El estado de alarma provocado por la pandemia de COVID-19 impide a estas entidades abrir sus puertas con lo que se ha frenado su actividad y se obliga a los consumidores a recurrir al mercado ilegal

La pandemia del COVID-19 y el estado de alarma decretado en España ha provocado el cierre de multitud de asociaciones cannábicas en toda España. Muchas de ellas se están movilizando para exigir al Gobierno, a través de ayuntamientos y comunidades autónomas, ser consideradas como una actividad esencial, lo que les permitiría volver a abrir sus puertas. Es el caso de la Asociación Cannábica Cannasalut de La Garriga que, con esta intención, ha dirigido un escrito al Consistorio en el que recuerda que sus socios consumen esta sustancia en “un ámbito privado” lo que permite reducir “los daños sobre la salud asociados al mercado negro”.

En su escrito, Cannasalut indica como uno de sus objetivos principales el “reducir el riesgo y los daños para la salud” de sus asociados al evitar que tengan que acudir a buscar el cánnabis en el mercado ilegal. Además, promueven acciones para lograr que se haga un consumo responsable de esta llamada droga blanda. Y es que los usuarios de esta entidad son, básicamente, personas que utilizan el cánnabis con “fines medicinales, de salud y de mejora de su calidad de vida”.

Estado de alarma y desamparo

La asociación, como otras repartidas por todo el territorio nacional, denuncia en el mismo escrito que las medidas decretadas por el estado de alarma han provocado que este tipo de entidades, además de cerrar puertas, hayan sido víctimas del “total desamparo” por parte del Gobierno. “Han suspendido su actividad durante el estado de alarma por razones de responsabilidad”, explica el abogado de la entidad, Martí Cànaves, director de DMT ADVOCATS, despacho especializado en asuntos legales relacionados con el cánnabis. “Pero”, añade, “sobre todo, por la arbitrariedad de la que vienen siendo víctimas, cuando resulta evidente que prestan un servicio a la sociedad que, además, se basa esencialmente en el ejercicio de los derechos fundamentales a la salud y a la asociación y reunión”.

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El uso medicinal del cánnabis se fomenta en estos clubes.

 

“Si los estancos se consideran actividad esencial“, reclama Cannasalut en su escrito al Consistorio de La Garriga, “por analogía, también debe considerarse esencial la actividad de las asociaciones de personas consumidoras de cánnabis, pues es una sustancia que tiene importantes propiedades medicinales“. Por ello consideran que “los entes públicos deben garantizar el libre ejercicio del derecho fundamental a la salud de los usuarios de cánnabis, así como su derecho fundamental a la asociación”.

Esta entidad, atendiendo al plan de desconfinamiento presentado por el Gobierno, pide también al Ayuntamiento de La Garriga poder acogerse a lo establecido para los restaurantes y cafeterías que podrán entregar para llevar pero sin permanecer en el local. Además, denuncian que “es totalmente inaceptable que los cuerpos policiales sigan deteniendo” a miembros de este tipo de clubes que “realizan entregas a domicilio o dispensan a sus asociados” cuando se trata de “entidades privadas que solo permiten el acceso” a sus miembros. 

Cuando ya no sirven ni los opiáceos

Buena parte de los usuarios de estos clubes, por otro lado, son personas afectadas por enfermedades como la ELA, dolor neuropático, migrañas, fibromialgia, endometriosis o ansiedad. “Son personas”, añade el abogado, “que tienen patologías que causan mucho dolor y que necesitan cannabinoides para afrontarlo porque ni los opiáceos les ayudan”. Estos enfermos, debido al estado de alarma, tienen que buscar ahora el cannabis en el mercado ilegal, con los riesgos que ello supone, tanto por la calidad de la sustancia que pueden adquirir como por la necesidad de abandonar el confinamiento.

Plantas de cánnabis.

Los clubes sociales de cánnabis son asociaciones de personas consumidoras que se abastecen de esta droga blanda a través del autocultivo. A lo largo de los últimos años han intentado en numerosas ocasiones que el Estado los regularice de forma definitiva. Hasta el momento solo han logrado en este objetivo la colaboración de las comunidades autónomas pero sin éxito porque todas las iniciativas en este sentido han sido rechazadas por el Tribunal Constitucional que considera que no tienen competencias para ello. Así las cosas, este sábado, a pesar del estado de alarma, volverán a manifestarse, aunque sea virtualmente y a través de las redes sociales, para lograr de una vez por todas el reconocimiento de sus derechos. 

 

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