Y llegamos a España. Hoy haremos un recorrido cronológico por la historia del consumo de cannabis en nuestra península. Las primeras asociaciones y los primeros defensores de las propiedades de nuestra maravillosa planta.

© Isidro Marín Gutiérrez

¿Cuánto tiempo lleva el movimiento cannábico entre nosotros? Parece que fue ayer, pero el año que viene se va a producir el vigésimo aniversario del nacimiento de la primera asociación. Conoceremos las fases por las que ha pasado dicho movimiento.

Primera etapa: desde las primeras asociaciones hasta el primer cultivo colectivo (1987-1993)

Para empezar a hacer una cronología del movimiento debemos remontarnos a finales de la década de los años 80, concretamente hasta 1987, en donde se crea en Madrid la asociación ACDC (Asociación de Consumidores de Cannabis). Madrid era la sede de la Movida, y es allí donde se inició el movimiento pero no tuvo continuidad (Usó, 1996:304). En 1990, en Navarra, se crea la Asociación por la Legalización de las Drogas (Escohotado y otros, 1991).

La primera asociación cannábica legalmente constituida fue en realidad la Asociación Ramón Santos sobre Estudios del Cannabis (ARSEC), registrada en 1991en la Generalitat de Cataluña, en Barcelona. La ARSEC (Herer, 1999:254) busca la normalización con respecto al cultivo y consumo del cannabis. El nombre de Ramón Santos de debe a un abogado que defendía a los consumidores de sustancias prohibidas ante los tribunales. Esta asociación contaba en marzo del 2001 con unos 3.000 socios. La ARSEC, antes de ostentar su actual denominación, había intentado registrarse como asociación de “consumidores” de cannabis, pero le fue denegado el registro a tales efectos, por lo que debió cambiar a “estudiosos” del cannabis. También se le recomendó agregar a su denominación el nombre de algún prócer, lo cual hicieron apelando al nombre de Ramón Santos, abogado fallecido apenas cuatro años antes. La asociación, al principio formada por 10 socios, se dio a conocer en una página de la revista de humor Makoki. Los estatutos aprobados a la ARSEC sirvieron para que otros asociacionistas cannábicos los copiaran y, variando localización y nombres, los presentaran a su vez ante las autoridades de sus respectivos lugares de residencia. Así nacieron ARSECA, la asociación de Málaga; la ARSECSE de Sevilla; ARSEK, la asociación de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), y otras “asociaciones de estudios” que, con semejante redacción estatutaria e igual metodología en su funcionamiento, fueron surgiendo a través de la geografía del Estado (Autores varios, 2003: 40).

Un factor que estimuló el nuevo activismo fue la entrada en vigor de la Ley 1/92 o “ley Corcuera”, de manera que, tras la ARSEC, aparecieron con ímpetu y sucesivamente, entre 1994 y 1997, AMEC (Madrid), KALAMUDIA (Bilbao), ACAC (LeGaliza, en A Coruña), SECA (Zaragoza), AECA (Huelva), AMA (Albacete), AECA (Salinas, Asturias), Amigos de María (León), AlaCannabis (Alacant), Bena Riamba (Valencia), AMIC (Mallorca), etc. Algunas de estas asociaciones aún permanecen en activo, con un número promedio de asociados que, dependiendo de la ciudad en que se ubican, varía desde más del millar de socios de ARSEC o AMEC hasta poco más de cuatro docenas en otras de menor rango poblacional.

En 1993 se llevó a cabo una plantación colectiva, en Reus, por parte de la asociación cannábica ARSEC, eran 97 socios que plantarían dos por persona para el consumo de sus socios, sin ningún afán lucrativo (Herer, 1999:254). La audiencia de Tarragona absolvió en primera instancia a los cuatro encausados, Jaume Torrens, Jaume Prats, Josep Baltierrez y Felipe Borrallo, quienes luego, en 1997, fueron condenados por el Tribunal Supremo, por “peligro abstracto”, a cuatro meses de arresto mayor y a una multa de medio millón de pesetas por un delito contra la Salud Pública. Se solicitó recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que fue denegado, por lo que la cuestión se ha elevado a instancias judiciales comunitarias (Matthews, 2002:60). Éste fue un importante hito que impulsó a un contagioso asociacionismo.

Segunda etapa: aumento de las asociaciones; primer intento de federación; primeras publicaciones hasta la llegada al Congreso (1994-2001)

Se entendió la necesidad de dar cuerpo legal al incipiente colectivo asociacionista y unirse. En 1995 aparece el Primer Encuentro Estatal de Organizaciones por la Normalización de los Derivados del Cáñamo Indico (El País 22/05/1995). La asociación ARSEC pidió autorización para abrir un local donde fumar cannabis como un experimento para demostrar que la legalización de la marihuana y el hachís no supondrían ningún problema. Para acceder al local sería necesario ser mayor de edad y rellenar una ficha, como se hace en cualquier casino. El precio sería muy bajo.

En Barcelona en 1996 se creó la Coordinadora Estatal de Asociaciones por la Normalización del Cannabis. De modo que se aprovechó para presentar en Madrid, ante la opinión pública, a la Coordinadora y, al tiempo, se presentó también la puesta en marcha de la campaña “Contra la Prohibición, Me planto”, acción con que tomaban el relevo activista a los vascos de Kalamudia. Aquella primera acción “Me planto” promocionó al nuevo ente interasociativo, a pesar de que, tras varias reuniones habidas entre los representantes de las asociaciones enmarcadas en él, nunca llegara a adquirir cuerpo jurídico-legal como Coordinadora, o Plataforma. Y en 1997 celebra un acto en Madrid de la Coordinadora Estatal de Organizaciones por la Normalización del Cannabis (CEONC). Unas 40 personas integraron la quincena de organizaciones representadas con más de 5000 socios. Se preparó la presentación de la campaña “Contra la prohibición, me planto”. Felipe Borrallo presidente de la ARSEC lanzó la idea de coplantación de cannabis. En 1998 se celebra la última reunión de la Coordinadora Estatal de Asociaciones por la Normalización del Cannabis en Madrid. Las Asociaciones asistentes fueron ocho (AMEC, ARSEC, ARSECA, AECA, AMA, LEGALIZA, AMIGOS DE MARÍA y KALAMUDIA) los observadores fueron las revistas Cáñamo y el Cogollo, el grupo político Izquierda Unida y la Sociedad de Profesionales de la Psicofarmacología. En ella hubo un repaso por las situaciones de las asociaciones y las actividades celebradas (balance de la campaña ME PLANTO). Martín habla de la Coordinadora estatal:

“Buena muestra de ello es la Coordinadora Estatal, fundada en 1996, que parece más el Guadiana que otra cosa: apariciones en escena seguidas de largos silencios y, desde hace bastante tiempo, una inactividad que nos lleva a certificar su fallecimiento de facto” (Barriuso, Cáñamo nº 40, 2001: 12).

En 1995, un número especial de la revista Ajoblanco ofrecía un listado de 10 asociaciones cannábicas (Ajoblanco, verano 1995, edición especial). Y fue a finales de 1996 cuando se forjó, en una asamblea de la ARSEC la idea de una revista cannábica de gran tirada. Un asociado con mucha historia underground, Gaspar Fraga, cortó las discusiones y dijo ante los 500 asistentes: «Creo que tenemos que abandonar el periodo panfletario y pasar a una fase normalizadora. Os propongo la creación de una revista que llegue al quiosco» (El Mundo, 24/03/2001). En mayo de 1997 apareció en los quioscos de España Cáñamo, “La revista de la cultura del cannabis”, actuando como elemento aglutinante, dando imagen de normalización al movimiento cannábico y siendo muy bien acogida entre asociacionistas y consumidores. La revista, que se ha convertido en uno de los medios de comunicación defensor de los derechos de los consumidores de cannabis, sirve a éstos como transmisora de sus aficiones e inquietudes. El 21 de marzo de 1997 se reunió la asamblea de la ARSEC para presentar el proyecto “La Cañamería”, su primera acción fue la revista Cáñamo (que hará su aparición en el verano de este año). 

Importantes logros asociacionistas han sido, tanto las plantaciones de Kalamudia (y el intento en Madrid), como las manifestaciones, las jornadas, las fiestas y las Copas de Marihuana institucionalizadas a partir del ejemplo de los madrileños de AMEC. Enseguida, estos eventos cannábicos se multiplicaron entre las asociaciones dando lugar a nuevos espacios de tolerancia en donde apenas han tenido problemas con las autoridades. Incluso estas reuniones en las que los socios “catan” fumando la planta han dado lugar a una nueva y, en cierto modo más avanzada, aunque todavía por definir al completo su posible funcionamiento, forma asociacionista bajo la denominación ya registrada legalmente de “Clubes de Catadores de Cannabis”.

En el año 2001 el Congreso de los Diputados celebró, por primera vez en su historia, la comparecencia de una asociación pro-legalización del cannabis, que defendió la normalización del consumo de esta sustancia ante los miembros de la Comisión para el Estudio del Problema de las Drogas(El Mundo 28-5-2001; El País 30-5-2001):

“Es la primera vez —no creo equivocarme— que tenemos la oportunidad de escuchar a los propios afectados, que nos cuenten sus experiencias y que nos hagan sus aportaciones. Lo valoramos positivamente y será el trabajo de los grupos parlamentarios de la Cámara el que demostrará hasta qué punto sus argumentos nos han convencido para proponer iniciativas legislativas o no” (Riera en Comisiones Mixtas, 2001: 923).

La Plataforma Nacionalpor la Normalización del uso del Cannabis (colectivo que agrupa a distintas asociaciones partidarias de la legalización de esta sustancia, unas treinta asociaciones) informó sobre la situación y “la problemática de los consumidores de marihuana”, a petición del Grupo Parlamentario Catalán. Esta plataforma, no reunida en dos años, defendió la normalización de esta sustancia, que en su opinión ha de pasar por la despenalización del autocultivo y el consumo público. Esto supondría la modificación del Código Penal y de la Ley Orgánica para la Seguridad Ciudadana o “Ley Corcuera”. Los representantes de la plataforma fueron Jaime Prats y Martín Barriuso, y el catedrático de Farmacia Joan Ramón Laporte. Jaime Prats dijo:

“Estamos aquí en representación de una parte de los consumidores de España y queremos denunciar ante esta Comisión lo que es un déficit democrático para ellos, porque somos consumidores de un vegetal que tiene su mercado totalmente prohibido; eso supone estar fuera de la ley cuando se quiere obtener este objeto de consumo. Queremos denunciar también que desde 1992, con la aprobación de la Ley Corcuera y la Ley de seguridad ciudadana, más de 50.000 personas al año son objeto de sanciones administrativas por el simple hecho de que toda tenencia, incluida la del propio consumo, es ilícita, por lo tanto, sancionable. Es por lo que transmitimos a esta Comisión mixta sobre la problemática de la droga, el sentir de una parte significativa de la población española. Esperamos que se nos tenga en cuenta y, en primer lugar, que se derogue esta ley para después legislar para regular un nuevo mercado. Se trata de tener despenalizada la producción para el autoconsumo” (Comisiones Mixtas, 2001: 914).

Se afirma que el cannabis es una droga blanda para uso lúdico con propiedades terapéuticas para algunos enfermos, algo aprobado por el Parlamento de Cataluña y en estudio por la Junta de Andalucía. Aseguraron que el cannabis en su estado ilegal genera un mercado negro que favorece la aparición de mafias, que se enriquecen adulterando la sustancia. Argumentaron sus escasos efectos dañinos frente a las consecuencias de drogas legales como el alcohol y el tabaco e ilegales como la cocaína o la heroína: «No provoca daños cerebrales, no deprime el sistema inmunológico, no inhibe la actividad sexual, no ha provocado una sola sobredosis en 4.000 años de uso. Los riesgos de bronquitis y problemas respiratorios son indiscutibles, pero provienen del humo. La dependencia real del cannabis es parecida a la de la cafeína». Y hablaron de libertad. «No obligamos a nadie a fumar cannabis. Sólo queremos fumarlo sin adulterar y sin ser perseguidos». Los diputados acogieron las tesis según ideología. Izquierda Unida se entusiasmó con todo, el PSOE apoyó la derogación de algunos puntos de la ley Corcuera, a CiU, quien fue la que invitó a la Plataforma, le convenció el uso terapéutico pero no el recreativo, el PNV dudó mucho y el PP dijo que el cannabis «es una antesala de otras drogas». Así, tras el fracaso obtenido con el Defensor del Pueblo, ante cuya oficina se denunció el uso abusivo de la “Ley Corcuera”, llegó esta inesperada Comparecencia ante una comisión de las Cortes Generales, que si bien sacó a relucir la inexistente Plataforma o Coordinadora, también es verdad que puso de relieve la necesidad de constituir seriamente esta alternativa frenada en su momento a causa de la disensión interna, para con ella dar hoy representación al cada día mayor colectivo cannábico (Barriuso, Cáñamo nº 45, 2001: 12).

Tercera etapa: Preocupación por parte de las instituciones e intentos de prohibición (2002-2004)

Durante el año 2002 se recrudece la presión a los los grow shops y los smart shops realizando inspecciones por parte de la Administración. Los últimos plantes del gobierno de José María Aznar habían revitalizado el tema. Frente a la dialéctica alarmista del gobierno, y tras las declaraciones del ministro de Interior, Ángel Acebes (El Mundo, 25/07/2003), y las del director de su Plan Nacional sobre Drogas, se unieron finalmente las asociaciones cannábicas creando la FAC (Federación de Asociaciones Cannábicas), así como de las tiendas cannábicas (ACOGROS), de los consumidores y de todos los actores del movimiento cannábico (las revistas, los bancos de semillas, etc…). Se estaba intentando crear una Plataforma que representara a todos los involucrados y que transmitiese con legitimidad ante la opinión pública sus reivindicaciones. Esta centralización es un elemento que también contribuye a dotar de estabilidad a los movimientos (Kriesi, 1999: 225). A finales del año 2003, alarmados por los datos que señalaban un aumento del consumo de cannabis en la población española, los responsables del gobierno constituyeron un comité de expertos para evaluar la situación respecto al cannabis y proponer medidas que frenaran la expansión de su consumo. En gobierno busca coartadas para endurecer el tratamiento penal y administrativo a las tiendas y publicaciones cannábicas, que podían ser acusados de “apología de las drogas”.  El atentado del 11 de marzo en Madrid y el vuelco electoral tres días después, parece que disiparon estos peligros para los intereses cannábicos. El nuevo gobierno socialista parece tener una visión menos amenazadora contra los que apoyan el cannabis. Pasados más de dos años no se aprecian grandes cambios en las políticas en relación al cannabis.

Pero también aparece durante estos últimos años cierta autocrítica:

“Lo cierto es que el músculo del movimiento cannábico parece haber perdido fuerza. Salvo escasísimas y muy honrosas excepciones, no hay presencia mediática, no existen acciones coordinadas de desobediencia civil o de presión política, no hay una asunción clara de objetivos ni, por supuesto, nada parecido a una estrategia para conseguirlos. No quisiera que se entendiera esta percepción como un menosprecio hacia las muchas personas que, con tesón, constancia e inteligencia, están moviéndose para cambiar las cosas, ni a las asociaciones y grupos que trabajan, discuten y se movilizan por ello. Pero, por mínimo que sea nuestro sentido autocrítico, convendremos en que algo, e incluso mucho, hay de cierto en lo que digo” (Cebrián, Cáñamo nº 69: 17).

El movimiento cannábico tiene un marcado carácter popular, que surge de abajo hacia arriba, es decir, el interés por el cannabis es anterior a las asociaciones, a las revistas y otras publicaciones y grow shops, por mucho que ambos se realimenten. Y, como indica Juan Gamella: “Que tratándose en gran medida de un fenómeno de resistencia social, es imposible comprender su ideología y sus estrategias sin analizar los poderes a los que se enfrentan y la ideología que anima a esos poderes y que, en la mayoría de los casos, no  es menos manipuladora, arbitraria ni mixtificadora” (Gamella y Rodríguez, 2004).

Acerca del autor

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.