El investigador defiende una regulación del cannabis para, entre otras cosas, ampliar su uso terapéutico y controlar qué y cuánto toman los usuarios, recreativos o enfermos

Manuel Guzmán lleva 20 años investigando las propiedades terapéuticas del cannabis, lo que le ha dado un estatus de referencia internacional. Son dos décadas estudiando sus múltiples efectos como agente antitumoral o ante enfermedades neurodegenerativas. Recientemente, compagina esta actividad con ser miembro de la junta directiva del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. El jueves pasado participó en la presentación de la Plataforma Regulación Responsable, desde la que aboga por la regulación integral de esta sustancia para su uso tanto terapéutico como recreativo.

¿Por qué es partidario de legalizar el cannabis?

Por dos cuestiones. Una es la medicinal. Cuando existe una regulación que se impone sobre la sustancia no va a haber un control de calidad, un acceso seguro, un seguimiento por los especialistas. Tenemos muchos impedimentos legales sobre la planta que impiden que la investigación básica y clínica avancen a la velocidad que me gustaría. Y hay muchos argumentos que apoyan desde el punto de vista científico-médico la apertura de estas posiciones sobre los preparados.

Desde el punto de vista recreativo —pero también de los derechos inalienables de cualquier persona al autoconocimiento e incluso la automedicación— cualquiera, de manera libre y responsable, debería tener la libertad de utilizar preparados de cannabis.

Soy partidario abierto de una regulación que permita la apertura en el consumo, utilización, de sustancias en general y el cannabis en particular. Debe ir asociado a la responsabilidad, a respetar los derechos de los demás y a la información responsable, objetiva y abierta por parte de las autoridades hacia cuáles pueden ser los perjuicios de cualquier sustancia.

¿Cualquier sustancia, no sólo el cannabis?

En una sociedad ideal, sí. Otra cosa es que habría que hacerlo poco a poco. Lo esencial es la información, la transparencia. Habría que ir haciendo programas de formación, pero en cualquier sociedad que se precie de ser libre sería un derecho de las personas, bajo programas de información y concienciación, saber qué se está tomando. Si uno va a fumar cannabis, que sepa qué porcentaje de THC tiene. Si se va a tomar MDMA, que no está mezclado con anfetamina, por ejemplo. Son políticas de acotar riesgos y abrir posibilidades.

¿En qué momento estamos en la investigación con el cannabis?

Yo pondría tres niveles de evidencia. Uno, con indicaciones más consolidadas y una evidencia sólida. Aquí hay dos aplicaciones: una es el dolor crónico. Es lo más claro y lo que más utilizan los pacientes. Hablamos de cuadros de artritits, fibriomialgia, migraña, dolor crónico, dolor neuropático… hay buenos estudios sobre los buenos efectos de los cannabinoides, tanto solos como combinados con otros analgésicos. En segundo lugar se utiliza para los trastornos del movimiento: espasmos, convulsiones, temblores, etc. En un segundo nivel, para el que hay evidencias aunque también para otros medicamentos, destacaría otros dos usos: el más clásico es la inhibición de nauseas y vómitos asociados a la quimioterapia. También está el aumento del apetito y la pérdida de peso masiva en ciertas enfermedades. Por último hay algunas indicaciones que pueden ser relevantes pero aún están en estudios clínicos tempranos. La que más repercusión ha tenido es el tratamiento de las convulsiones en epilepsias infantiles en niños en los que han fracasado otro tipo de fármacos.

¿Pero cómo se utilizan estos medicamentos? ¿Se dispensan a nivel oficial?

Hay un medicamento llamado Sativex que en España está aprobado oficialmente para la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple. En otros países está aprobado para el dolor neuropático y el dolor oncológico, pero aquí no. La mayoría de la gente toma aceite de cannabis. A veces no viene estandarizado, es una de las lacras de la prohibición. Es un problema que la gente no sepa qué está tomando. Es la diferencia entre que se lo compres a un narco o a un Estado. No sabes la composición, estabilidad, pureza, etc. La estandarización es totalmente necesaria. Cuando tomas un paracetamol tienes que saber si tiene 100 mg o 500. Obviamente hay que saber cuando se toma un aceite cuánto principio activo está tomando para tener una previsión de sus efectos.

Como investigador, ¿cómo le afecta la prohibición del cannabis?

La Organización de las Naciones Unidas tiene una serie de listas de sustancias psicotrópicas. En la Lista 1 están incluidos la mayoría de los principios activos de las drogas que consumimos normalmente. La OMS considera que son sustancias peligrosas, adictivas, sin valor terapéutico, y hay unas restricciones muy fuertes a investigar con ellas. Ahí está el THC, lo cual es absurdo en 2015, cuando en cualquier laboratorio u hospital hay cientos de compuestos más peligrosos. Pero la realidad es que hay unas regulaciones muy estrictas que hacen que los investigadores básicos necesitemos una serie de permisos especiales. Es farragoso. A las agencias que nos financian les echa para atrás el papeleo. En la investigación básica se solventa, pero en investigación clínica es complicado.

Luego hay cuestiones relacionadas con el estigma que tienen las plantas. Por estar en la Lista 1 se considera una droga de abuso y se ve con recelo la investigación y es difícil convencer a hospitales, compañías farmacéuticas, instituciones, etc. para que apoyen estos estudios.

¿Se han dedicado más esfuerzos y recursos a demostrar los efectos negativos en vez de a investigar sus propiedades terapéuticas?

Tradicionalmente sí, aunque ahora está balanceado más o menos. Se ha invertido un poco la tendencia. Ahora hay muchos estudios sobre los posibles efectos terapéuticos.

¿Qué papel juegan las grandes farmacéuticas en esta cuestión?

Hay una cierta relación de dos caras. Una farmacéutica quiere sanar para ganar dinero. Si ve que hay una opción de entrar en el mercado en alguna enfermedad con los cannabinoides lo va a intentar. El Sativex obviamente lo hace una farmacéutica, una inglesa llamada GW. No es una multinacional, pero sí una intermedia. Están floreciendo también otras pequeñas en otros países del mundo que empiezan a hacer sus preparados. La Big Pharma tiene por un lado la idea de que pueden ser compuestos interesantes y existe al menos un interés teórico. Problemas: las regulaciones que se manejan sobre el manejo de estos compuestos. En segundo lugar el estigma del cannabis más como droga que como fármaco. Otro problema es que las farmacéuticas quieren tener su compuesto patentado y protegido, y en el caso de la marihuana no se puede patentar porque son compuestos naturales. Las compañías deberían desarrollar sus propios derivados sintéticos, y se está haciendo, pero de momento no hay ninguna que haya superado a los compuestos de la planta.

¿Qué está investigando ahora?

Trabajamos en tres líneas. Una es sobre el cáncer: intentamos dilucidar si el THC y el CBD son compuestos antitumorales. Hemos visto que pueden tener efectos estos efectos en ratones y ratas, estamos haciendo estudios clínicos en algunos tipos de tumores para dilucidar si los cannabinoides aparte de paliar atacar los tumores. La segunda línea de trabajo es la posible utilidad de estos compuestos como agentes neuroprotectores en algunas enfermedades neurodegenerativas. Es una de las vías más activas en la investigación del cannabis. Y en tercer lugar estamos intentando estudiar los efectos negativos del THC en el desarrollo embrionario cuando se fuman grandes cantidades de cannabis en el embarazo.

El cannabis entra en campaña

“Vamos a regular el cannabis en 2017”. Así de rotundo se manifestó el pasado jueves Ramón Morcillo, portavoz de la plataforma Regulación Responsable, sobre la evolución de la situación legal de esta sustancia en España. “La legislación actual no ha conseguido sus objetivos: no ha reducido el número de consumidores, ni protege la salud pública al dejar el cannabis en un mercado negro en manos de las mafias sin control que propicia, precisamente, que los menores accedan a él”, argumentó Morcillo. La plataforma aboga por una regulación integral que incluya el consumo, la producción y la distribución para evitar errores de otros países. La regulación cuenta con el apoyo expreso de Podemos, Ciudadanos, UPyD y sobre todo IU, que la incluye en sus programas hace años. El PSOE está dispuesto a debatir la cuestión. El PP, adalid de las políticas represoras en esta materia en los últimos años, está en contra. “No se trata de dar barra libre, hablamos de que la sustancia la suministre el Estado con todas las garantías y no el Chapo Guzmán”, aclaró Araceli Manjón-Cabezas, exmagistrada y exdirectora del gabinete del Plan Nacional sobre Drogas. En España un 9% de la población consume cannabis de forma habitual, porcentaje que sube hasta el 17% en la cohorte de edad entre 17 y 35 años.

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Acerca del autor

Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.