La Fiscalía de Cantabria detecta un “incumplimiento de las condiciones de consumo compartido” y “una estructura de empresa con una disposición comercial lucrativa”

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La regulación del uso terapéutico y la legalización del consumo de la marihuana es una vieja reivindicación de colectivos cada vez más numerosos en España. Así lo reconoce incluso la Fiscalía de Cantabria en su última memoria anual, que repasa las actuaciones del Ministerio Fiscal en el año 2014 y que llama la atención sobre el crecimiento progresivo de este tipo de clubes de fumadores en el territorio de la comunidad autónoma.

El documento consultado por eldiario.es pone la lupa en los delitos contra la salud pública e incide en la proliferación del asociacionismo en torno a la cultura del cannabis, al tiempo que  denuncia el aumento “significativo y paulatino” del cultivo y del consumo de marihuana en Cantabria.

De hecho, el informe recalca el crecimiento progresivo de las intervenciones de marihuana en plantas, tanto producto de cultivos en exterior como en cultivos de interior, y reconoce que se han abierto hasta cuatro diligencias de investigación de otras tantas asociaciones al informarse por parte de la Secretaría General de la Consejería de Justicia la pretensión de inscripción de las mismas a lo largo del ejercicio pasado, el periodo al que hace referencia esta memoria.

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“Al mismo tiempo se detecta en las asociaciones un incumplimiento de las condiciones de consumo compartido y una disposición al cultivo cada vez mayor a pesar de la ilicitud del mismo. Se observa ya en muchas ocasiones una estructura de empresa en estos reductos asociativos, con gente empleada y a sueldo, con una disposición comercial lucrativa y con acuerdos con terceros para vender en exclusiva cultivos para la propia asociación”, explica el fiscal superior en su escrito.

Este hecho ha motivado, en el momento en que se detectan algunas de estas disfunciones, las correspondientes diligencias de investigación policial. Según los datos de la propia Fiscalía, fueron dos las asociaciones a las que se sometió durante 2014 a distintos procedimientos judiciales, que incluyeron la detención de sus responsables y la intervención de efectos para el consumo y droga, diligencias que aún están instruyéndose en los juzgados y, por tanto, pendientes de calificación. Estos procedimientos podrían concluir con la disolución definitiva de las asociaciones.

Sentencias contradictorias

En este análisis sobre los delitos contra la salud pública que más incidencia han tenido en los últimos meses en Cantabria, la Fiscalía observa también alguna sentencia absolutoria por parte de algún Juzgado y de una Sección de la Audiencia Provincial que “rompe los criterios” de acopio del Tribunal Supremo en casos de intervenciones de plantas de cannabis incluso cuando el peso neto excedía en mucho del utilizado como límite para autoconsumo.

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Esta línea que razona en el sentido de que el autor planta más porque existe un “riesgo de pérdida” de parte y permite extender a cantidades superiores incluso a 6.000 y 7.000 gramos el límite que entiende de autoconsumo ya fue abierta hace unos años por diversas salas de algunas audiencias provinciales.

En Cantabria existe una sentencia en ese sentido, dictada en apelación previo recurso del condenado en primera instancia, y una sentencia, esta vez absolutoria de un Juzgado de lo Penal, actualmente recurrida por la Fiscalía.

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