Los proyectos se centrarán en la obtención de variedades de cannabinoides para la industria farmacéutica y en la aplicación de sistemas digitales para garantizar la trazabilidad de la producción.

Dos gobiernos autonómicos han impulsado sendos proyectos de investigación en el cada vez más pujante sector del cannabis, pese a la absoluta falta de avances en su regulación en España. La Generalitat de Catalunya y la de la Comunitat Valenciana han decidido financiar estudios con cultivos de esta planta que fueron autorizados el pasado mes de julio por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, en ambos casos desarrollados en colaboración con universidades públicas.

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), adscrito al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Catalunya, y la Unidad Científica de Innovación Empresarial Ars Innovatio de la Agencia Valenciana de Innovación han puesto en marcha los primeros proyectos de investigación con cultivo de cannabis que financia un organismo público de la Administración en España. El primero se centrará en la obtención de variedades de cannabinoides para la industria farmacéutica y el segundo estudiará la aplicación de la tecnología digital para mejorar y garantizar la trazabilidad de los cultivos de esta planta.

Uno de los estudios centrará en la obtención de variedades de cannabinoides para la industria farmacéutica

El IRTA desarrolla unas herramientas para mejorar la genética de plantas de cannabis en colaboración con el Centro de Investigación en Genómica Agraria (CRAG), un consorcio formado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades Autónoma y de Barcelona, y con el apoyo de la empresa estadounidense Front Range Biosciences (FRB). Esta investigación se lleva a cabo en un invernadero de “alta seguridad”, según destaca el organismo de la Generalitat de Catalunya en el comunicado que ha emitido para informar del proyecto autorizado por la AEMPS, en el que, explica, se utiliza la tecnología de los marcadores moleculares para la mejora de las variedades.

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Este proyecto prevé la realización de ensayos de campo, cruces selectivos e investigación genómica con el fin de obtener, a largo plazo, nuevas variedades que “expresen diversos perfiles de cannabinoides demandados por la industria farmacéutica y que, desde el punto de vista agronómico, sean resistentes a plagas y enfermedades”, añade el IRTA en su comunicado.

El director de Relaciones Internacionales de este organismo de la Generalitat catalana, Eliecer Lopez, se lamenta en el escrito de que a pesar de ser un sector productivo con interés, “como cualquier otro”, las restricciones de su cultivo no han permitido avanzar en su investigación al mismo ritmo que con otras plantas. Y no sólo eso, este organismo de la Generalitat catalana sostiene, junto a sus colaboradores en el proyecto, que el cultivo de cannabis para obtener extractos con un alto valor añadido “es un ejemplo claro de alternativa a los sistemas agrícolas convencionales, que, por sus características, pueden contribuir a mantener a la población rural en el territorio mediante un cultivo de bioeconomía circular que genere extractos y productos derivados con un alto valor económico en un mercado normativizado y completamente legal”.

En la misma publicación de este organismo del Gobierno catalán se incluye la valoración de la empresa colaboradora FRB, que tiene su sede en Colorado, uno de los estados punteros de la industria del cannabis en EEUU. “La autorización emitida por la AEMPS es un hito muy importante para continuar la expansión de FRB en Europa”, señala su director general, Jonathan Vought, quien añade: “El continuo crecimiento de la industria del cannabis medicinal en toda Europa representa una gran oportunidad para la comercialización de las nuevas variedades de cannabis y semillas de alto rendimiento que permitan la producción de cannabinoides de interés médico”.

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El proyecto de investigación con cannabis que financia la Generalitat de la Comunidad Valenciana a través de su Agencia de Innovación se enmarca en el campo de los programas de agricultura de precisión que desarrolla la UCIE Ars Innovatio, de la que forma parte la Universidad de Alicante, con un objetivo claro: aplicar nuevas tecnologías para optimizar los procesos de producción y mejorar su fiabilidad, explica su director general y catedrático del departamento de Tecnología Informática y Computación, Juan Manuel García Chamizo.

Lo que pretenden los responsables de este proyecto, según Chamizo, es implantar un sistema tecnológico digital que garantice la trazabilidad de todo el proceso de producción del cannabis desde que se selecciona la semilla hasta que se realiza la cosecha del cultivo, con el fin de que se pueda conocer con absoluta fiabilidad cuál ha sido el origen y recorrido de la planta, tal como ya se hace en otros sectores económicos agroalimentarios, ganaderos e industriales. Para ello, en la investigación van a trabajar con una variedad de cáñamo industrial, con bajos niveles de THC, cultivado en un invernadero digitalizado en las instalaciones de la UCIE.

Los resultados de esta investigación, asegura su responsable, podrán aportar importantes conocimientos sobre la trazabilidad del cannabis y, por tanto, una mayor seguridad jurídica acerca de su producción que impida fraudes o ambigüedades en los datos aportados por los productores. Y de esa información podrían beneficiarse no sólo las empresas que trabajan en el sector, también los departamentos de las administraciones públicas encargados de su regulación, subraya el catedrático García Chamizo. La propia Agencia Española de los Medicamentos, el órgano del Ministerio de Sanidad facultado para conceder las autorizaciones para cultivar cannabis con fines de investigación o con fines médicos, podría disponer de una herramienta muy valiosa para hacer un seguimiento exhaustivo del desarrollo de esos proyectos.

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En el parque científico de la Universidad de Alicante donde está ubicada la sede de Ars Innovatio también se encuentra Medalchemy, empresa integrada en una compañía con base en Gran Bretaña, Emmac Life Sciences Group, que el pasado mes de junio recibió la autorización de la AEMPS para la producción de cannabis y sus productos con fines médicos y científicos. Esa fue la primera autorización para producir cannabis medicinal durante el mandato del nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, que aún no ha emprendido ninguna medida para avanzar en la regularización del uso y consumo en España, donde la concesión de las licencias para el cultivo se sigue rigiendo por la Ley de Normas sobre Estupefacientes aprobada durante el régimen de Francisco Franco en 1967 y por una Orden anterior de 1963 sobre cultivo de plantas medicinales relacionadas con los estupefacientes.

Valoración positiva del movimiento asociativo catalán

La Federación de Asociaciones de Cannabis de Catalunya (CATFAC) ve con buenos ojos que la Generalitat haya impulsado a través del IRTA un proyecto de investigación con cannabis y que de ese modo, según su portavoz, Eric Asensio, siga interesándose por explorar los beneficios de esta planta y la protección de los derechos de sus usuarios, tal como ya había hecho con la ley que aprobó en 2017 para regular los clubes cannábicos, posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales.

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Sin embargo, Asensio considera que las iniciativas de las administraciones públicas no se deben quedar en el ámbito meramente investigador y terapéutico y deben alcanzar otros campos, como el del uso lúdico del cannabis, que se encuentra mucho más extendido en España que el medicinal.

Tras la última aprobación publicada en la web de la AEMPS el pasado 13 de julio, en España hay en vigor ocho autorizaciones para cultivar cannabis con fines de investigación y otras cuatro para la producción con fines médicos y científicos.

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