Varias organizaciones lanzan su propuesta para algo que parece cada vez más necesario: la regulación y legalización del uso del cannabis y el cultivo de marihuana.

Su legalización en varios estados norteamericanos o países como Uruguay, el auge de los clubs de fumadores por toda la geografía española y las posibilidades de impulsar una nueva industria que puede crear empleo son algunos de los motivos que han puesto encima de la mesa la posibilidad de avanzar en una regulación del cannabis en España. Según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 2.940.000 personas consumieron cannabis en España a lo largo del 2016, lo que da una idea del grado de aceptación social por parte de amplios sectores de la población, así como la necesidad de legislar algo contra lo que parece imposible luchar.

No arrancamos de cero. Desde 2014, son varias las leyes y reglamentos regionales y municipales que se han aprobado en relación a los clubes de fumadores. Entre las más importantes está la Ley Foral 24/2014, por la que se regulan los grupos de consumidores de cannabis en Navarra, la primera normativa aprobada sobre asociaciones de cannabis. En Catalunya se aprobó otra parecida en 2017, aunque más completa, y en Euskadi se aprobó la Ley 1/2016, sobre servicios integrados para las adicciones y la drogodependencia. Otras comunidades, como Baleares, Canarias o Madrid, también han realizado algunos cambios en cuanto a sus políticas sobre el uso del cannabis.

Un informe realizado por el Transnational Institute (TNI) bajo el nombre Cannabis Regulation in Europe: Country Report Spain , realizado por el profesor del Instituto Vasco de Criminología Xabier Arana, ha analizado y comparado las tres legislaciones de esas tres comunidades autónomas para comprobar sus similitudes, diferencias y poder plantear escenarios posibles de regulación del cannabis en todo el Estado.

El informe del TNI también recoge cuatro alternativas para la regulación del cannabis en España de cuatro organizaciones distintas. Algunas piden la legalización completa del cannabis, otras quieren normalizar el cultivo doméstico para uso personas y otras se centran en los usos terapéuticos del la planta y sus componentes.

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Grupo de Estudio de Políticas sobre el Cannabis

El Grupo de Estudio de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA), un grupo interdisciplinario e independiente con una amplia gama de enfoques y experiencia en el campo de las drogas como fenómeno social, presenta una de las propuestas que busca una política pública sobre el uso del cannabis que modifique todas las estrategias prohibicionistas y incriminatorias que han sufrido los consumidores o cultivadores de hachís o marihuana en las últimas décadas.

El modelo propuesto por la GEPCA, en contraste con el enfoque de prohibición y criminalización, defiende que la regulación total ofrece la posibilidad de adoptar medidas graduales en educación, vigilancia social, fiscalidad y el control y coerción de carácter administrativo.

Este modelo propone una regulación integral de todo el ciclo de vida del cannabis, desde su cultivo y producción hasta el consumidor final, basado en once directrices:

1. El acceso al cannabis estará limitado a los adultos con plena competencia legal.

2. Se proponen tres formas complementarias de acceso a la sustancia: mediante un mercado regulado, mediante diferentes tipos de asociaciones de usuarios y, por último, el cultivo en casa.

3. Los niveles de requisitos y controles operativos son extremadamente altos en el mercado regulado, muy altos para las asociaciones con hasta 500 miembros, y altos para las asociaciones con menos de 50 miembros, mientras que a las personas que cultivan su propio cannabis no se les permitirá vender o transmitir de ningún modo dicha producción a cualquier otra persona física o jurídica.

4. Cada fase de producción o venta será regulada y controlada: aislamiento, vigilancia y control de la producción y almacenamiento. Garantía de seguridad en la producción, tanto en el proceso como en el producto. Control de la calidad, clase y nivel de contenido psicoactivo del producto. Etiquetado integral del producto. Salas de dispensación reguladas y controladas, con control de existencias. Información sobre el riesgo y el uso responsable; límite máximo por cada venta, para la que se propone un máximo de 25 gramos; límite de ingrediente psicoactivo (60% de THC); límite de la cantidad de asociaciones que están autorizadas a producir con un número de miembros inferior a 50.

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5. Los derechos de uso individual estarán sujetos a ciertos límites, por razones de seguridad colectiva: hasta 300 gramos para uso personal al mes (10 gramos al día durante 30 días). Tenencia autorizada durante 10 días. Para aquellas personas que cultivan su propio cannabis se plantea un máximo de seis plantas hembra por persona, hasta un máximo de cinco personas, con autorización para retener la cantidad correspondiente a la cosecha anual. El consumo de cannabis en público estar regulado por las normativas locales y regionales, tomando como referencia las relativas al tabaco.

6. Todos los diferentes circuitos de producción y consumo estarán sujetos a otras regulaciones, como la prohibición de cualquier tipo de publicidad de marcas, tipos, etc, o la prohibición de la venta on line y de las entregas a domicilio, salvo en casos especiales y autorizados.

7. Se prohibirá el consumo de cannabis en circunstancias particularmente de alto riesgo, como en la conducción de vehículos o por parte de empleos que necesiten estar en constante estado de alerta.

8. El modelo propone un conjunto completo de precauciones y salvaguardias en las áreas de la educación, prevención, reducción de riesgos y daños, protección y asistencia. Las leyes reguladoras deben prever la financiación de estas actividades, para asegurar que se conviertan en algo más que una propuesta escrita.

9. Todo el ciclo de producción y comercialización estará sujeto a un sistema de tributación que busque garantizar que los precios estén equilibrados (entre la disuasión de la compra y la necesidad de debilitar el mercado ilegal o hacerlo desaparecer), y esto proporcionará ingresos para financiar el control administrativo y estrategias de prevención, así como otras actividades de interés público.

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10. Del mismo modo que en el caso de cualquier producto legal, las sanciones por infringir cualquiera de las regulaciones serán administrativas (multas, suspensiones, retiros de permisos, etc.).  Serán ponderadas, progresivas y de una definición clara, aunque algunos actos particularmente graves se considerarán delitos, entre ellos la venta o proporcionar cannabis con fines de lucro a niños menores de 16 años (menores de 18 años cuando hay circunstancias agravantes) o a personas sin plena competencia legal.

11. La regulación y el control de un modelo tan complejo requiere una ley específica, cambios en el marco legal general, estructura y organización administrativa que implique funciones del Gobierno central, regional y local.

Regulación Responsable

Regulación Responsable es una plataforma que se define como un grupo de ciudadanos y organizaciones comunitarias en España que apoyan las propuestas que abogan por la regulación del cannabis en su producción y uso. Su propuesta se basa en los cinco pilares de la reglamentación general del cannabis: el cultivo para uso personal; el cultivo en grupo y el cultivo social de cannabis; el comercio con licencia; la educación para el uso responsable; y el acceso al cannabis terapéutico. Una propuesta del que ya han elaborado un primer borrador, no definitivo, para abrir el debate y el intercambio de ideas para llegar a una regulación exhaustiva.

Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis

En el reciente Congreso Internacional sobre el cannabis y sus subproductos: salud, educación y ley, un miembro del comité directivo del Observatorio Europeo del Cultivo y Uso del Cannabis (OECCC) presentó una propuesta a favor de políticas más eficaces, inclusivas y basadas en el consenso, sobre el cultivo de cannabis para uso personal.

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Una de las prioridades de la OECCC es publicar su propuesta de ley sobre el cultivo de cannabis para uso personal en los próximos meses. Después, planea lanzar un proceso participativo – pidiendo a los consumidores de cannabis y a los cultivadores en casa que respondan a una encuesta – para darles la oportunidad de expresar su opinión antes de redactar la versión final del proyecto de ley sobre el cultivo de cannabis para el consumo y uso personal.

Observatorio Español de Cannabis Medicinal

El Observatorio Español del Cannabis Medicinal (OECM) ha sido la organización que ha asesorado a Ciudadanos para presentar la Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los diputados con el objetivo de regular el cannabis medicinal. En dicha proposición, se plantean los siguientes cambios en la legislación vigente: regular y facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos que consumen cannabis y sus subproductos, con las indicaciones médicas pertinentes y la supervisión, en el caso de enfermedades en las que su eficacia haya sido de las personas con discapacidad o que el personal médico lo considere aconsejable. Reglamentar las especificaciones legales y técnicas para el cultivo controlado de cannabis y su posterior uso medicinal, con niveles adecuados de calidad, trazabilidad y seguridad. Establecer puntos de venta controlados y redes logísticas con las garantías necesarias para evitar el uso fraudulento o ilegal del cannabis terapéutico. Por último, establecer un sistema para evaluar los impactos en la salud pública, y especialmente en la calidad de vida de los pacientes que reciben estos tipos de tratamientos.

Por último, la propuesta de OECM establece que, aunque no es necesario aprobar una nueva ley que autorice el uso terapéutico del cannabis, sería una buena idea desarrollar un cannabis medicinal específico con normas que garanticen su correcta utilización, de acuerdo con las normas internacionales.

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