La concesión de licencias para el cultivo de marihuana medicinal en Latinoamérica

La región avanza firme hacia la legalización del cannabis medicinal, con Uruguay como punta de lanza y el país más aperturista en la materia. Perú también se acaba de subir al carro. Incluso el nuevo marco legal de Colombia ha colocado al país cafetero como una de las potencias pujantes de la industria cannábica, ya que se ha regularizado el cultivo con diversos tipos de licencias para frenar el fuerte narcotráfico. Un novedoso paradigma que está atrayendo a las empresas internacionales y ayudando a fomentar al pequeño y mediano productor local de marihuana terapéutica.

El pasado año 2017 pasará a la historia como uno de los más progresistas para la comunidad cannábica mundial. Aún queda mucho camino por recorrer, pero la ola de legalización (especialmente en el campo medicinal) ya ha llegado a gran parte de los parlamentos mundiales. Muchos países latinoamericanos también han puesto el debate en el centro de la mesa: el uso del cannabis terapéutico se ha despenalizado en Argentina, Chile, Puerto Rico, Uruguay, Colombia y México. Los uruguayos son los únicos que además han legalizado la planta para fines recreativos.

El ‘paisito’ ha sido una nación pionera en Latinoamérica con muchos asuntos legales, como el primero de la región en regular el voto femenino en 1927 o el matrimonio igualitario en 2013. Ese mismo año se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el cultivo y la venta de marihuana, tanto en la producción como en la comercialización, la tenencia y el uso recreativo, medicinal e industrial. Esto significaba que no solo se permitiría el autocultivo doméstico y las plantaciones en clubes cannábicos, sino que se abrían las puertas a la industria para que se convirtiera en una de las mayores potencias mundiales de cultivo de marihuana medicinal.

Y el proceso, que se desarrolla lentamente, no va por mal camino; aunque todo ello con un fuerte control estatal, incluso con la genética de las plantas que están al cargo de una empresa española llamada Phytoplant. Esta empresa biotecnológica con sede en Córdoba se instaló en Uruguay en abril y tendrá una planta de producción para desarrollar medicamentos en base a cannabis y luego hacer desarrollos gracias a otras plantas. De acuerdo con la legislación uruguaya, la marihuana medicinal se puede exportar, pero la marihuana recreativa solo se puede vender en el país.

Las primeras cosechas realizadas se han desarrollado en invernaderos bajo la protección del Ejército uruguayo, hasta que comenzaron las ventas en farmacias los primeros días del pasado mes de julio. El Estado ha encargado a diversas empresas nacionales, como Symbiosis, la cosecha de dos toneladas anuales de marihuana. Sin embargo, la revolucionaria medida enfrenta la oposición de los poderes conservadores, empezando por la banca uruguaya, que presionada por EE.UU y temiendo sanciones internacionales por blanqueo, ha cerrado las cuentas de las farmacias que comercialicen estos productos, por lo cual la planta solo se comercializa en efectivo.

Chile busca posicionarse

No obstante, el mayor cultivo legal y medicinal de Latinoamérica se encuentra en Chile. La presidenta del país andino, Michelle Bachelet, firmó un decreto a finales de 2015 en el que establecía como autoridad al Instituto de Salud Pública a fin de controlar su uso en la elaboración de fármacos y productos medicinales. Para ello se estableció en el sur del país, cerca de la cordillera de los Andes, un cultivo de más de 6000 plantas destinadas a unos 4000 pacientes que necesitan de tratamientos cannábicos. 

Chile se posicionó así como un fuerte inversor en el mercado cannábico, aunque las empresas adjudicatarias de la enorme plantación son sin ánimo de lucro y el Estado controla el proceso en su totalidad. Sin embargo, la marihuana sigue figurando en la lista de sustancias duras del país, lo que implica que tanto el cultivo doméstico como la posesión están penalizados de 5 a 10 años de cárcel. Sin embargo, la apertura con la marihuana medicinal está ayudando a que el Parlamento estudie un proyecto de ley para despenalizar el consumo y autocultivo y rebajar el cannabis a la lista de drogas menos agresivas.

Algo similar ocurre en México o Argentina, donde las leyes siguen penalizando, pero se están otorgando concesiones para cultivos de cannabis medicinal y acercarse así a la industria farmacológica. Un paso previo que al igual que en Chile puede ayudar a ampliar un debate que hasta ahora era tabú en muchos parlamentos y que sin duda abre el camino hacia la despenalización.

Incluso el propio gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló (que hizo carrera como neurocientífico e investigador), firmó en julio de este año 2107 una ley de regulación del uso medicinal del cannabis alegando conocer “de primera mano el impacto del cannabis medicinal en pacientes con diversas enfermedades”. Aseguró que una ley así fomentaría la investigación y con ella el desarrollo económico o la creación de empleos. 

Perú, el último en unirse al grupo

El uso legal de la marihuana medicinal también es un hecho en Perú. Siete meses después de que el Ejecutivo presentara un proyecto de ley para legalizar el uso medicinal de la marihuana, el pasado 17 noviembre el presidente Pedro Pablo Kuczynski firmaba su aprobación definitiva tras validarse por mayoría absoluta en el Parlamento de la nación. 

El Ministerio de Salud será el encargado de otorgar las licencias para investigar, importar, comercializar y producir marihuana y sus derivados con fines medicinales. Para la licencia específica de investigación, los laboratorios químico-farmacéuticos deberán estar acreditados y certificados. Y también se han modificado tres artículos del Código Penal. Perú es el segundo mayor productor mundial de hoja de coca y libra una prolongada lucha contra el narcotráfico, así que se busca adecuar la normativa actual al nuevo escenario.

Por ejemplo, la comercialización y cultivo ya no se castigará penalmente siempre y cuando se haya otorgado licencia para la investigación, importación y/o producción. También deja de ser punible la posesión de cannabis o sus derivados para el consumo propio e inmediato. Y en ese sentido tampoco será sancionada la posesión con fines medicinales o terapéuticos, siempre y cuando la cantidad no sea superior a la que el paciente tenga registrada en el Ministerio de Salud.

Colombia y su nuevo paradigma legal para el cultivo

Sin embargo, si realmente hay un país que ha apostado fuerte por este campo, y que puede incluso hacer competencia a Uruguay, ese es Colombia.

El narcotráfico en Colombia ha supuesto un verdadero problema para su historia reciente, generador de múltiples problemas sociales y muy difícil de perseguir debido a las fuertes organizaciones criminales y la geografía montañosa del país. Por ello, después de varios meses de debate el Congreso ha aprobado la reglamentación del cultivo y distribución de cannabis con fines médicos y científicos. El gobierno ofrece licencias bajo unos controles necesarios, así como unas sanciones muy duras para aquellos productores que comentan irregularidades o estimulen el tráfico ilegal.

Este decreto, del 10 de abril, establece cuatro tipos de licencias: fabricación de derivados, uso de semillas para siembra, cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo, todas con una vigencia de 5 años. Las concesiones van dirigidas a grandes empresas de la industria, pero también a pequeños y medianos cultivadores (con plantaciones menores a los 5.000 m²). Estos pequeños productores podrán acceder a asesoría técnica, asignación prioritaria de cupos y facilidades en el mercado. La normativa, en efecto, establece que un 10 % de la producción de un transformador de marihuana debe provenir de un pequeño o mediano productor. Según fuentes del Ministerio de Justicia, una cooperativa integrada por 63 pequeños cultivadores ya tiene su licencia y esta misma semana llegó otra solicitud de un grupo de 260 campesinos.

Hasta el momento no hay ninguna normativa similar en América Latina, excepto la de Uruguay, que gratifique tanto la inversión extranjera como al productor local para motivar el mercado legal. Se trata también de una estrategia para acabar con el mercado negro e incentivar a los productores con ayudas y asesoría a llevar el cultivo de cannabis al circuito legal. Además, promueve la creación de un fondo, financiado por el dinero de las concesiones de las licencias, para desarrollar políticas de prevención del consumo en los colegios. 

A partir de esta medida el Ministerio de Salud colombiano ha ido concediendo hasta 14 licencias a firmas locales como Cannalivio, Pideka, Ecomedics, Canmecol… y las internacionales canadienses Cannavida, Khiron Life Science o Pharmacielo. El paso siguiente para estas empresas es obtener los registros del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) sobre las variedades que se van a cultivar, y los certificados del Instituto Nacional de Vigilancia del Medicamento.

Además, y sin que haya despegado formalmente la producción de cannabis medicinal en Colombia, el país obtuvo para este año un cupo de producción equivalente a la cuarta parte del total mundial otorgado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), el órgano adscrito a Naciones Unidas que regula este mercado de cannabis legal en el mundo y que estableció una producción mundial de l55,5 toneladas para el pasado 2017. Pese a que Colombia no usó su cupo (solo superado por el de Canadá) porque todavía no está listo todo el sistema normativo, el alcance de esa autorización le perfila como una potencia en términos de producción legal de cannabis a nivel global.

Y es que la industria de investigación científica internacional ve en Colombia, por su estabilidad económica, sus bajos costes de producción y su clima, una oportunidad excelente para desarrollarse y progresar en materia de cannabis medicinal. No solo el capital extranjero está mostrando interés en el país cafetero: el resto de naciones en Latinoamérica estudian con detalle la aplicación de estas medidas y sus resultados como espejo para su propia legislación. Brasil, Costa Rica, Ecuador o incluso Venezuela estudian los casos de vecinos como Colombia, Perú, Chile o Uruguay para avanzar hacia la despenalización total de la planta y atraer también a esta incipiente industria.

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