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La marihuana florece en Madrid

Varias empresas madrileñas facturan millones de euros con el cáñamo y sus productos relacionados. A pesar de que la planta es ilegal y de la persecución policial al sector, pronostican un boom alentado por la inversión extranjera


“La marihuana aún no ha tocado techo”. Álvaro Zamora, de 37 años lo tiene claro. Y no se refiere al tamaño de las plantas sino al negocio de la marihuana, que vive un efervescente momento. Zamora lleva más de media vida siendo un apasionado de la planta del cáñamo. Hace 15 años comenzó a trabajar tras el mostrador de una pequeña tienda del centro de Madrid dedicada a productos derivados del cannabis. Ahora habla desde una nave de 1.200 metros cuadrados en Rivas, la sede de Leaf Life, empresa dedicada a la distribución de productos para autocultivo de cannabis, donde Zamora ejerce de jefe de ventas internacionales. La firma cerró 2016 con un volumen de negocio de 12,7 millones de euros, tres veces más que lo que facturó en 2012 (4,1 millones), según datos del registro mercantil. Alentados por el clima global de legalización, florecen los negocios relacionados con el cannabis. En España, a pesar de que se mantiene la prohibición de la planta, la industria cannábica vive su mejor momento en dos décadas; Madrid es sede de muchas de estas empresas.

 

“El perfil de los empresarios está cambiando mucho. Al principio éramos todos unos hippies y cada vez veo más hombres de traje y corbata”, añade Zamora, que este año ha visitado diez congresos, en Italia, México o Estados Unidos para reunirse con grandes inversores internacionales. Leaf Life, con 46 trabajadores, no es la única empresa con sede en Madrid dedicada a este boyante negocio. A pesar de que exportan, generan trabajo directo y facturan millones de euros de manera legal, toda la industria asociada con el cannabis sigue viviendo con cierta inquietud: a diferencia de otros países, en España el mero hecho de cultivar la planta es ilegal. Además —y a diferencia de otras comunidades autónomas— en Madrid algunos actores del sector se sienten “hostigados”.

El mercado del cáñamo tiene varias facetas y tipos de negocios: asociaciones o clubes de fumadores, growshops (tiendas para cultivadores), bancos de semillas, cáñamo industrial, distribuidores, fabricantes, revistas y abogados. Los usuarios utilizan las plantas con fines recreativos o terapéuticos y plantan en su casa o se asocian en un club. Ambas actividades se enmarcan en los márgenes de la ley. Si bien las semillas de cáñamo son legales, criar una planta no. A la vez, acudir a un club para consumir está permitido, pero está prohibido transportar por la calle la mínima cantidad de marihuana o de hachís. Aunque los usuarios son la parte más evidente del mundo del cannabis —tres de cada diez españoles lo ha consumido alguna vez, según datos del Plan Nacional de Drogas—, la faceta que más dinero mueve y la que más ha crecido es la industrial: las empresas que crean semillas, las que distribuyen materiales al por mayor para criar la planta o las tiendas que venden a los cultivadores.

El primer growshop de España abrió en Madrid: Houseplant inauguró en 1997 en un pequeño local de la calle Palma. Como muchos negocios de la época, no se atrevían a poner la mínima referencia a la marihuana en sus logos o anuncios. Actualmente, sigue funcionando en Malasaña, pero en un enorme local de dos plantas en San Vicente Ferrer. El año pasado facturó más de un millón de euros, diez veces más que en 2014. Por su parte, Cannabiogen, creada en 2002 como el primer banco de semillas español, multiplicó por cuatro sus ingresos entre 2012 y 2016, hasta 1.2 millones en ventas anuales.

“Mis colegas californianos se sorprenden del tamaño que ha adquirido nuestra industria a pesar de la ilegalidad [de la planta]”, dice Enrique Díez, alias Kaiki, fundador de Cannabiogen, con sede en Alcobendas. Como otros empresarios pioneros del cannabis, durante años usó pseudónimo por temor a represalias: “Nadie quería meterse en problemas con la DEA [Agencia antidrogas de EE UU]”. Ahora, esos pequeños emprendedores madrileños, que hace dos décadas abrieron negocios del sector, viven un momento brillante, gracias a una progresiva normalización del cannabis y al impulso de mercados extranjeros donde se ha legalizado el consumo medicinal o recreativo. Aún están lejos de las cifras multimillonarias de algunos empresarios de Canadá o de varios Estados de Estados Unidos que han legalizado el negocio, pero pronostican un futuro próspero para el sector en España.

 

 

“Lo tenemos todo pero hay aún incertidumbre jurídica”, dice Xosé Bargé, portavoz de Spannabis, una de las ferias más importantes del sector —“la principal exposición de cannabis de Europa”—, y que lleva quince ediciones celebrándose en España. Madrid ha acogido el evento en anteriores ediciones (en La Cubierta de Leganés, la Casa de Campo o en Rivas) y lo iba a volver a hacer en 2019. Pero el pasado mes de octubre los organizadores cambiaron Madrid por Barcelona, concretamente por Cornellá de Llobregat. La razón: el año anterior sus visitantes se sintieron acosados por la policía a la entrada o a la salida del evento, que multó a varios de ellos. “Algo que no ocurre en Cataluña”, dicen desde la organización. Coincide que en 2019, Spannabis celebra el mayor evento de su historia: 282 expositores, con una lista de espera de un centenar, (y con más del doble de exhibidores que hace diez años). Una entrada al congreso de marzo, con invitación a la afterparty en el hotel de cinco estrellas W Barcelona, roza los 500 dólares (499, unos 440 euros).

Aunque fue pionera en la industria del cannabis, Madrid se ha quedado atrás con respecto a Barcelona. En España, en 2028, la industria del cannabis medicinal y recreativo tiene el potencial de alcanzar los 6.100 millones de euros, según un estudio de la consultora londinense Prohibition Partners, siempre asumiendo que se legalice. Además, la actividad podría generar más de 3.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones a la seguridad social, según un estudio de la Unidad de Política de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona publicado el mes pasado. Los más optimistas predicen que España podría ser una potencia mundial del sector por su clima propicio para el cultivo y por ser el segundo mayor mercado turístico del mundo.

 

Madrid es sede de dos de las seis empresas a las que la Agencia del Medicamento dio licencia en 2016 para cultivo con fines terapéuticos o de investigación: Alcaliber, vendida recientemente por el multimillonario español Juan Abelló al fondo británico GHO, y DJT Plants, controlada por el británico William Piccaver Stuart. Esas plantaciones, autorizadas por el Gobierno, son vistas como la antesala de la esperada relajación legislativa. Por su parte, a Barcelona y al resto del Mediterráneo les ha beneficiado su clima, idóneo para el cultivo al aire libre. Ahí se encuentran algunas de las mayores semilleras, como la catalana Alchimia (7.5 millones de facturación y 39 empleados); la valenciana Sweet Seeds (6.3 millones y 43 trabajadores). La mayor de todas es la vasca Dinafem Seeds con (17.8 millones y 72 empleados). País Vasco fue pionero en la creación de clubes de fumadores.

“En España, la planta está demonizada. En Madrid, toda la actividad, muy perseguida”, incide el abogado Bernardo Soriano, que también es portavoz de Regulación Responsable. Activistas y empresarios se quejan también de que la fiscalía ha endurecido recientemente su postura con respecto a los clubes de fumadores. Señalan que la policía aguarda a las puertas de estos locales para multar a los socios por llevar cannabis en el bolsillo. La tenencia de droga en vía pública, aun cuando sea una cantidad para consumo personal, está sancionada con multas de entre 601 y 30.000 euros.

Cintia, de 30 años, es la gerente de uno de estos clubes. No quiere dar su nombre real y pide que no se identifique la localización de su establecimiento, junto a un discreto portal en un barrio de Madrid. El espacio, diáfano y luminoso, tiene dos plantas: en una hay un par de teles; en la otra, solo libros, sillones e incluso una sala sin humos. Entre ambas, una pequeña habitación funciona como dispensario de diversas variedades de hachís y marihuana. “Todos los días, cuando vengo a trabajar, pienso que puedo acabar en comisaría”, reconoce. Abrió el club hace dos años y medio. Cuenta que arrancaron con 20 socios, ahora tienen 600: “300 activos [que acuden al menos una vez al mes] y unos 50, terapéuticos”. “Pensamos en crecer y abrir en otro barrio”, cuenta la empresaria, “pero estamos esperando a ver qué pasa con el tema legal”. Sus colegas del sector en otras ciudades de España le dicen que la policía no les para tanto como en la capital. “En España, 320.000 personas son sancionadas al año por tener cannabis en el bolsillo”, dice Bernardo Soriano, que representa a muchos de los 110 clubes que funcionan actualmente en la capital, según datos de la FAC (Federación de Asociaciones Cannábicas).

A pesar de todo, en Madrid la industria sigue floreciendo. Los empresarios creen que el mayor potencial de la capital, en el escenario de legalización, reside en la venta del producto final en dispensarios y en clubes de fumadores, que podrían abrir sus puertas a turistas. El abogado Bernardo Soriano cree que en la actual legislatura es “improbable” que se autorice la venta de marihuana, pero pronostica que se producirá pronto: “Como muy tarde en cinco años”. Cree que la legalización el mes pasado en Canadá, “impulsada por un gobierno liberal”, contribuirá a desmontar muchas objeciones de la derecha española y de los sectores más moralistas y paternalistas: “Nunca hemos estado tan cerca”.

 

Movimientos políticos hacia la regulación

Las experiencias con el cannabis en los nueve Estados de EE UU donde se permite su uso —como en Colorado, donde el uso terapéutico es legal desde el año 2000 y el recreativo, desde 2012—; en Uruguay o, desde el pasado octubre, en Canadá no solo están espoleando el mercado global sino también, el debate político.

“Solo queda la vía política”, dice el abogado Bernardo Soriano. Hace referencia a que las leyes planteadas y las sentencias judiciales falladas en España van cerrando cada vez más la puerta a opciones como el denominado “consumo colectivo”, precepto legal en el que se fundamentan los clubes de fumadores para poder funcionar.

“Nosotros hemos hecho todo lo posible”, incide el abogado que también es portavoz de la iniciativa Regulación Responsable, en defensa de sacar de la ilegalidad la planta y sus derivados. Han lanzado ideas como la realización de una ley autonómica en Madrid (registraron una Proposición No de Ley para su consecución) así como varias Iniciativas Legislativas Populares (ILP) en otros parlamentos regionales: en 14 de ellos se ha realizado algún tipo de acción.

Cataluña aprobó una ley para regular los clubes, pero el Constitucional la anuló poco después por considerar que invadía las competencias del Estado y podía amparar actividades ilegales. En Madrid, por su parte, la ley regional no prosperó. Además, se controla la entrada y salida de los socios de los clubes y varios han sido clausurados —el último, hace una semana—. Muchos, dentro del mundillo del cannabis, asocian esa mano dura con la llegada a la Fiscalía Provincial de Madrid de María Jesús Armesto.

Desde Regulación Responsable convocaron el año pasado, a finales de mayo, una concentración en Madrid, en la Puerta del Sol: acudieron 25.000 personas. “Aparte de que puede ser un sector estratégico, en la sociedad española hay una normalización de facto”, añade el abogado. Aporta otra cifra para reforzar esa idea: “Hace 12 años no habían ningún club de fumadores en España, ahora hay 1.500”.

Tras el anuncio de la legalización en Canadá, Podemos llevó al Congreso el debate sobre el cannabis. Su objetivo final es modificar la ley actual sobre estupefacientes, que tipifica como ilegal la venta y el cultivo de marihuana y restringe el consumo y posesión a espacios privados.

El partido prevé presentar a principios de 2019 una propuesta para legalizar el cannabis. Una regulación con la que el partido busca también evitar la concentración del mercado en unas pocas manos. “Queremos que el modelo español sea profundamente democrático en todos los sentidos, y especialmente en lo económico para evitar así monopolios y/o oligopolios”, afirma el diputado de Podemos Miguel Vila. “Esta es, de hecho, la batalla fundamental. La cuestión ya no es si legalizar o no el cannabis, sino de cómo y cuándo lo haremos. En el cómo es donde está la clave y por tanto donde va a haber mayor disputa política”, añade el político.

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