Varios países han descriminalizado el cannabis para uso personal y ninguno de ellos ha caído en la anarquía. Entonces, ¿qué impide que el gobierno del Reino Unido siga su ejemplo?

El gobierno conservador afirma estar a favor de las políticas basadas en evidencias, al menos, en su retórica. No obstante, gobiernos británicos sucesivos han suscrito la Convención Internacional sobre Estupefacientes de Naciones Unidas, acuerdo que se fundamenta en la prohibición y la “guerra contra las drogas”, ninguna de las cuales ha dado pruebas de funcionar.

Pero, ¿qué importancia tiene suscribir convenciones sobre estupefacientes de ONU cuando dichos acuerdos pueden ser esquivados por cada Estado? Un ejemplo es la decisión de Portugal, en 2001, de descriminalizar todas las sustancias psicoactivas.

Y Portugal no es el único. Hace ya 25 años que la República Checa descriminalizó efectivamente la posesión de pequeñas cantidades de drogas para uso personal. Y en 1994, Suiza introdujo un tratamiento coadyuvado con heroína, una forma de suministro de heroína para ciertos usuarios, aprobada por el Estado. Sin embargo, los acontecimientos más significativos se han desarrollado en torno del cannabis. A fines de 2013, Uruguay tomó la determinación de legalizar el uso recreativo del cannabis (en vez de “descriminalizarlo”, cuando la posesión puede conducir a una multa, mas no a un expediente criminal). Fue el primer país en tomar esta medida desde 1961, año en que Naciones Unidas estableció el marco de la prohibición mundial contra las drogas.

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Con esa decisión, Uruguay demostró que puede haber políticas alternativas sin recurrir a la obligatoriedad internacional. Varias entidades federales de Estados Unidos han seguido los pasos de Uruguay, extendiendo la liberalización al uso recreativo, así como a los usuarios médicos de cannabis. Sin embargo, el Reino Unido persiste en su postura inflexible, insistiendo en que su política actual funciona.

Lógica falsa

El Reino Unido parece cada vez más fuera de línea con muchos otros países, en cuanto a su enfoque de las drogas en general, y el cannabis en particular. A la zaga de los cambios en Estados Unidos, las encuestas sugieren que crecientes cifras de ciudadanos británicos también están a favor de un cambio en las legislaciones.

El Ministerio del Interior reconoce que no existe “una relación evidente entre la dureza de un país en la observancia legislativa contra la posesión de drogas, y el nivel de uso de drogas en dicho país”. Las condenas relacionadas con el uso de cannabis se han reducido 46 por ciento en los últimos cinco años. Esto podría sugerir que cannabis ha sido descriminalizado discreta y parcialmente. No obstante, el gobierno persiste en su postura rígida, anticuada y dogmática hacia las drogas cuando hace declaraciones públicas sobre el cannabis.

El gobierno afirma que la prohibición funciona porque el uso de cannabis ha disminuido en el Reino Unido en años recientes. Esta disminución en el uso podría explicar algo de la caída en la tasa de condenas relacionadas con cannabis. Pero si seguimos la lógica falsa del gobierno, y nos limitamos a esperar a que el uso del cannabis siga cayendo –suponiendo que caerá (una suposición enorme, por cierto)-, entonces pasarían otras cinco décadas antes de alcanzar el objetivo gubernamental de erradicar por completo el cannabis.

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Mas esa interpretación simplista de los datos es obviamente errónea. Aunque el uso de cannabis ha disminuido, pasa por alto lo que ocurre en ciertos subgrupos de usuarios de cannabis. Por ejemplo, una población creciente de jóvenes está accediendo a servicios de tratamientos con drogas, a resultas de estar utilizando cepas potentes de cannabis.

Los cultivadores individuales y clandestinos comerciales están explotando los adelantos en tecnologías de semillas, y utilizan equipos hidropónicos para cultivar variedades de cannabis más potentes. Y no hay duda de que las cepas de cannabis más fuertes pueden aumentar el riesgo de desarrollar una variedad de problemas de salud, como la psicosis. Esa mayor potencia es una razón importante para cambiar la postura legal actual, más que respaldarla.

¿Cuáles son las opciones?

Aunque el debate sobre las drogas suele representarse como un debate de dos extremos –legalizar o criminalizar-, en realidad hay muchas opciones. Por ejemplo, Beau Kilmer, codirector del Centro RAND para la Investigación de Políticas sobre Drogas, sugiere un enfoque incremental para la regulación.

Su propuesta podría resultar en un nueva estrategia política que tenga el potencial de mejorar la salud en el nivel poblacional. La introducción de una regulación estatal daría a los usuarios un producto de cannabis que haya sido probado para determinar su potencia, y que sería suministrado sin el riesgo de aditivos peligrosos. Por otro lado, también generaría ingresos, lo cual contribuiría a nuestra salud colectiva. En todo el mundo están acumulándose evidencias que apoyan este cambio, gracias a las jurisdicciones que han trascendido el compromiso ideológico de la guerra contra las drogas.

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El gobierno tiene la obligación de proteger al pueblo al que sirve, y en el tema del cannabis, ha incumplido con esa obligación de dos maneras. Primero, ha subcontratado al crimen organizado la producción y el suministro de un producto ampliamente consumido, y eso significa que no hay control de calidad ni estándares de producción regulados. Esto, a su vez, ocasiona que las personas que usan cannabis realicen experimentos diarios con su salud. Segundo, pierde credibilidad al respaldar la prohibición públicamente y sin embargo, permitir que sus agencias hagan lo contrario por lo bajo. Es muy difícil determinar a quién sirve esta política, excepto a un puñado de criminales de elite que controlan la producción y distribución del cannabis.

Fuente

Ian Hamilton es profesor de salud mental en la Universidad de York.

Mark Monaghan es profesor de criminología y política social en la Universidad de Loughborough.