Los clubes de consumidores del cannabis están pendientes del próximo pronunciamiento del Supremo sobre este hábito. En Sevilla hay unos 20.

Una puerta cerrada vigilada bajo una cámara de seguridad. Es la entrada al club de consumidores de cannabis Sevikanna. La asociación, localizada cerca del centro de Sevilla, vive días de inquietud. El Tribunal Supremo ha establecido que el consumo de marihuana en una asociación a favor de cannabis debe ser condenada por un delito contra la salud pública. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha estimado así un recurso de la Fiscalía en contra de la decisión de la Audiencia Provincial de Vizcaya de absolver a cinco miembros de la asociación de estudios y usuarios del cáñamo Ebers. 

Aunque parezca la entrada a un garito controlado por la mafia, en su interior se encuentra un espacio deambiente acogedor. El establecimiento cuenta en su haber con una amplia estancia ocupada por mesas y sillones, un escenario para conciertos y proyecciones, una barra que hace de bar, una zona de juegos con videoconsolas y un dispensario donde los socios pueden retirar su cuota de cannabis. En la última estancia se ubica una sala polivalente que actúa desde biblioteca -grandes estanterías llenas de libros decoran la habitación- hasta sala de estudio. Su principio para poder ejercer está basado en la doctrina del autoconsumo compartido. Una costumbre asentada en los organismos judiciales que en 2014 supuso la absolución en Sevilla del club Medical Weed. Así hizo Sevikanna en su nacimiento hace un año. 

La sede del club privado, sólo comprendido por socios con capacidad para avalar a un nuevo integrante, es un lugar cerrado y acondicionado, integrado por dos máquinas de ozono y dos extractores de aire que limpian el ambiente constantemente, cuya cantidad máxima que puede retirar un miembro al día es de cinco gramos, máximo que impide la posible compraventa. 

Actualmente lo forman más de 1.000 socios que abonan una cuota anual de 30 euros. Disponen los afiliados de un máximo de 60 gramos de cannabis al mes y cuyo control de consumición está registrado por el propio club que apunta las cantidades retiradas. Para poder satisfacer la demanda de usuarios, el grupo autoproduce su mercancía, y las deposita en el dispensario. “El cultivo está supervisado por un ingeniero agrícola para no crear excedentes”, comentó el secretario de la agrupación, Carlos de la Fuente. 

“Hay personas con 78 años que vienen únicamente a retirar su cuota para poder aliviar aquellos dolores que sufren”, afirmó el responsable, quien añade que para ser asociado la persona debe tener al menos 21 años, considerada por ellos la edad mental apropiada para iniciarse. Un establecimiento aceptado mayoritariamente por los vecinos de la zona. Consumir marihuana no es la única actividad que puede llevarse a cabo en esta organización sin ánimo de lucro, los beneficios son reinvertidos en el mantenimiento y mejora del establecimiento. 

La asociación también lleva a cabo labores sociales y culturales. Cuentan semanalmente convideoconferencias ofrecidas por doctores de medicina, consultas a pacientes para aconsejar y explicar el uso terapéutico del cannabis, conciertos de músicatalleres de repostería y próximamente añadirán actuaciones teatrales, entre otras actividades. También colaboran en la organización de Expocáñamo, feria industrial y medicinal de la planta, celebrada el pasado año en Fibes. 

Una práctica que en la actualidad da empleo a más de seis personas. “Deberían regular el consumo, eso esta claro, pero no pueden prohibir un proyecto destinado a amigos y familiares que fomenta la creación de trabajo”, aseguró De la Fuente, quien agregó que es una industria que debería ser impulsada por las organizaciones estatales y no perseguida. “Andalucía podría verse enriquecida si promoviera el uso industrial del cáñamo”, finalizó el secretario, quien alega que si la condena persiste, difícilmente podrá mantener a sus trabajadores. 

Según los responsables de Sevikanna, “el club es tan sólo uno de los veinte que hay en la provincia de Sevilla, entre ellas se encuentra La Fuma, Club Thc o la Asociación Ramón Santos de Estudios Sobre el Cannabis”. 

Estos clubes ven con inquietud como desaparecerían si la condena del organismo judicial siguiese y crease jurisprudencia. Alegan que no sólo conllevaría el cierre del club y el despido de cientos de trabajadores en toda España, sino que causaría pérdidas económicas de hasta 50.000 euros para aquellos miembros que decidieron acondicionar un local para poner en ejercicio sus hábitos.

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