“Hasta que México no regule las drogas será imposible una pacificación del país”

El nuevo Gobierno ha anunciado su disposición a legalizar la marihuana y el cultivo de amapola. EL PAÍS consulta la opinión de abogados y analistas

El nuevo gobierno mexicano parece decidido a abrir el melón regulatorio de las drogas. En apenas dos semanas desde la aplastante victoria de Morena, la virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha lanzado ya varios dardos dirigidos a la legalización como herramienta de la nueva política de seguridad pública. “Tengo una carta abierta para hacer lo que sea necesario para pacificar el país”, dijo esta semana. El debate está servido en el país más maltratado por la guerra de las drogas.

“Ya la despenalizó Canadá y casi la mitad de los Estados de EE UU. ¿Qué estamos pensando, matándonos, cuando ya toda Norteamérica la está despenalizando y muchos países europeos?”, defendió Cordero la semana pasada. El debate en México no es nuevo. Un expresiente, Ernesto Zedillo, fue uno de los protagonistas de una encendida declaración a favor de la legalización a principios de esta década. Pero han sido los cuatro históricos goles de la Corte Suprema en 2016 los que han abierto aún más las puertas. Desde entonces, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó un giro con un proyecto de ley para elevar la cantidad mínima que se considera delito y permitir los usos terapéuticos. El Parlamento solo validó la legalización con fines medicinales.

“La iniciativa del nuevo Gobierno es una condición necesaria pero no suficiente para la pacificación del país. Para que la legalización de la mariguana y de la amapola tengan efectos en la pacificación hay que acompañar la medida con un fortalecimiento de instituciones civiles que garanticen la seguridad: desmilitarización, programas sociales para los consumidores, para los campesinos que hasta ahora han trabajado para el crimen organizado y ahora pasarías a sectores legales” apunta Froylan Enciso, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE.

Desde que Felipe Calderón sacara en 2006 al Ejército a la calle para combatir el crimen organizado el saldo es de más de 160.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y desplazamientos forzados. El año pasado, las tasas de violencia estallaron hasta colocar a 2017 como el año más sangriento desde que se tienen registros. “Hay que modificar esa política de drogas que justificó la militarización, la sobreexplotación del ejército en labores de seguridad pública que van más allá del marco constitucional”.

La polémica Ley de Seguridad interior, aprobada a finales del año pasado con la mayoría priista en el parlamento, consolidó el uso del ejército en labores policiales. El nuevo Gobierno no ha dejado muy claro si su intención es derogarla o buscar las grietas de la ley para interpretarla a su favor.

“No hay que pensar en la política de drogas como la panacea, como bala de plata. La nueva legislación debe poner control a su consumo, trasiego y producción, pero no se le puede encargar la solución de la seguridad pública”, incide Aram Barra, activista en derechos humanos e impulsor de uno de los históricos amparos ande la Suprema Corte. “En todo caso –añade–, sin una regulación de las drogas es imposible pensar en una eventual pacificación del país. Hay que pensar en una regulación responsable que regrese a las manos del Estado la producción para que haya una separación entre el mercado ilegal y legal, afectando a directamente a los recursos de crimen organizado. Se estima que los ingresos del narco provienen de la marihuana en un rango de entre el 20% al 60%”.

Según datos del departamento especializado del CIDE, entre 2006 y 2012 fueron detenidas en México 156.000 personas por consumo de marihuana. Seis de cada diez reos en reclusorios federales estaban presos por delitos contra la salud, el 67% de ellos por consumo de cannabis. Solo en Ciudad de México fueron detenidas 3.000 personas en 2013 por delitos vinculadas a su posesión o consumo.

“México debería estar liderando este debate porque es uno de los principales productores –de amapola y marihuana– y por su condición de ruta física inevitable hacia el mercado EE UU”, defiende Gabriel Regino, abogado penalista y subsecretario de Seguridad durante la época en la que Obrador fue alcalde de la Ciudad de México, que apunta al trasfondo geoeconómico como causa de la ralentización: “No hay ninguna potencia del G8 que produzca droga natural. Todo se da del Trópico de Cáncer para abajo. La negativa viene para impedir que los países productores alcancen superávit comercial”.

La Casa Blanca ya ha mostrado su preocupación por la iniciativa del Gobierno entrante. En EE UU, con la marihuana legalizada en 39 estados para usos medicinales y en 9 de ellos sin restricción, incluida California, cuyo peso económico equivale a la quinta economía mundial, la regulación del cannabis ha supuesto un negocio millonario. Para Regino, EE UU estaría “garantizando su autoconsumo antes de que México entre en el negocio legal”. Barra considera por su parte que la resistencia del vecino del norte se debe más bien a una estrategia de salud pública. “EE UU lleva años externalizado los costos negativos del problema del consumo en México”.

México es el segundo productor de mariguana y el tercero de opio del mundo. Sin embargo, y pese la aprobación el año pasado de los usos medicinales del cannabis, los derivados farmacéuticos de ambas sustancias siguen siendo en su gran mayoría importados. “Aún no hay –señala Regino– un reglamento que facilite el comercio y la distribución. En cuento a la amapola, hay una serie de países que producen opiáceos para medicina a los que la ONU le asigna unas cuotas. Nosotros nos vemos obligados a importar morfina de esos países pese a que tenemos todos los medios y recursos”.

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