Colau cierra 46 clubs cannábicos solo en Ciutat Vella

El equipo de gobierno de BComú lanza un mensaje de "tolerancia cero" contra las asociaciones ilegales

¿Coffee shop?”, es la pregunta que más veces hacen a todo aquel que pone medía suela de sandalia sobre el característico pavimento de la Rambla de Barcelona. Quines la pronuncian son los llamados captadores, que cobran una comisión por cada persona que lleven a un club cannábico. La alcaldesa, Ada Colau, ha declarado la guerra a aquellos que bajo la apariencia de funcionar como asociaciones se han convertido en auténticos supermercados de marihuana. La líder de BComú ha cerrado 46 clubes solo en Ciutat Vella desde que ocupa el cargo.

El equipo de gobierno de BComú comenzó a gobernar la capital catalana tras ganar las elecciones de 2015. Desde entonces, la Guardia Urbana de Barcelona ha investigado cerca de 61 establecimientos de Ciutat Vella que estaban ejerciendo como asociaciones cannábicas sin, aparentemente, estar autorizadas para ello.

La policía municipal ha realizado investigaciones que en algunos casos han durado meses y ha conseguido cerrar 46 de estos espacios mediante el precinto del local, ya sea por orden judicial o administrativa. La presión policial ha llevado al cese voluntario de la actividad de algunos de los promotores de estos clubs.

Además, la Guardia Urbana tiene en el punto de mira a otras siete asociaciones para las que ya ha iniciado los trámites de precinto administrativo. De todos los clubs cannábicos del distrito, sólo en ocho no se ha detectado indicios de actividad ilegal.

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, mantiene que el equipo de gobierno ha aplicado desde que llegó al poder la “tolerancia cero” con los establecimientos ilegales. “No se trata de consumidores cultivando conjuntamente para autoconsumo, sino de una actividad con ánimo de lucro muy enfocada a la captación de turistas, lo que supone un problema de relación con todo el entorno de Ciutat Vella”, denuncia la responsable política del distrito.

Pin anuncia que hay una operación de la Guardia Urbana —bautizada como operación Xàtiva— para detectar y cerrar clubes cannábicos que no dispongan de licencia.

La mayoría de los responsables que abren estos locales actúan con cierta impunidad y a sabiendas que mientras permanezcan abiertos —las investigaciones, precintos y órdenes judiciales tardan varios meses— tendrán importantes beneficios. Pin recuerda que existe un mercado negro donde se venden licencias y estatutos de asociaciones cannábicas.

La concejal de Ciutat Vella mantiene que la mejor manera de actuar para que desaparezcan los captadores, que en definitiva son el primer escalón de estas organizaciones, es cerrando los clubs ilegales. Fuentes policiales aseguran que es complicado recopilar pruebas contra las personas que ofrecen droga a los turistas, ya que no suelen llevar sustancias con ellos y es complicado acreditar la vinculación del captador con la asociación cannábica. Un ejemplo de la persecución de los clubes cannábicos ilegales es el precinto administrativo que llevó a cabo el Ayuntamiento de Barcelona la semana pasada en un local del número 65 de la calle Ferlandina.

Este precinto se ejecutó una vez se realizaron todos los trámites administrativos y se dictó el cese de la actividad, sin que los promotores cumplieran la orden voluntariamente. Para conseguir el cierre, varios agentes de la Guardia Urbana realizaron una investigación que duró meses y necesitó de la ayuda de los servicios jurídicos del distrito.

En mayo de 2016 se aprobó el plan especial urbanístico para regular las asociaciones cannábicas, que establece una serie de requisitos de distancia, superficie, ubicación y criterios técnicos para las asociaciones. En el caso de las cannábicas ilegales, desde Ciutat Vella se está llevando a cabo un plan de inspecciones para cerrarlas, ya sea de manera voluntaria o mediante precinto.

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