Tomando como referencia la legislación de Uruguay, Canadá y algunos estados norteamericanos, el gobierno argentino planteó esta semana una nueva reglamentación que autorizará el autocultivo controlado de cannabis.

Más de cuarenta organizaciones sociales reclamaban una ley que despenalizara el autocultivo y considerara el uso de la marihuana como un asunto de salud pública

La propuesta, aún en fase de borrador, fue analizada durante una reunión virtual del Consejo Consultivo Honorario con la participación de organizaciones civiles, entre ellas Mamá Cultiva Argentina, ONG que en noviembre de 2019, antes de asumir como presidente Alberto Fernández, había enviado al nuevo gobierno un comunicado a través del cual exigía al Estado que no les quitara “la posibilidad de ayudar  nuestros familiares a aliviar sus padecimientos”. En esa misma solicitud la organización reclamaba además el cese de la persecución y demonización de la que era objeto debido a la vetusta ley de estupefacientes. “Seguimos y seguiremos cultivando como venimos haciéndolo; nuestro dolor no puede esperar. Pero queremos dejar de ser delincuentes a los ojos de la ley”.

El proyecto propone la producción pública de aceite de cannabis, el autocultivo controlado, la ampliación de especialidades médicas para su prescripción, la promoción y el apoyo a la investigación clínica para la generación de evidencia para la indicación terapéutica en otras patologías,  y la creación de un nuevo registro de pacientes.

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De esta manera el status legal del cannabis da un giro excepcional en Argentina, a treinta años de la sanción de la Ley de estupefacientes 23.737; y a diez años del Fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la penalización para el consumo personal.

Más de cuarenta organizaciones sociales reclamaban una ley que despenalizara el autocultivo y considerara el uso de la marihuana como un asunto de salud pública. De aprobarse este nuevo proyecto de ley será el Estado el encargado de regular el mercado, ejecutar normas y de controlar su cumplimiento. De este modo, bajo la lógica del control estatal, se frenará el avance de las organizaciones criminales y la estigmatización de quienes encuentran en los derivados del cannabis el paliativo para aliviar el dolor.

Valeria Salech,  presidenta de Mamá Cultiva Argentina, expresó que “Es muy positivo cómo se abre el juego a la sociedad civil, tanto a los individuos como a nivel de las organizaciones sociales porque se entendió que este cambio social se viene dando de abajo para arriba y habilita la horizontalidad de las prácticas en torno al cuidado integral de la salud empoderando a los usuarios”. Por su parte el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que esta nueva ley “es un compromiso que asegura el vínculo del uso medicinal del cannabis con el Estado”.

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