.376 kilos de flores para dispensar en farmacias y otra tonelada de dronabinol, según Marijuana Business, que estima el valor de mercado interno holandés en 12 millones de euros.

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Por su parte, el programa para uso de cannabis medicinal puesto en marcha en 2018 en Dinamarca generó el pasado año unas ventas de cerca de dos millones de euros, al que se suman los casi 4 millones de cannabinoides aislados en preparaciones magistrales que no forman parte de ese programa. Y la República Checa, a pesar de ser uno de los primeros países en regularizar el uso terapéutico de la marihuana –en 2012-, sus farmacias sólo dispensaron 17 kilos de flores en 2019, aunque esa cifra triplicó la registrada el año anterior.

España en una situación residual

España, sin embargo, apenas ocupa unas líneas en un apartado que dedica este estudio a “otros países”, en los que se incluye a Grecia y Portugal, y de los que se dice que “tienen una industria exclusivamente orientada a la exportación”. En esos tres países del sur de Europa aún no hay pacientes de un cannabis medicinal regularizado, salvo a los que se administra Sativex o Epidiolex, fabricados por una empresa angloestadounidense para el tratamiento de diferentes patologías.

En nuestro país, hay cuatro empresas que disponen de una autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la producción y fabricación de cannabis con fines médicos, facturación que deben destinar al completo a la exportación porque su uso no está aún regularizado en España. 

Una de ellas es Linneo Health, heredera de Alcaliber, la compañía española del magnate Juan Abelló líder durante décadas del mercado farmacéutico mundial de morfina y tebaína. Esta empresa fue adquirida por una nueva entidad integrada en un 60% con capital del fondo británico GHO con base en las Islas Caimán y en un 40% por Torreal, vehículo inversor del propio Abelló, que se quedaron con la licencia del Estado de la que ya disfrutaba Alcaliber para cultivo de cannabis con fines medicinales. 

Y otra es la canadiense Canopy Growth, la firma más importante del mundo en este sector, que se instaló el pasado verano en el Parque Científico de Alicante tras adquirir la empresa Cáñamos y Fibras Naturales SL, Cafina, que contaba con dos autorizaciones de la AEMPS, una para cultivo con fines de investigación y otra con fines médicos y científicos.

¿Qué dinero de ese mercado del cannabis medicinal está revirtiendo en España? No se han difundido datos de los ingresos que la exportación pudiera estar generando en las empresas que tienen autorización en nuestro país, pero sí se conocen algunas estimaciones de los beneficios que podría originar una regularización del cannabis: la Confederación de Asociaciones Cannábicas (Confac) calculó hace un año que el Estado, en caso de una legalización integral, podría percibir entre 3.400 y 3.800 millones de euros anuales por el cobro de impuestos directos como el que percibe por el tabaco, y que se crearían en torno a 20.000 puestos de trabajo en las labores de cultivo, transporte, venta, cata, publicidad y otras actividades relacionadas con el consumo de este producto.

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“Estamos perdiendo una grandísima oportunidad para estar en primera línea del mercado”, subraya Eric Asensio, portavoz de Confac. A su juicio, es un error que no se tomen las medidas legales para que aflore todo un mercado que ahora está sumergido, de personas que acuden a internet, asociaciones y otra multitud de vías para adquirir cannabis con fines terapéuticos. “No acabamos de entender –dice- por qué en Alemania o en la República Checa sí se puede y aquí, no, si se trata de la misma evidencia científica”.

El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), un grupo español de expertos en este sector, también se lamenta de que los sucesivos gobiernos de España no hayan dado los pasos legales necesarios para haber convertido a nuestro país en “una potencia mundial” en el mercado del CBD (componente del cannabis utilizado con fines terapéuticos) en cuyas genéticas ha sido pionero, mientras que se ha autorizado “sin ninguna transparencia” a algunas empresas para que puedan ganar dinero con la exportación.

El OECCC, que ha editado durante la pandemia el documental Marihuana, primero las personas, considera, no obstante, que cualquier regulación que se afronte debe anteponer los intereses de la ciudadanía, es decir, su derecho a la salud y a no verse privado de un acceso mínimamente garantizado al cannabis, como ha ocurrido durante el estado de alarma a causa del cierre de los clubes y asociaciones de usuarios de esta sustancia, señala su portavoz, Hugo Madera. Y después, ese proceso –añade- debe abrirse a todos los sectores, pequeños cultivadores y cooperativas, y no limitarse al de las grandes empresas.

La regulación del cannabis en España se paró en 1967, cuando aún mandaba en este país el general Franco. Ese año, el dictador firmó una ley sobre la concesión de licencias para el cultivo de cannabis con uso médico o científico, una norma que completaba una orden anterior, de 1963, sobre cultivo de plantas medicinales relacionadas con los estupefacientes, y que son las que siguen vigentes más de 50 años después. Mientras, la sociedad ha ido por otro camino, ya que el último Barómetro del CIS en el que se preguntó por este tema, el de noviembre de 2018, reveló que el 84% de los españoles está favor de que se legalice la marihuana para un uso médico, un porcentaje que casi duplica al 47,2% que aprueba una regularización del uso general del cannabis, en determinados establecimientos y condiciones.

En el terreno político, Más País ha sido la formación que ha llevado a cabo la última iniciativa en este terreno, una proposición no de ley que presentó el pasado jueves en el Congreso en la que insta al Gobierno a hacer una regulación específica y responsable del consumo de cannabis, la droga ilegal más consumida en España. Sostiene esta organización que el Estado, en vez de “despilfarrar dinero público” en la persecución del tráfico y el autocultivo, debería de fijar unos estándares de calidad y certificación para garantizar un consumo apropiado y proteger a los menores de edad.

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