Regular el cannabis: cuestión de derechos

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Andan revueltas las gentes de “orden” con el tema de la posible regulación del cannabis. Nada nuevo. Es costumbre de los “guardianes del costumbrismo” resistirse, alarmarse y de paso alarmar a toda la población con la llegada de plagas terribles cada vez que se asoma cualquier posibilidad de abrir la sociedad a nuevos derechos. Ocurrió cuando se legalizó el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y seguirá ocurriendo cada vez que la parte de la sociedad más progresista, aquella que empuja para la consecución de derechos civiles y sociales, conquiste el más mínimo avance.

Regular el consumo, cultivo y comercialización del cannabis es una cuestión de conquista y reconocimiento de derechos por doble partida. En el caso del acceso a cannabis medicinal o terapéutico, se trata de una cuestión de respeto a los derechos humanos; de garantizar el derecho a la salud de personas que ven mejorada su enfermedad o paliado su padecimiento con tratamientos con cannabis o sus derivados. Sin embargo, a día de hoy, la actual legislación les convierte muchas veces en clandestinos.

En el caso de la regulación integral del cannabis, hablamos de una cuestión de respeto a los derechos civiles, de respeto al derecho que las personas adultas, informadas y formadas tienen para consumir de una forma responsable, pero también con garantías de calidad y salubridad, dicha sustancia. Pero, con una regulación integral del cannabis, también hablamos de competir por el nicho de mercado que hoy controlan las mafias del narcotráfico. Una regulación integral provocaría un descenso de la delincuencia en nuestro país, a la vez que permitiría una garantía de control sobre las sustancias antes de lanzarlas al mercado para su consumo. Por otra parte, la implantación de programas para la formación y prevención integral (primaria, secundaria y terciaria), nos ayudaría a prevenir el consumo en menores de edad -en aumento según los datos de que disponemos- o en personas con consumos problemáticos. Y todo ello, además, sería posible unos ingresos a las arcas del estado para nada despreciables con los que llevar a cabo dichas políticas.

En 2004, con el tratado de Catania, la agenda internacional sobre drogas viró reconociendo el profundo fracaso de las políticas llevadas a cabo durante más de 100 años; reconociendo que con políticas prohibicionistas y prioritariamente punitivas se atacan las causas de la drogadicción sin éxito y, además, se olvidan del tratamiento de los efectos. Es imprescindible abordar las dos fases del problema, las causas, sí, pero principalmente los efectos desde un punto de vista de respeto a los derechos humanos, civiles y como una cuestión de educación y  salud pública. Los problemas que causan las drogas no se solucionan con detenciones, juicios, cárceles repletas de “menudistas” mientras los grandes “narcos” viven a cuerpo de rey, algunos, incluso, con gran éxito social. Los problemas de las adicciones se pueden y se deben combatir con políticas de Estado sobre Salud Pública y Educación. La estrategia sobre adicciones en nuestro país debe dar un giro de 180 grados absolutamente necesario, actuando con urgencia para colocar en el centro del problema a las personas.

España no puede seguir mirando hacia otro lado, manteniendo una legislación prohibicionista y unos niveles de consumo elevados, mientras que multitud de países afrontan la regulación del cannabis. Canadá, Israel, Portugal, Uruguay, Alemania  o USA no pueden ser tan irresponsables, no pueden estar tan equivocados. Cada uno de ellos ha emprendido su camino para la regulación y nuestro país tiene que encontrar el suyo.

Para Unidos Podemos es un compromiso programático despenalizar el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, así como regular la actividad de los clubes sociales de cannabis. Y tal y como venimos haciendo con las propuestas legislativas que ya se han presentado, estamos trabajando codo a codo con la sociedad civil, con las distintas organizaciones sanitarias y sociales que atesoran la experiencia de tantos años dedicadas al activismo, al estudio y a la investigación,  para presentar una propuesta que garantice las libertades y derechos fundamentales de los consumidores y que contemple la regulación de la producción, distribución y consumo de cannabis.

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