La OEA realizará una asamblea extraordinaria para definir las orientaciones para una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas.

La cita regional será en la ciudad de Guatemala el próximo 19 de septiembrel, según la decisión tomada por los estados miembros de la Organización.

La Agencia de Noticias del Ecuador, ANE, conoció que la a Misión Permanente de Guatemala ante la OEA ya presentó ante el Consejo Permanente un proyecto de resolución para el debate y aprobación de los cancilleres que asistirán a esta reunión.

Se destaca en la propuesta de resolución que se debe respetar las políticas sobre la cannabis que, en el marco de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, son decididas y adoptadas soberanamente por los Estados Miembros, con relación al tratamiento de esta sustancia, de acuerdo a la problemática, los valores y las circunstancias particulares de sus sociedades.

 Además plantea que los Estados se comprometan fortalecer la cooperación internacional para hacer frente al problema y combatir sus vínculos con la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones, particularmente a través de acciones de modernización y fortalecimiento institucional y de la instrumentación de mecanismos regionales de intercambio de información operativa y/o de inteligencia, en complemento a los mecanismos bilaterales vigentes en la materia.

“Alentar la implementación de políticas de drogas que, con el propósito de garantizar el bienestar de los individuos, en el marco de las decisiones soberanas de los Estados Miembros y de conformidad con el derecho internacional y los derechos humanos, innoven o propongan nuevas respuestas a la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes, entre las cuales podrían incluirse: mayor énfasis en la prevención integral del daño social; priorización de las acciones de tratamiento y rehabilitación de los consumidores de drogas; y reformas legislativas para asegurar la proporcionalidad de las penas de los delitos de drogas”, es otro de los puntos de la propuesta guatemalteca, así como la voluntad de asumir el compromiso para “ elaborar, con el apoyo de la Secretaría General, un Plan de Acción de Prevención del Delito y la Violencia a nivel hemisférico, basado en la comprensión de los múltiples factores que influyen negativamente en el problema de las drogas y que contribuyen a la violencia y la delincuencia, recomendando acciones a los Estados Miembros para hacer frente a estos factores de manera integral y activa, en estrecha cooperación entre todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil.”

Otro punto fundamental que contiene el borrador de resolución es que la OEA continúe “explorando, diseñando e implementando políticas de justicia penal que respondan a criterios de innovación y de respeto a los derechos humanos, particularmente aquellas que sean recomendadas por el Grupo de Trabajo sobre Alternativas al Encarcelamiento en el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), instruyendo a ésta a alcanzar este objetivo y emitir recomendaciones de políticas a los Estados Miembros durante su quincuagésimo sexto y quincuagésimo séptimo períodos ordinarios de sesiones.”

También sugieren desarrollar y actualizar sus estrategias nacionales sobre reducción de la demanda y de salud pública, destinando los recursos necesarios para fortalecer los programas de promoción, prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y reintegración social, incluyendo además las políticas de supervisión y control de los establecimientos sanitarios públicos y privados que prestan atención a consumidores de drogas. Instan asimismo a la Organización Panamericana de la Salud a apoyar a los Estados Miembros a través de la cooperación técnica en el desarrollo de estas acciones, con miras a fortalecer el abordaje de salud pública y reducir el impacto sanitario de este problema y dentro de este marco respetar “las políticas sobre la cannabis que, en el marco de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, son decididas y adoptadas soberanamente por los Estados Miembros con relación al tratamiento de esta sustancia, de acuerdo a la problemática, los valores y las circunstancias particulares de sus sociedades”.

 Por último Guatemala propone el diseño e implementación de programas de rehabilitación y reinserción social de los consumidores de drogas, reconociéndolos como sujetos de derechos humanos; el mejoramiento de la cobertura, accesibilidad y calidad de los programas de salud pública mediante el establecimiento de alianzas entre los diferentes niveles de las autoridades gubernamentales y, cuando proceda, con la sociedad civil y las comunidades, con el fin de prevenir una actitud de estigmatización respecto de quienes se encuentran en proceso de rehabilitación, la disminución de su marginación y de su discriminación, así como el fomento de su reinserción social.

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Muchos años luchando en la sombra para que el cannabis florezca al sol.