En el 2014 se tramitaron 806 casos y en el 2015 se acumulan más de 500

Una reciente campaña de controles preventivos entre conductores, promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT) y desarrollada en la provincia por la Guardia Civil, ha puesto de relieve que en Ourense, al menos, son muchas las personas que se ponen al volante tras haber consumido drogas. Casi la mitad de las personas a las que se invitó a hacer la prueba dieron positivo, en algún caso en más de una sustancia. No es la única pista sobre la introducción de las drogas en la sociedad. Más allá de los casos de narcotráfico que resuelven los tribunales ordinarios, en la Subdelegación del Gobierno de Ourense se castigan los casos de tenencia y consumo de drogas en la vía pública. Las sanciones administrativas por este concepto reportaron a las arcas del Estado 130.000 euros durante el 2014. Se detectan más de dos al día como media todo el año.

Este tipo de procedimientos se inician por intervenciones de los distintos cuerpos de seguridad. En el 2014 se iniciaron 806 y se resolvieron 815, alguno de ellos procedente del ejercicio anterior, lo cual significa que el grado de eficacia es el correcto y se mantiene al día la tramitación, sin que se acumulen expedientes.

Tolerancia en locales

 
 

En el año 2014 se resolvieron, además, cuatro expedientes de la figura que se conoce como «tolerancia» al tráfico y consumo, que castiga la permisividad con la que en establecimientos públicos se consiente la presencia de drogas. Es difícil que estas denuncias prosperen, pues, como saben en medios policiales, resulta complicado demostrar la tolerancia del titular del local. Sea como fuere, en el 2014 se iniciaron cuatro expedientes administrativos de este tipo, que dieron lugar a sanciones totales por importe de 3.100 euros.

La perspectiva, en lo que va de año, se mantiene en niveles similares a los del pasado año, si bien, debido a la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana, a estas alturas del año no es posible determinar cuál será el impacto económico final de las sanciones acumuladas. Desde el pasado día 1 de julio está en vigor, además, la nueva ley, que introduce planteamientos diferentes. Entre enero y agosto de este año han sido 508 las denuncias que dieron lugar a expedientes administrativos en la Subdelegación del Gobierno de Ourense, de los cuales 455 son anteriores al 30 de junio y los otros  53 son posteriores al 1 de julio.

Contraste de laboratorio

La necesidad de contrastar con pruebas de laboratorio, que se hacen en Pontevedra, las sustancias que la policía o la Guardia Civil ocupa en estas intervenciones retrasa el desenlace de los expedientes. De hecho, la práctica totalidad de los que se tramitan con la nueva norma están en curso, aún no se han cerrado.

El cambio de norma ha dado lugar a que las personas denunciadas cuyo expediente estaba en trámite en el momento de entrar en vigor la nueva ley, el 1 de julio, tuviesen la opción de elegir cuál de las dos meses resultaba más beneficiosa. Esta práctica se sigue también en el ámbito judicial y en todos los casos es el implicado quien elige cuál es la norma cuya aplicación elige. La principal diferencia está en las limitaciones actuales a la suspensión a cambio de tratamiento médico.

Posibilidad de reducción de la multa por pronto pago, como en los casos de tráfico

La normativa que se aplica en la actualidad ofrece cambios significativos en relación con la anterior, entre los que se cuenta la introducción del sistema de reducción de la multa a la mitad del importe teórico, de la misma forma que ocurre con la multas de tráfico. El polémico sistema agiliza la tramitación, en la medida en que muchos contribuyentes optan por hacer frente a los pagos sin plantear recursos, con lo cual se evitan contenciosos que siempre retrasan el desenlace.

Tratamiento médico

Otro cambio que trae la nueva ley de seguridad ciudadana en relación con este tipo de sanciones por tenencia y consumo de drogas es el de suspensión de la multa para quienes optan, como medida alternativa, por someterse a tratamiento de deshabituación en un centro homologado. Hasta el 1 de junio, cualquier sancionado podía optar por esta alternativa. Desde el pasado 1 de julio solo los menores de 18 años tienen ocasión de beneficiarse de esta alternativa.

En relación con el alcance de las sanciones económicas, con el 50 % de reducción el resultado final es muy ajustado. Hasta el cambio de la norma, la cantidad mínima era de 301 euros y ahora es de 601 euros, con lo cual, al aplicar la reducción, el precio final es el mismo. Las multas pueden ser de hasta 30.000 euros, aunque, en la práctica, al tratarse de infracciones de carácter leve, cometidas en muchas ocasiones por jóvenes, incluso menores de edad, las cantidad finales quedan más cerca del mínimo que del máximo posible.

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