Asociaciones cannábicas españolas han lanzado una ofensiva para que se les permita abrir durante el estado de alarma, como los estancos, y se regularice de forma clara su actividad, con lo que calculan que las arcas del Estado recaudarían un mínimo de 370 millones de euros para paliar la crisis económica.

La asociación Cannasalut de La Garriga (Barcelona) y la madrileña Dos Emociones -que agrupa a pacientes que hacen uso medicinal de la marihuana- han dirigido escritos al Departamento de Salud y al Ayuntamiento de Madrid, respectivamente, en los que reclaman poder abrir desde la fase cero de desescalada para dispensar cannabis a sus socios, con cita previa, prohibición de consumo en el interior y todas las medidas de desinfección y prevención necesarias.

Según ha explicado a Efe Martí Cànaves, penalista y director de DMT Abogados que asesora esos clubes, en los próximos días asociaciones de Irún y Pamplona se sumarán a la iniciativa, que no se limita a pedir a las administraciones poder funcionar durante la pandemia, sino que también plantean la necesidad de ser reguladas de forma clara, frente a la ambigüedad legal con la que operan ahora.

Para ello, las asociaciones acompañan su petición de un informe económico, confeccionado por el economista Pau Teruel, que estima en un mínimo de 1.800 millones de euros el volumen anual de gasto que afloraría mediante la regularización, de lo que el Estado podría recaudar 370 millones mediante el cobro del IVA, impuestos de sociedades y cuotas a la Seguridad a los clubes cannábicos.

Tras llevar a cabo una comparativa con países que tienen regulada la venta de marihuana (Estados Unidos, Canadá, Holanda o Israel), el estudio avisa de que la falta de regulación del sector dificulta la subsistencia de las asociaciones, lo que les lleva a ocultar gastos, contratar a sus trabajadores de forma irregular y, en definitiva, eludir el pago de impuestos.

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El informe propone, además, que el cannabis solo pueda ser adquirido en las asociaciones o centros privados autorizados -como se ha regulado en otros países-, lo que permitiría acabar con el mercado negro y haría aflorar grandes cantidades de dinero del sector que ahora permanecen en la economía sumergida.

Partiendo de la base de que el 4,5 % de la población es consumidora habitual de cannabis y que cada socio de una asociación suele comprar de promedio 100 euros de esa sustancia al mes, el estudio calcula un gasto global de 1.675 millones de euros al año.

Teniendo en cuenta que los clubes deben pagar un 21 % de IVA y de impuesto de sociedades, el Estado podría recaudar casi 350 millones de euros -sin incluir el gasto generado por los consumidores ocasionales-, a los que se suman otros 20 millones en pagos a la Seguridad Social por la contratación de personal, en un sector que también generaría numerosos puestos de trabajo, según el estudio.

Las peticiones remitidas a las administraciones añaden datos del Observatorio Español del Cannabis Medicina en España que revelan que al menos 200.000 personas utilizan cannabis con fines terapéuticos en casos de cáncer, esclerosis múltiple, dolor neuropático, migrañas, fibromialgia, endometriosis, insomnio o ansiedad.

La asociación Cannasalut ha presentado este jueves su petición ante la consellería de Salud para poder abrir durante el estado de alarma, después de que el Ayuntamiento de La Garriga la haya remitido a la Generalitat, por ser la administración competente en la cuestión.

En su escrito, Cannasalut pide a la Generalitat que derive la consulta de forma “urgente” al Ministerio de Sanidad, en el caso de considerar que tampoco es competente.

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En las solicitudes presentadas, tanto Cannasalut como Dos Emociones apelan a su papel de servicio esencial para la sociedad y a los derechos fundamentales de asociación y reunión que amparan su funcionamiento, así como al artículo 51 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a proteger a los consumidores y garantizar la defensa de sus intereses.

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